Salario mínimo de 2027: Informe de los sindicatos de trabajadores demuestra qué tan bueno o malo es un aumento de dos dígitos

A solo unos días de que comience la concertación para 2027, la discusión por el aumento del salario mínimo vuelve a enfrentar dos visiones contrapuestas: una, respaldada por el Gobierno y los gremios, que busca limitarla a indicadores económicos; otra, defendida por sindicatos, organizaciones sociales y academia, que reclama mantener el criterio de “salario vital” aplicado en 2026. El aumento de ese año, fijado en 23,7% (quedó en $1.750.905) mediante los decretos 1469, del 29 de diciembre de 2025, y 0159, del 19 de febrero de 2026, generó apoyos y críticas por su alcance y sus posibles efectos sobre inflación, empleo y cuentas públicas.

La negociación salarial de Colombia para 2027 estará marcada por una inflación alta (cerró en 6,29% anual en septiembre), una proyección de cierre de 6,6% frente a una meta de 3%, un mercado laboral con una desocupación promedio de 9,14% entre enero y agosto y la presión empresarial para que el ajuste se limite al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la productividad y el crecimiento.

No obstante, desde el sector sindical ya se empezaron a decir cifras. Una de ellas la dio el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias, que pidió que sea de 38,5%, ante la “deuda histórica” que hay con la clase trabajadora del país.

Una investigación de la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical denominda “El proceso de concertación salarial 2027 entre el diálogo y el desencuentro” plantea que ese enfoque deja en segundo plano el “salario vital”, el poder adquisitivo y las condiciones materiales de los hogares.

Esto, teniendo en cuenta que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales definió el 1 de octubre de 2026 una hoja de ruta para continuar el proceso, con participación de gremios, sindicatos y pensionados. En esa sesión, la ministra del Trabajo, Natalia López, propuso ampliar el espacio de diálogo y convertirlo en una instancia permanente para tratar asuntos laborales y sociales; además, anunció un periodo para observaciones y una nueva reunión a mediados de octubre.

La funcionaria defendió una negociación que no excluya a ninguno de los actores. “El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores”, afirmó López. Sin embargo, persiste el temor de que el nuevo Estatuto del Trabajo, radicado ante el Congreso sin participación de las centrales obreras, incorpore fórmulas de flexibilización laboral y reduzca garantías adquiridas.

Recordó el documento que la Constitución de 1991 y la Ley 278 de 1996 establecieron que la definición salarial debe considerar variables económicas, como el IPC, el Producto Interno Bruto (PIB), la productividad y la participación de los salarios en el ingreso nacional. Pero también fijaron criterios jurisprudenciales: la protección del trabajo, la remuneración mínima vital y móvil, la función social de la empresa y la dirección estatal de la economía. La discusión se concentró históricamente en los primeros, aunque el incremento de 23% para 2026 introdujo el salario vital y produjo el mayor aumento real en 40 años.

Inflación y política monetaria

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la inflación de agosto llegó a 6,24%, por encima de la previsión de 6,10%, mientras que la de septiembre fue de 6,29%. Las estimaciones citadas prevén que el indicador cierre 2026 en 6,6%, lejos de la meta de inflación de 3% del Banco de la República. La posición mayoritaria de los codirectores del banco central atribuye parte de ese desanclaje de expectativas al alza salarial de 2026 y elevó sus previsiones de inflación de 4,6% a 6,4% para el cierre de ese año, y de 3,8% a 4,8% para 2027.

El Banco de la República elevó su tasa de intervención de 9,25% a 11,25% en las reuniones del 30 de enero y el 30 de marzo de 2026, con aumentos acumulados de 200 puntos básicos: 100 puntos en cada encuentro. Después aplicó incrementos de 75 y 25 puntos básicos. Para el responsable de la investigación, José Fernando Gutiérrez, esa respuesta reproduce una lectura rígida de la política monetaria. Ante esto, recordó quie el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Jorge Iván González precisó en 2024 que “la meta de inflación es muy inflexible. Desde enero del 2010 hasta ahora se ha mantenido en 3% año. Esta rigidez muestra que el banco central no considera la meta de inflación como un instrumento de política económica”.

Gutiérrez también apuntó que González cuestionó en 2025 una relación automática entre tasas y precios: “Cuando la inflación está relativamente alta el Banco de la República (BR) sube la tasa de interés para reducir el ritmo de la economía y bajar los precios. La secuencia lógica es: primero suben los precios, después aumenta la tasa de interés y, finalmente, bajan los precios. Esta es una causalidad lineal simplificada”.

La investigación sostiene que la inflación, el empleo y el tipo de cambio también responden a la demanda externa, la inversión, los precios internacionales, los flujos de capital, la automatización y la estructura sectorial.

Crecimiento, productividad y advertencias empresariales

Dentro de las cifras económicas, el documento recordó que varios puntos del PIB creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Dentro de esto sobresalió:

• Administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud y servicios sociales: aumentaron 10,0% y aportaron 1,7 puntos porcentuales (pp).
• Comercio, transporte, alojamiento y comidas: crecieron 2,2% y aportaron 0,5 pp.
• Actividades artísticas y otros servicios: avanzaron 9,5% y sumaron 0,4 pp.
• Minas y canteras: crecieron 4,2%.
• Construcción: avanzó 2,2%.

Las previsiones citadas apuntan a un PIB de 2,6% en 2026 y 2,1% en 2027, con demanda interna de 2,9% y 2,3%, respectivamente. Las cifras de productividad divulgadas por el Dane muestran que el valor agregado aumentó 2,66% debido a:

• Servicios de capital: aportaron 0,79 pp.
• Servicios laborales: 1,11%.

Ambos factores contribuyeron de manera conjunta con 1,90 puntos, mientras la productividad total de los factores sumó 0,75 puntos. Los gremios cuestionaron la consistencia de esos resultados con la evolución observada del PIB y el empleo, y pidieron una revisión metodológica por su peso en la definición salarial.

El Consejo Gremial Nacional (CGN), por medio de un comunicado del 21 de septiembre de 2026, insistió en que la Comisión debe ceñirse a “los criterios que fija la ley: el IPC, la meta de inflación, la productividad y el comportamiento de la economía”. El gremio sostiene que aumentos por encima del IPC presionan el costo pensional, la estrechez fiscal y la indexación de precios. También advirtió que la moneda “acumula desde finales de mayo la mayor apreciación de América Latina, 16,4%, más de tres veces la del segundo país”, con consecuencias para los márgenes de los exportadores y su capacidad de sostener empleos.

Empleo y salario vital

Los datos laborales muestran tensiones, aunque la investigación considera que no permiten atribuirlas de forma directa al incremento salarial. Entre enero y agosto de 2026, la tasa de desocupación promedio fue de 9,14%; en agosto pasó de 8,6% a 9,4% frente al mismo mes de 2025, un aumento de 0,8 pp. La ocupación cayó de 58,4% a 57,4%, con cerca de 126.000 puestos menos, mientras la industria manufacturera perdió aproximadamente 240.000 empleos.

Un estudio de la Universidad Eafit sobre Antioquia halló que entre 2021 y 2025 un promedio de 730.000 trabajadores, equivalentes al 43% de los afiliados, recibía un salario mínimo. En marzo de 2026, la cifra ascendió a 950.000 trabajadores, o 53% de los empleos formales analizados, mientras quienes ganaban entre uno y 1,5 salarios mínimos bajaron de 400.000 a 350.000. El informe definió la “compresión salarial” como “la reducción de las diferencias entre los salarios de trabajadores con distintos niveles de formación, cargo, experiencia o habilidades”.

Dentro de otros datos, el número de afiliados dependientes pasó de 1,58 millones en 2021 a 1,80 millones en marzo de 2026. El estudio concluyó que “por cada punto porcentual de aumento real del salario mínimo, la economía antioqueña perdió cerca de 50.000 puestos de trabajo formales al año”; de ellos, “5.015 se destruyeron y 44.557 nunca llegaron a crearse”. Esa conclusión debe leerse junto a factores como las condiciones financieras restrictivas, la debilidad industrial, problemas de productividad y el impacto del terremoto en las ciudades afectadas.

La investigación estima que el incremento de 2027 podría ubicarse entre 8,0% y 8,5%, bajo la fórmula de IPC más productividad. Frente a ello, reivindica el aumento de 23,7% aplicado bajo el concepto de salario vital y recuerda la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dice que “un nivel ingreso laboral suficiente para garantizar a las personas trabajadoras y a sus familias una vida digna, en cuanto permite cubrir de manera efectiva necesidades esenciales del hogar y afrontar contingencias razonables”.

Esa discusión adquiere dimensión concreta ante una canasta básica cercana a $3.000.000 para hogares de tres o cuatro personas:

• 43% se destina a alimentación.
• 24% a vivienda.
• 5% a salud.
• 28% a otros gastos esenciales.

El impacto integral del aumento de 2026 aún requiere evaluación, pero no debería limitarse al costo laboral. “También involucra consumo, demanda interna, pobreza laboral, distribución del ingreso y la posibilidad de que el salario deje de ser solo una variable contable para convertirse en un ingreso suficiente para vivir con dignidad”, finalizó la investigación de José Fernando Gutiérrez para Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical.