Traslado de ahorros a Colpensiones tiene en controversia al Ministerio del Trabajo y a los aviadores: “Le costaría al Estado más de $9 billones”

Hay controversia entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y el gremio de los aviadores del país por el futuro de las pensiones de los trabajadores de este sector. Por un lado, el Ministerio del Trabajo anunció el avance de una ruta para migrar a los afiliados de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac) a Colpensiones, mientras la entidad administradora de las pensiones de los aviadores pidió frenar el proceso y alertó que el traslado podría generar una carga superior a $9 billones para el Estado.

Las posiciones quedaron expuestas en dos documentos fechados el 3 y el 4 de noviembre de 2026. El primero es un comunicado del Ministerio del Trabajo, emitido después de una mesa técnica con participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera de Colombia, Colpensiones y Caxdac. El segundo es una carta de la caja dirigida al presidente Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo.

De acuerdo con la cartera laboral, el Gobierno sostuvo que la situación financiera informada por Caxdac obliga a estudiar una salida institucional que preserve las pensiones de los aviadores civiles. La entidad, en cambio, afirmó que cuenta con un portafolio capaz de respaldar el pago de las mesadas hasta septiembre de 2120 y cuestionó decisiones administrativas que, según su postura, limitan su funcionamiento.

El Ministerio del Trabajo ratificó que las reservas no pueden financiar gastos de administración

Por medio del comunicado del Minsiterio del Trabajo, la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero Pérez, presidió la jornada intersectorial convocada para revisar la coyuntura prestacional del sector aeronáutico. Según este, la reunión buscó dar claridad técnica y jurídica ante la situación de Caxdac. En el mismo se informó que durante la sesión se evaluó una solicitud de la caja para utilizar los rendimientos de las reservas pensionales en sus gastos de operación. La respuesta de las autoridades fue negativa, con base en la interpretación del artículo 3 del Decreto Ley 1283 de 1994.

Se señaló que esa disposición impide destinar fondos de reserva o sus rendimientos a conceptos diferentes de las obligaciones legales pensionales. El Ministerio incluyó entre esos rubros las comisiones de administración que no estén reguladas.

Forero afirmó que “la protección de los ahorros y de las pensiones de los trabajadores es un principio inquebrantable”. La funcionaria agregó que el Ejecutivo escucha los planteamientos de Caxdac y analiza el caso, aunque remarcó que las decisiones deben ceñirse a la ley y a la Constitución. “Las reservas pensionales no se pueden tocar para fines no autorizados”, indicó la viceministra. También resaltó que el Gobierno trabaja en una alternativa que garantice “la migración ordenada de sus afiliados a Colpensiones” y la protección de los derechos de los trabajadores del sector.

Asimismo, la cartera laboral aseguró que acompañará el proceso para garantizar estabilidad, transparencia y pago oportuno de las mesadas pensionales. El documento no incluyó un cronograma para el eventual traslado, ni precisó cuántas personas serían incluidas en la ruta hacia el régimen público.

Traslado convertiría un pasivo privado en una obligación estatal

La carta enviada por Caxdac un día después de la mesa técnica plantea una visión distinta. La entidad pidió a la Presidencia intervenir para revisar las medidas que, según argumenta, podrían trasladar al Estado obligaciones que hoy se cubren con recursos privados.

“El traslado a Colpensiones de las pensiones de los aviadores le costaría al Estado más de $9 billones”, señala el asunto de la comunicación. Caxdac afirma que hoy “no le cuesta nada” a la Nación y que la migración transformaría un activo fiscal en una carga estatal. La caja se define en la carta como la única administradora privada y sin ánimo de lucro del Régimen de Prima Media, creada por ley para gestionar las prestaciones de los aviadores civiles. También asegura que durante más de tres décadas ha pagado todas las mesadas sin retrasos y sin recibir recursos del presupuesto nacional.

De igual forma, afirma que el portafolio tiene un valor cercano a $2,17 billones, monto que, según sostiene, respalda el 100% de las pensiones de sus afiliados y permite cubrir los pagos hasta septiembre de 2120. La entidad señaló que la discusión no gira alrededor de la mesada actual, sino de su capacidad para continuar operando.

La carta estima que el traslado de las obligaciones de los 790 pensionados actuales y futuros de Caxdac tendría un costo superior a $9 billones. Además, señala que el impacto asociado al traslado de afiliados ascendería a $297.211 millones.

Puntualiza que Colpensiones había identificado en agosto un faltante de $23.048 millones tras revisar 16 casos. También aseguró que, en octubre, se generó una carga fiscal de $217.478 millones después de que Colpensiones aceptara el traslado de 85 afiliados procedentes de la caja.

Cuestionamientos a decisiones de la Superintendencia Financiera y del Ministerio del Trabajo

Caxdac atribuyó el escenario actual a una serie de decisiones tomadas entre 2024 y 2026. La entidad sostuvo que la Delegatura para Pensiones de la Superintendencia Financiera de Colombia le negó en 2024 la posibilidad de cubrir gastos administrativos con parte de los rendimientos de su portafolio. También mencionó un concepto emitido en junio de 2025 por la Dirección de Pensiones del Viceministerio de Empleo y Pensiones.

De acuerdo con la carta, ese criterio fue adoptado en una comisión intersectorial en la que la Caja no participó por su carácter privado y desconoció competencias que, a juicio de la caja, le asigna la ley.

Señaló que, con base en ese concepto, la Superintendencia ordenó en febrero de 2026 trasladar a los últimos 347 afiliados hacia Colpensiones. Sin embargo, en uno de los pedidos formulados al presidente y al vicepresidente, la carta alude a una orden de traslado emitida en febrero de 2025. El documento no aclara esa diferencia de fechas.

También mencionó un proyecto de decreto de conmutación pensional presentado en mayo de 2026. Según esta, la iniciativa buscaba trasladar sus obligaciones a Colpensiones y destinar parte de las reservas de los aviadores al pago de deudas de empresas de aviación. La entidad manifestó que decisiones judiciales frenaron los efectos de esa propuesta, aunque no identificó los procesos ni los despachos judiciales involucrados.

Revisión fiscal y autorización para usar rendimientos en 2027

La carta sostiene que “el Ministerio de Hacienda dejó constancia en una comunicación del 3 de octubre de 2022 y en el Acta 02 de la Comisión Intersectorial, fechada el 5 de junio de 2025, de que el pasivo pensional de Caxdac es privado y no debe ser asumido por la Nación”. Bajo ese argumento, la entidad solicitó una cuantificación oficial del costo fiscal de una eventual migración. También pidió suspender los efectos de la orden de traslado, revisar el concepto del Ministerio del Trabajo y elevar una consulta al Consejo de Estado sobre las competencias legales de la caja.

Otro de los pedidos se refiere a la posibilidad de financiar los gastos de administración de 2027 con parte de los rendimientos del portafolio, sin utilizar el capital de las reservas. Caxdac sostuvo que pretende un tratamiento equivalente al que, según la carta, se admite para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales y los fondos previstos en la Ley 2381 de 2024.

“No pedimos un trato excepcional ni recursos del presupuesto”, afirmó la entidad. En su lugar, solicitó que se protejan los ahorros administrados, se revise el marco jurídico aplicable y se evite que “un pasivo privado se convierta en una deuda multimillonaria para el Estado”.

Por últmo, pidió que la Presidencia designe un delegado para instalar una mesa de trabajo con su junta directiva, sus afiliados, pensionados y las entidades involucradas. Mientras el Ministerio del Trabajo mantiene su ruta de migración hacia Colpensiones, la caja busca que el Gobierno revise los costos, fundamentos legales y efectos financieros del proceso antes de que avance el traslado.