Gobierno nacional habría ejecutado un bombardeo 'fantasma' en el Vichada: Abelardo de la Espriella nunca hizo mención del ataque

Las Fuerzas Militares habrían ejecutado la Operación Orión el 5 de octubre de 2026 en zona rural de Cumaribo, Vichada, contra un círculo de seguridad cercano a alias Iván Mordisco, pero el resultado no habría sido divulgado por el Gobierno.

De confirmarse, el ataque elevaría a nueve los bombardeos ordenados durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella, según fuentes militares citadas por La FM y El Tiempo.

La administración había informado ocho operaciones aéreas contra estructuras armadas ilegales durante sus casi 100 días de gobierno. La más reciente ocurrió en Antioquia contra el Clan del Golfo y entre los muertos estuvo alias Negro Perea.

El presunto ataque se habría realizado hacia la 1:00 p. m. en la finca El Retiro, situada en la vereda Caño Cadá. La operación habría empleado dos bombas de 400 kilogramos y habría dejado dos personas muertas, una capturada y más de 20 fusiles incautados, de acuerdo con fuentes militares consultadas por el diario.

Un presunto operativo sin explicación oficial

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares no anunciaron públicamente la presunta operación ni explicado por qué sus resultados habrían quedado fuera de los balances oficiales. El presidente De la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Mora, tampoco se han pronunciado sobre el supuesto ataque.

La falta de información habría provocado cuestionamientos entre las comunidades campesinas cercanas al lugar donde habrían impactado las bombas. Organizaciones locales denunciaron la destrucción de una vivienda, afectaciones a cultivos y presuntas irregularidades contra una familia que vive en el sector.

La Asociación de Colonos del Alto Vichada, junto con presidentes de juntas de acción comunal y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, presentó una denuncia el 20 de octubre, según una carta obtenida por El Tiempo. El reclamo fue remitido al Comando de las Fuerzas Militares y a la oficina jurídica de esa institución.

Una comisión comunitaria inspeccionó el predio el 14 de octubre y reportó aproximadamente 48 impactos que atribuyó a bombas. Según testimonios y registros recopilados por las organizaciones, algunos cráteres tenían cerca de tres metros de profundidad y entre seis y siete metros de diámetro.

Los habitantes documentaron la presunta destrucción total de una vivienda y su cocina, además de daños en árboles de aguacate, naranjo y chontaduro, un cultivo de maíz y un vivero de cacao. Durante esa visita, afirmaron que no hallaron cadáveres, armas ni material de intendencia, sino cráteres, estructuras destruidas y daños en cultivos y bienes del predio.

La finca El Retiro estaba vinculada a un programa de sustitución voluntaria de cultivos. Aproximadamente 20 días antes del presunto bombardeo, funcionarios o técnicos que acompañaban el establecimiento de cultivos de cacao visitaron el lugar y habrían registrado características de la vivienda, el terreno y sus propietarios.

La denuncia de una familia vecina

Oliverio Alvendaño, campesino que vive con su familia a entre 800 metros y un kilómetro del sitio donde habría ocurrido el ataque, denunció afectaciones posteriores a las explosiones. Su esposa, Irma, quien tendría cerca de ocho meses de embarazo, presentó un cuadro de salud que llevó a la familia a solicitar una ambulancia para trasladarla a Cumaribo, según la denuncia obtenida por el diario nacional.

Alvendaño aseguró que regresó a su casa al día siguiente del presunto bombardeo y encontró allí a integrantes de las Fuerzas Militares. Según su relato, permaneció retenido unas tres horas y durante ese tiempo le retiraron su teléfono celular.

El campesino afirmó que luego encontró gallinas muertas, ropa y pertenencias revueltas, alimentos arrojados y la desaparición de 2,5 millones de pesos que guardaba en su vivienda. También denunció presuntas amenazas relacionadas con una eventual separación de sus hijos y su captura si no entregaba información sobre un grupo armado que habría pasado por la zona.

Las acusaciones de la familia no fueron verificadas de manera independiente. Las organizaciones solicitaron que las autoridades las investiguen y adopten medidas de protección para los habitantes afectados.

Las comunidades señalaron que recibieron de terceros la versión de que el presunto bombardeo habría estado dirigido contra una fracción de un grupo armado ilegal conocido como Los Mordiscos. Sin embargo, advirtieron que no existía confirmación oficial y que los pobladores desconocían la eventual presencia de esa estructura en el sector.

Una delegación de la Defensoría del Pueblo inspeccionó el punto tras las denuncias de la comunidad, según La FM. Las organizaciones pidieron establecer quién habría ordenado y autorizado el operativo, qué unidades habrían participado, qué información de inteligencia lo habría sustentado y qué medidas se habrían tomado para proteger a la población civil.

El Comando General de las Fuerzas Militares fue consultado sobre la falta de divulgación del presunto bombardeo, sus objetivos, resultados y posibles afectaciones a civiles, pero no respondió.