El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de pérdida de investidura contra el senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf, por señalamientos sobre una presunta intervención en nombramientos y decisiones de entidades públicas nacionales.
Según informó Semana, la decisión del alto tribunal sobre la acción presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control). El recurso se apoya, entre otros elementos, en declaraciones de la exasesora Eva Ferrer sobre la posible influencia de Escaf en organismos del Estado.
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El demandante considera que las actuaciones atribuidas al congresista podrían constituir tráfico de influencias, causal contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política. La demanda sostiene que Escaf habría intervenido en nombramientos y decisiones administrativas cuando ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por el Atlántico.
La admisión de la acción no representa una decisión de fondo ni establece responsabilidad del senador. El proceso deberá analizar los hechos planteados, los argumentos de las partes y el material probatorio que llegue al expediente antes de resolver si existe lugar para decretar la pérdida de investidura.
La demanda incorporó afirmaciones de Eva Ferrer
El recurso incluyó los señalamientos de Eva Ferrer, quien fue asesora de la entonces primera dama Verónica Alcocer. En una entrevista concedida a Semana, Ferrer habló de una presunta incidencia de personas cercanas a Alcocer en asuntos de varias entidades del orden nacional.
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Entre las instituciones mencionadas figuran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ProColombia. Ferrer nombró a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, al referirse a presuntos cambios de directivos y movimientos administrativos.
La exasesora hizo alusión a la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF. También mencionó decisiones relacionadas con el Dapre y supuestas presiones contra Carmen Caballero, quien estuvo al frente de ProColombia.
“Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime (Fernández), que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario (Fernández Alcocer). Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”, afirmó Ferrer en la entrevista.
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Las manifestaciones fueron incorporadas como sustento de la demanda. No obstante, los señalamientos deberán ser evaluados dentro de la actuación judicial y no corresponden a hechos que hayan sido probados por una decisión del Consejo de Estado.
El demandante pidió declaraciones y documentos oficiales
Calderón España solicitó que Ferrer sea citada ante el alto tribunal para ratificar y ampliar sus afirmaciones. Además, pidió que la entrevista de la exasesora sea incorporada como prueba dentro del proceso.
El recurso también requirió los testimonios de antiguas directivas de las entidades mencionadas por Ferrer, así como información oficial de distintos organismos estatales. Las solicitudes buscan establecer si las conductas atribuidas a Escaf pueden tener relevancia jurídica frente a la causal de tráfico de influencias.
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Ferrer se refirió, además, a supuestas gestiones relacionadas con La Guajira y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “Una, la estrategia de Mario y Agmeth, que ella se tenía que meter por ahí”, dijo al hablar sobre la presunta incidencia de esas personas en temas de emergencias.
La exasesora también mencionó viajes de Alcocer a Venezuela. Según su relato, en uno de ellos habrían participado Manel Grau, Mario Fernández Alcocer y Escaf. “Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela”, sostuvo.
El Consejo de Estado deberá decidir sobre la demanda
La pérdida de investidura es una sanción aplicable a congresistas cuando se configura alguna de las causales previstas en la Constitución. En este caso, la demanda plantea que las actuaciones señaladas podrían ajustarse a la figura de tráfico de influencias.
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El expediente se encuentra en una fase inicial, luego de la admisión de la demanda. El Consejo de Estado deberá valorar las declaraciones, los documentos y los demás elementos que se recauden para establecer si existe sustento jurídico para una decisión sobre la investidura de Escaf.
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