La Gobernación de Antioquia negó el cupo solicitado para Miguel Andrés Quintero Calle en la Cárcel Departamental Yarumito, tras concluir que su caso no cumple las condiciones previstas por el reglamento interno del establecimiento.
La decisión figura en una comunicación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz fechada el 6 de noviembre de 2026. El documento fue suscrito por el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, titular de esa dependencia.
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La administración departamental rechazó la petición presentada por el abogado defensor Felipe Alzate Gómez, quien buscaba que Quintero Calle fuera recibido en la Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E.R.E.
La respuesta oficial determinó que el investigado no acreditó la condición de servidor público requerida para acceder a un cupo bajo las reglas aplicables en ese centro de reclusión. También descartó que su vínculo familiar con Daniel Quintero pueda reemplazar ese requisito.
La condición de servidor público fue el principal requisito que no se acreditó
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz revisó la actuación penal identificada con el radicado 05001600024820242355900. Allí se atribuyen a Quintero Calle los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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Ambas conductas aparecen incluidas en el artículo 14 del reglamento de régimen interno de Yarumito. Esa norma fue adoptada mediante la Resolución 2023060052408 del 27 de abril de 2023.
La dependencia aclaró que la naturaleza de los delitos investigados no basta para demostrar que una persona hubiera ejercido funciones estatales. Para acceder al establecimiento, la condición debe estar acreditada de manera individual.
“El señor Miguel Andrés Quintero Calle no ostentaba dicha condición ni habría actuado en ejercicio de funciones públicas al momento de los hechos investigados”, indicó la Secretaría en la comunicación firmada por Martínez Guzmán.
La defensa había planteado que los cargos relacionados con la administración pública justificaban la solicitud. La Gobernación sostuvo que esa conexión no equivale a tener la calidad funcional exigida por el reglamento.
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La decisión estableció que el análisis no se limitó a la denominación jurídica de los delitos. La entidad revisó si el investigado era servidor público cuando habrían ocurrido los hechos objeto de la actuación penal.
Según esa valoración, la documentación examinada no permitió establecer que Quintero Calle cumpliera ese criterio. Por esa razón, la administración emitió un concepto desfavorable frente a la asignación del cupo.
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