Ministro de Defensa hizo frente a Gustavo Petro tras decir que dejó presupuesto para la compra de drones: “Desmienten que existiera dinero”

El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, respondió a los cuestionamientos del expresidente Gustavo Petro sobre los recursos para la adquisición de equipos antidrones, al desmentir que el gobierno anterior hubiera dejado presupuesto asignado o contratos vigentes para dotar a las tropas contra ataques aéreos no tripulados.

La controversia surgió tras el atentado terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, hecho en el cual tres soldados fueron asesinados, ocho resultaron heridos de gravedad y varios uniformados sufrieron afectaciones dentro de la guarnición militar, ocurrido el sábado 7 de noviembre de 2026.

Frente al hecho violento, el presidente Abelardo de la Espriella mostró su solidaridad con los familiares de las víctimas y envió una advertencia directa a las organizaciones armadas ilegales al asegurar que “no nos van a intimidar ni hacer retroceder”.

Un día después del ataque en territorio bolivarense, el expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en la red social X para responsabilizar al actual Gobierno nacional por la falta de defensas tecnológicas: “A pesar de dejar el dinero para compra de antidrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa”.

Ministro reveló lo que pasó con la adquisición de drones para uso de la fuerza pública

El titular de la cartera de Defensa le contestó directamente a través de un extenso post en la misma plataforma, al calificar los señalamientos de inexactos frente a los archivos contables del Estado: “Gustavo Petro, su afirmación contradice la verdad documental: los registros oficiales del Ministerio de Defensa desmienten que existiera dinero apropiado para comprar sistemas antidrones este año o que se haya cancelado un contrato”.

“Al asumir la administración, no existía un proceso contractual o precontractual por $6,2 billones ni una compra adjudicada. Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera”, escribió el alto funcionario en X.

El ministro abordó además los viajes internacionales realizados por la anterior cúpula del ministerio y aclaró que no dejaron ningún resultado jurídico vinculante para las Fuerzas Militares: “Las visitas técnicas del exministro y la exviceministra de Estrategia y Planeación a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres y EE. UU. fueron exploraciones comerciales que no culminaron en un contrato”.

De acuerdo con el alto funcionario, las propuestas de fabricantes internacionales tampoco contaban con viabilidad técnica para operar en el país: “Además, el Comité Estructurador concluyó que las ofertas extranjeras no satisfacían las exigencias de integración técnica e interoperabilidad”.

“Tampoco es verídico que la tropa esté desprotegida por decisiones actuales. Las deficiencias de planeación anteriores impidieron consolidar la capacidad desde 2023, cuando grupos ilegales intensificaron el uso de drones”, escribió Jorge Mora.

El titular del ministerio detalló las medidas que actualmente adelantan los uniformados para adquirir equipos de protección aérea con el patrimonio que hay: “Hoy la fuerza pública ejecuta compras precontractuales con presupuesto ordinario, impulsa producción propia, alista un Conpes de sostenibilidad financiera y tramita un proyecto de ley regulatorio”.

El jefe de la cartera cerró su pronunciamiento ratificando que el proceso anterior carecía de sustento en las cuentas públicas: “Los documentos prueban que no se canceló una adquisición real, sino que se heredó una propuesta sin presupuesto apropiado ni aval técnico. Señor Petro, la seguridad militar exige rigor y transparencia, no anuncios vacíos”.

El debate entre el Ministerio de Defensa y el expresidente se suma a las indagaciones que adelantan la justicia militar y la Fiscalía General de la Nación para establecer la autoría del atentado en Santa Rosa de Bolívar y evaluar la respuesta táctica de los destacamentos frente al uso de artefactos aéreos por parte de los grupos ilegales.