El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Danilo Rojas, anunció un paquete de medidas de austeridad que contempla el traslado de la entidad a una sede más pequeña en 2027, la reducción de esquemas de protección y un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios. Las decisiones buscan reducir gastos, aunque la propia jurisdicción advirtió que los ajustes pueden afectar labores esenciales para víctimas y comparecientes.
La medida con mayor impacto sobre el funcionamiento cotidiano será la entrega, en marzo de 2027, del edificio que ocupa actualmente la JEP. Rojas informó que la entidad dejará una sede de 15.000 metros cuadrados para operar en otra de 4.200 metros cuadrados. El cambio implicará una reducción estimada de $ 26.000.000.000 anuales en costos de infraestructura.
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La JEP dejará su actual sede en marzo de 2027

El nuevo espacio exigirá una modificación en la modalidad de trabajo. El presidente de la JEP señaló que el trabajo virtual pasará a ser la regla y que se organizarán turnos para la asistencia presencial. Con ello, la institución pretende adecuar su operación a una planta física de menor capacidad.
Rojas calificó el acto en el actual edificio como el último que se realizará allí. La jurisdicción también prevé revisar el funcionamiento de sus enlaces territoriales y buscará apoyo en universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entidades públicas locales, alcaldías, gobernaciones y organizaciones privadas para mantener presencia fuera de la capital.
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La estrategia supone que parte de las tareas administrativas y de atención se desarrollen mediante herramientas remotas o con apoyo interinstitucional. La JEP no detalló aún cuáles serán las nuevas instalaciones ni cómo se distribuirán las dependencias que hoy funcionan en su sede principal.
Los recortes alcanzan los esquemas de seguridad

El segundo frente de ajuste se concentra en la protección de funcionarios y participantes en los procesos. Según Rojas, los magistrados, fiscales y el secretario ejecutivo tendrán una reducción en sus esquemas de seguridad. En el caso de los dos últimos, precisó que prescindirán por completo de esa protección.
La decisión también modifica los esquemas destinados a víctimas, testigos y comparecientes, una medida que el presidente de la JEP describió como difícil. El ahorro calculado por este concepto asciende a $37.000.000.000 al año. La jurisdicción solicitará al Gobierno nacional que asuma la responsabilidad que le corresponda frente a esta decisión, de acuerdo con las normas aplicables.
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El anuncio no especificó cuántas personas perderán o verán reducido su esquema, ni los criterios que se emplearán para revisar los análisis de riesgo. Ese componente es sensible para la JEP, que tramita casos relacionados con el conflicto armado y convoca a víctimas, exintegrantes de grupos armados y miembros de la fuerza pública.
El 85% de los contratos de servicios será eliminado

La tercera medida anunciada es el recorte del 85% de los contratos de prestación de servicios, con un ajuste proyectado de cerca de $83.000.000.000. Rojas alertó que esa reducción deja un vacío que puede poner en riesgo la continuidad de la actividad misional de la jurisdicción.
De acuerdo con el magistrado, esos contratos sostenían en buena parte la defensa técnica, el acompañamiento psicosocial y los encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes. Para responder a la disminución del personal contratado, la JEP tendrá que estructurar su planta de personal y definir cómo suplirá los apoyos que dejarán de prestarse.
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El presidente de la jurisdicción pidió comprensión a las personas que resultarán afectadas por las decisiones. El plan de austeridad quedará sujeto a la implementación del traslado de sede, a la reorganización del trabajo y a las definiciones que adopte la entidad para sostener sus servicios misionales durante el ajuste.
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