El Ejército Nacional confirmó que dejó fuera de operación 61 máquinas que, según sus estimaciones, podían extraer 45 kilos de oro al mes, con un valor comercial cercano a $ 18.000 millones. La intervención se realizó durante una operación contra la minería ilegal en el sector de Cabí, en el municipio de Quibdó, Chocó.
El operativo estuvo a cargo de la Décima Quinta Brigada, a través del Batallón de Infantería Liviana N.º 12 Primero de Línea, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. También participaron la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
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La información suministrada en exclusiva a Infobae Colombia indicó que la intervención alcanzó 30 unidades de producción minera que estarían vinculadas con las economías ilícitas de la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo.
Desde la institución se informó que el planeamiento de la intervención se apoyó en reconocimientos con drones. Las tropas inhabilitaron 30 dragas artesanales tipo buzo y 31 motores que habrían sido empleados para extraer oro de manera ilícito.
El teniente coronel José Gregorio Robayo Campo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 12 Primero de Línea, explicó que las unidades intervenidas estaban ubicadas en el sector de Cabí.
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Según las estimaciones oficiales, la maquinaria tenía un valor aproximado de $453 millones. La institución señaló que el mineral extraído habría generado ingresos cercanos a $18.000 millones mensuales para la estructura criminal.
El Ejército atribuyó los equipos a las finanzas del Clan del Golfo y les adjudicó un serio daño ambiental
Las autoridades militares vincularon las ganancias potenciales de la actividad con el financiamiento de la subestructura Jhon Fredy Orejuela, que hace parte del Clan del Golfo.
“Los recursos presuntamente alimentarían las economías criminales del Clan del Golfo”, sostuvo Robayo Campo al referirse a la capacidad de producción que tendrían las dragas y los motores intervenidos.

El comandante agregó que la fuerza pública mantendrá las acciones contra estas actividades en el departamento. “Continuamos golpeando las economías ilegales de estos grupos armados y desarrollando acciones para proteger la riqueza natural de este territorio”, señaló.
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El Ejército afirmó que la explotación ilícita de yacimientos mineros con dragas y maquinaria pesada altera los cauces de los ríos, remueve sedimentos y afecta los ecosistemas acuáticos.
La institución agregó que esa actividad puede deteriorar la calidad del agua y afectar la biodiversidad y los recursos naturales de los que dependen las comunidades de Chocó.
Ejército desmanteló tres complejos de minería ilegal en Nariño con capacidad para extraer más de 10 kilos de oro al mes
El Ejército Nacional informó a finales de septiembre que otro de los operativos más importantes resultó en el desmantelamiento de tres complejos de minería ilegal en Nariño que tenían capacidad para extraer más de 10.400 gramos de oro mensuales, durante operaciones desarrolladas en Magüí Payán, Barbacoas y la subregión del Telembí.
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La Tercera División indicó que las instalaciones intervenidas en el Pacífico nariñense estaban avaluadas en más de $1.800 millones. Según los cálculos oficiales, la infraestructura permitía una producción superior a 10 kilos de oro cada mes.
Las autoridades relacionaron la actividad con las fuentes de financiación de organizaciones armadas que tienen presencia en zonas rurales del departamento. La minería ilícita figura entre las economías ilegales que, según la fuerza pública, aportan recursos para mantener el control territorial y las operaciones de grupos armados.

El Ejército reportó además que el 25 de agosto la Fuerza de Tarea Hércules había inhabilitado otras tres unidades de producción minera ilegal en Barbacoas, Nariño.
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En ese procedimiento, las autoridades estimaron que la infraestructura podía producir 3.600 gramos de oro mensuales y que estaba relacionada con las finanzas de la estructura Ariel Aldana, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La operación se produjo luego de labores de inteligencia y de la recopilación de registros fotográficos que permitieron ubicar los puntos de extracción ilegal, de acuerdo con la información entregada por la institución.
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