El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por $634,9 billones, mantiene riesgos importantes incluso si prospera buena parte de la reforma fiscal que impulsa el Gobierno. Según el organismo, persisten presiones de gasto que no están totalmente financiadas y que podrían ampliar el desequilibrio de las cuentas públicas.
El presidente del CARF, Juan Carlos Ramírez, explicó que entre los principales factores de presión están los gastos de personal, las pensiones, la salud, los subsidios de energía y los recursos necesarios para atender los efectos del terremoto de agosto. También señaló que los acuerdos sindicales del sector público podrían elevar los costos de nómina, pese a que el Gobierno plantea que esos gastos no crezcan por encima de la inflación.
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Según información publicada por Blu Radio, el CARF también ve riesgos en el gasto pensional por el agotamiento de los traslados entre regímenes y por el posible impacto de decisiones de la Corte y de lo aprobado en la Cámara sobre la reforma pensional. A esto se suma una financiación insuficiente del régimen subsidiado de salud y mayores presiones por los subsidios de energía ante el fenómeno de El Niño.

Un tercio del recaudo tributario se destina a intereses
Ramírez advirtió que el peso de los intereses de la deuda limita cada vez más la capacidad fiscal del Estado. Actualmente, una tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno se destina al pago de intereses. Según sus cálculos, si no se realizan ajustes importantes, en tres años esa proporción podría llegar al 50 %.
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El presidente del CARF señaló que esta tendencia explica la urgencia de corregir el desequilibrio fiscal. En el escenario del presupuesto aprobado por decreto, el déficit total de 2027 sería del 9,5 % del PIB y el déficit primario alcanzaría el 4,5 %.
Ramírez afirmó que estos serían niveles históricamente altos y advirtió que, si el ajuste planteado por el Gobierno no se concreta, el déficit quedaría muy por encima de lo recomendado por la regla fiscal.
El CARF considera que una parte importante del problema se originó en la estimación de ingresos. Ramírez explicó que en 2024 el aforo de ingresos tuvo una diferencia cercana a cuatro puntos del PIB frente a lo que finalmente se recaudó.
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Esa sobreestimación, según explicó, dejó obligaciones pendientes que pasaron a la vigencia siguiente. Como resultado, las reservas presupuestales, que tradicionalmente se ubicaban un poco por encima de $20 billones, llegaron a $50 billones en 2024 y luego disminuyeron parcialmente en 2025.

Deuda podría acercarse al límite sostenible
El CARF calcula que, sin un ajuste, la deuda del Gobierno central podría pasar del 60 % al 67 % del PIB, acercándose al 71 % que el comité considera como máximo sostenible.
Sobre la propuesta oficial de realizar un ajuste de entre cuatro y cinco puntos del PIB en un periodo de cuatro años, Ramírez la calificó como “relativamente razonable”, aunque aclaró que el organismo todavía no ha evaluado en detalle todos los componentes ni las estimaciones de ingresos y gastos del proyecto.
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El dirigente también atribuyó parte del deterioro a un debilitamiento de la disciplina fiscal y de los instrumentos de planeación. Según señaló, la pérdida de credibilidad en las metas oficiales ha reducido la capacidad del sector público para sostener compromisos de mediano plazo.
A las advertencias del CARF se sumó la visión de Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, quien indicó que la inflación no empezaría a mostrar una reducción sino hasta mediados de 2027.
Acosta señaló que las expectativas de inflación siguen aumentando y se mantienen por encima de las proyecciones del Emisor. Las diferentes mediciones del mercado ubican la inflación de cierre de 2026 entre el 6,7 % y el 6,91 %, mientras las expectativas de inflación básica también continúan elevadas.
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El panorama descrito por el CARF muestra que la aprobación de la reforma fiscal, por sí sola, no eliminaría los vacíos del presupuesto de 2027. El organismo insiste en que será necesario combinar mayores ingresos, control del gasto y una planeación fiscal más rigurosa para evitar que el déficit y la deuda sigan deteriorándose.
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