Gobierno De la Espriella haría un nuevo recorte millonario al Presupuesto General de la Nación: así están las cuentas para hacerlo

El Ministerio de Hacienda evalúa un segundo recorte presupuestal después de que el ajuste expedido el 22 de octubre quedara en $13,8 billones, por debajo de la meta inicial de aproximadamente $20 billones. Con esto se busca reducir la brecha frente a el objetivo de ahorro para contener el déficit primario y limitar el aumento de la deuda pública. El ajuste inicial resultó insuficiente por las rigideces del gasto, los ocho meses de ejecución presupuestal ya transcurridos y el costo aún no cuantificado de un terremoto.

Como se recordará, el primer recorte distribuyó $6,8 billones en contratación, $4 billones en deuda y $3 billones en gastos de funcionamiento. El Gobierno recibió el presupuesto con ocho meses de ejecución, una condición que redujo el margen para modificar compromisos ya adquiridos.

Recorte que evalúa Hacienda

Sobre la situación, el viceministro Técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, reconoció que el ajuste aplicado no alcanzó la dimensión prevista y anticipó una nueva revisión del gasto. “Teníamos una meta de hacer un recorte de alrededor de $20 billones. Estamos contemplando la posibilidad de hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible”, afirmó durante el XIII Congreso Asofiduciarias.

Relacionó la nueva evaluación con la contingencia causada por el sismo, cuyos costos de atención y reconstrucción todavía no tienen estimación definitiva. “Estamos contemplando hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible a ese número porque el ajuste que pudimos implementar no estuvo a la altura de lo que estábamos buscando por el costo del terremoto”, señaló.

Betancur sostuvo que la respuesta fiscal debe pasar de los anuncios a la ejecución de medidas concretas. “Hicimos un recorte de gasto hace unas semanas, fue inferior al que habíamos anunciado”, afirmó, antes de insistir en que “la política fiscal no se hace con anuncios, se hace con decisiones”.

La menor reducción también aleja al Gobierno de su meta de déficit primario para 2026, fijada en 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Betancur anticipó que el resultado será similar al del año anterior: “Va a ser más cercano al del año pasado, del 3,5%, porque el recorte de gastos que pudimos implementar no estuvo a la altura de lo que estábamos buscando por el terremoto, que hoy no sabría decirles cuánto va a costar”.

Riesgos fiscales del Presupuesto General de la Nación de 2027

El Presupuesto de 2027, aprobado por $634,9 billones, enfrenta presiones de gasto que no quedaron cubiertas, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). En el escenario aprobado por decreto, el organismo calcula un déficit total de 9,5% del PIB y un déficit primario de 4,5%. Advirtió que el PGN de 2027 enfrenta riesgos de gasto sin cubrir y proyecta déficits en niveles récord para el país.

Al respecto, el presidente del Carf, Juan Carlos Ramírez, advirtió que esas proyecciones se producen sin una crisis económica excepcional que las explique. “Son los niveles más altos en la historia del país y, como decía al inicio, en una situación que no podemos calificar de crisis económica especial”, afirmó en el evento. Ramírez situó parte del origen del desbalance en los cálculos de ingresos hechos en 2024.

“Cada año, al presentarse el Presupuesto, el Gobierno hace lo que se llama un aforo de ingresos, es decir, la estimación de los ingresos que se van a tener el siguiente año. Uno de los grandes problemas del déficit actual se gestó en 2024, cuando esa estimación tuvo una diferencia de alrededor de 4 puntos del PIB frente a lo que realmente se logró. Ese bache no fue corregido oportunamente y se convirtió en la base de los cálculos de los años siguientes”, indicó.

Deuda, intereses y presiones de gasto

Dentro de las contingencias identificadas por el Carf figuran los gastos de personal, las pensiones, el régimen subsidiado de salud y los subsidios de energía ante el fenómeno de El Niño. El organismo también incluyó los efectos fiscales del terremoto de agosto y los posibles aumentos salariales derivados de acuerdos sindicales en el sector público. Y es que las reservas presupuestales reflejan parte de esa presión sobre las cuentas de cada vigencia. Las reservas tradicionales superaban ligeramente los $20 billones, llegaron a $50 billones en 2024 y bajaron de manera parcial en 2025.

Ramírez explicó que las obligaciones trasladadas restringen el margen de gasto disponible en los años posteriores. Precisó que “el presupuesto es una autorización de gastos. Si, con base en una sobreestimación de los ingresos, apruebo gastos que no puedo pagar en el año, se me acumulan obligaciones que pasan a la siguiente vigencia, que es lo que llamamos las reservas presupuestales. Eso genera una restricción para los nuevos gastos del año siguiente, porque tengo que estar pagando los compromisos que se generaron en el año anterior”.

Alertó, además, sobre el peso creciente de los intereses de la deuda. Puntualizó que hoy una tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno se destina al pago de intereses. “Si no se hicieran las reformas importantes de, por lo menos, estas magnitudes, es decir, al cabo de tres años estaríamos dedicando el 50%, la mitad de cada peso que ingresa al Estado por impuestos, al pago de intereses. De ahí la enorme urgencia”, agregó.

Según él, sin un ajuste, la deuda del Gobierno central subiría de 60% a 67% del PIB, cerca del límite sostenible de 71% calculado por el Carf. Ramírez calificó de “relativamente razonable” la propuesta oficial de un ajuste de entre cuatro y cinco puntos del PIB en cuatro años, aunque precisó que el comité aún no ha revisado a fondo sus componentes.

Atribuyó el deterioro a la pérdida de disciplina en la administración fiscal. Manifestó que a situación a la que llegamos se ha debido en gran parte a la pérdida de cierta tradición en la administración pública nacional, que fue la disciplina de las finanzas públicas. Remarcó que “uno de los problemas más importantes, además del déficit en sí mismo, ha sido el debilitamiento de los instrumentos de la planeación fiscal, que han hecho perder credibilidad y compromiso del sector público con sus propias metas”.

Inflación, crecimiento y financiamiento externo

Betancur estimó que el impulso fiscal agrega más de 2 puntos porcentuales (pp) a la inflación en Colombia. Sin ese efecto, calculó, el indicador estaría cerca de 4%, todavía por encima de la meta de 3% del Banco de la República. El viceministro proyectó un crecimiento económico de entre 2,5% y 2,9%, aunque consideró débil el desempeño del sector privado.

“Lo que sí es un desastre es ver qué ocurre con la economía. Cuando uno descuenta el aporte que le genera el sector público, eso sí es un desastre. Eso demuestra que la economía privada está creciendo a tasas del 1%”, afirmó.

Alertó que sin la ley de rescate fiscal el Gobierno tendría que obtener cerca de USD26.000 millones en los mercados internacionales durante 2027, frente al promedio de unos USD5.000 millones de financiamiento externo conseguido en los últimos diez años. Para Betancur, un ajuste permitiría reducir las primas de riesgo y abrir espacio para la inversión privada.