Expresidente de la Corte Suprema explicó cómo la justicia colombiana puede actuar en el caso de los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados por Petro

Las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales, atribuidas al expresidente Gustavo Petro, abrieron interrogantes sobre la competencia de las autoridades y los eventuales alcances penales de los hechos.

El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, analizó en entrevista con La FM las rutas jurídicas que podrían aplicarse si las investigaciones establecen que se usaron recursos públicos para fines particulares. El jurista subrayó que el exmandatario conserva la presunción de inocencia y que cualquier conclusión depende de las pruebas que valoren las autoridades competentes.

La relación entre los hechos y el ejercicio de la Presidencia define la competencia

Arrubla explicó que la eventual competencia del Congreso de la República o de la justicia penal ordinaria depende de si las conductas bajo examen tienen vínculo con el ejercicio de la Presidencia. Aunque los asuntos personales pertenecen, en principio, a la esfera privada, dijo que pueden adquirir relevancia institucional si comprometen decisiones públicas o recursos del Estado.

El exmagistrado aclaró que una posible utilización de contratos estatales para beneficiar a terceros a cambio de favores sexuales podría dar lugar a investigaciones por delitos contra la administración pública. Mencionó, como una hipótesis que requeriría demostración, un eventual peculado en favor de terceros.

“Cuando un presidente está en ejercicio de sus funciones, le corresponde un antejuicio ante el Congreso”, señaló Arrubla. Ese trámite comienza en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Si ese órgano encuentra mérito, el asunto puede pasar a la plenaria de la Cámara y, posteriormente, al Senado.

Según explicó, esa etapa tiene como propósito establecer si existen elementos suficientes para avanzar en un juicio político. En los casos que involucren una eventual indignidad, el Senado sería la corporación encargada de adoptar las decisiones que correspondan dentro de ese procedimiento.

El fin del mandato no excluye todas las actuaciones ante el Congreso

Arrubla indicó que, como regla general, el fuero presidencial termina cuando concluye el periodo del mandatario. Sin embargo, señaló que debe examinarse si los hechos que se investigan ocurrieron durante el ejercicio del cargo y guardan una relación directa con las funciones presidenciales.

Si se determina que existe ese vínculo, el Congreso podría mantener competencia dentro del procedimiento previsto para investigar la conducta de un expresidente. En caso contrario, explicó, las denuncias deberían ser conocidas por la Fiscalía General de la Nación y por los jueces penales ordinarios, bajo las reglas aplicables a cualquier ciudadano.

El abogado insistió en que la determinación no depende de la condición política de la persona investigada, sino de los elementos que establezcan los investigadores sobre el origen de los contratos, el papel de los funcionarios involucrados y la eventual destinación de recursos públicos.

Testimonios, mensajes y documentos deben ser sometidos a verificación judicial

La entrevista también abordó el valor de los testimonios, las conversaciones de WhatsApp y las publicaciones en redes sociales que se han mencionado en torno a los llamados sexocontratos. Arrubla sostuvo que estos elementos no sustituyen la valoración judicial y que su autenticidad, contexto y pertinencia deben examinarse dentro de las actuaciones formales.

El togado destacó que la declaración de la denunciante puede constituir un elemento relevante para iniciar o ampliar una indagación, siempre que sea contrastada con los demás medios de prueba. También señaló que las autoridades deberán establecer si existen documentos, comunicaciones o actuaciones administrativas que respalden o contradigan las versiones conocidas.

Las pesquisas, de existir mérito para ello, podrían incluir a los funcionarios que hubieran participado en la tramitación o adjudicación de contratos. La eventual responsabilidad de cada persona dependerá de la información que recaben los investigadores y de las decisiones de los jueces.

Arrubla recordó que los recursos públicos tienen una destinación legal específica y que su uso debe ajustarse a los fines previstos en el presupuesto. Por ahora, el curso de las investigaciones definirá si los señalamientos trascienden el debate público y dan lugar a actuaciones judiciales concretas.