Iván Cepeda acude a la Corte Constitucional para frenar el traslado del expediente contra Álvaro Uribe a la Cámara: “Que proteja los derechos de las víctimas”

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, radicó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para pedir que la investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por crímenes paramilitares continúe bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación, al rechazar que el expediente sea asumido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La petición jurídica se conoció a los pocos minutos del anuncio de la fecha para la sesión extraordinaria de la Sala Plena del alto tribunal, la cual quedó programada para el lunes 9 de noviembre bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, instancia que definirá cuál de las dos autoridades tiene la facultad legal de continuar con el trámite penal.

El congresista intervino en el proceso en su condición de actor popular, respaldado por las organizaciones de derechos humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp), quienes suscribieron el memorial remitido a los magistrados constitucionales.

Iván Cepeda cuestiona el reclamo de la Comisión de Acusación y pide proteger a las víctimas

A través de su cuenta en X, el legislador explicó las razones por las cuales el caso debe permanecer en los despachos judiciales ordinarios, por lo que compartió: “En mi condición de actor popular en la investigación que se sigue contra Álvaro Uribe Vélez, por su presunta participación en la creación, promoción y financiación de la estructura paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, las masacres de La Granja y El Aro, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle”.

“Junto a mis abogados, le he solicitado a la Corte Constitucional que proteja los derechos de las víctimas y mantenga la competencia en la Fiscalía, por cuanto la imputación fáctica y el auto de apertura de investigación formal corresponden a los años 1996 a 1998, época en que fungió como gobernador de Antioquia, y no comprenden los periodos en los que ejerció como presidente de la República”, escribió en la red social.

Junto a estas palabras, el congresista compartió el documento radicado por los representantes de las víctimas en el que señala que la solicitud de la célula legislativa carece de sustento constitucional y busca atribuirse facultades sobre sucesos previos al periodo del exmandatario en la Casa de Nariño:

“La solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes parte de una inferencia en la cual la naturaleza permanente del concierto para delinquir permite extender automáticamente la conducta hasta 2003 y activar el fuero presidencial”, se lee en el escrito.

Luego señala: “La permanencia dogmática del delito no sustituye la descripción de hechos concretos, ni permite incorporar en sede de definición de competencia actos que no fueron atribuidos ni investigados”.

La Corte Constitucional definirá quién se queda con el expediente contra el expresidente

El origen del conflicto procesal se remonta a junio de 2026, cuando la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, vinculados a la incursión en los corregimientos de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, donde ocurrieron asesinatos colectivos, despojo y desplazamientos forzados, proceso por el cual el ex jefe de Estado rindió indagatoria el 4 de septiembre de 2026.

En agosto de 2026, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclamó la totalidad de la actuación, remitiendo un expediente de 2.322 folios, al asegurar que uno de los componentes del caso se prolongó hasta el año 2003 y que, por tanto, se activaba el fuero especial reservado a los jefes de Estado.

La Fiscalía se opuso al reclamo bajo los argumentos de que los hechos investigados ocurrieron cuando Uribe fungía como mandatario departamental en Antioquia, por lo que el caso debe mantenerse bajo la órbita de los fiscales ordinarios y no de los congresistas.

En medio de este choque institucional, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa por presunto prevaricato contra los congresistas de la Comisión de Acusación que tramitaron el requerimiento del expediente, mientras que el ente acusador citó para el 12 de noviembre las declaraciones judiciales de los ex jefes paramilitares Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, y Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar.