Nueva denuncia contra el expresidente Petro llegó a la Comisión de Acusación: esta vez por el video divulgado por Deicy Jiménez y los ‘sexocontratos’

Una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro fue presentada el jueves 5 de noviembre de 2026 ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La acción fue interpuesta por la representante a la Cámara por Bogotá, Carol Borda, y la senadora Sara Castellanos, quienes pidieron investigar posibles irregularidades relacionadas con la contratación estatal y la eventual utilización de recursos públicos para obtener beneficios personales.

La denuncia tiene como antecedente los señalamientos realizados por Deicy Jiménez Ramírez, quien aseguró haber recibido apoyo para acceder a contratos con entidades estatales y relacionó esas vinculaciones con supuestos encuentros de carácter personal y sexual con Petro. A estas declaraciones se sumó la publicación de un video en la noche del 4 de noviembre, que la mujer presentó como respaldo de parte de su relato.

Las congresistas solicitaron establecer si el entonces presidente utilizó atribuciones oficiales, influencias funcionales, funcionarios o recursos públicos para favorecer contrataciones a cambio de beneficios particulares. El documento aclara que la investigación no busca cuestionar una relación personal o sexual consentida, sino determinar si existieron presiones, condicionamientos o actuaciones contrarias a la legalidad en el ejercicio de la función pública.

Los argumentos de la denuncia

Uno de los principales elementos expuestos corresponde a una entrevista concedida por Deicy Jiménez a la revista Semana, publicada el 25 de octubre de 2026. En esa conversación, manifestó que conoció a Gustavo Petro en 2019, cuando todavía desempeñaba como senador de la República, y sostuvo que posteriormente habría recibido ayuda para conseguir vinculaciones contractuales con entidades estatales.

Según su versión, ese apoyo habría estado relacionado con sus vínculos personales y con prestaciones de índole sexual. Además, afirmó que el presunto mecanismo habría involucrado a otras mujeres. Sin embargo, la denuncia advierte que la identidad, el número y las circunstancias de esas posibles personas no están establecidos y requieren verificación.

En cuanto a los registros de contratación pública, las congresistas citaron publicaciones periodísticas de varios medios de comunicación, que identificaron contratos a nombre de Jiménez con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

De acuerdo con la información de Cambio, se trataría de diez contratos por un valor acumulado aproximado de $133,56 millones, correspondientes a diferentes periodos entre 2021 y 2026. Entre los acuerdos mencionados figura uno de apoyo a la gestión con la Primera Vicepresidencia del Senado, suscrito en 2023; otro relacionado con archivos y organización documental con la Superintendencia de Vigilancia durante 2025, y varios contratos con dependencias del Ministerio del Interior durante 2025 y 2026.

La denuncia pide revisar los objetos contractuales, los requisitos de idoneidad, los estudios previos, la ejecución de los servicios, los pagos y los funcionarios que participaron en los procesos de selección. El propósito es establecer si las vinculaciones respondieron a necesidades reales de las entidades y si las obligaciones fueron cumplidas.

Adicionalmente, las congresistas solicitaron verificar una posible vinculación de Jiménez con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante 2026, mediante una certificación oficial de esa entidad.

El video divulgado y las investigaciones en curso

El 4 de noviembre, Deicy Jiménez publicó en su cuenta de Instagram una grabación de 54 segundos, que describió como prueba de sus afirmaciones. El material muestra un encuentro privado y cercanía personal con quien sería el expresidente Petro. No obstante, no existe una pericia conocida que permita establecer la fecha y el lugar de grabación, la integridad de la secuencia o su cadena de custodia.

Por esta razón, las denunciantes solicitaron un examen técnico para verificar los metadatos, el dispositivo utilizado, posibles alteraciones y la continuidad del archivo audiovisual. También pidieron establecer la identidad técnica de las voces y las imágenes, en cuanto resulte legal y necesario.

Por el caso de los denominados “sexocontratos”, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa el 26 de octubre respecto de servidores públicos por determinar. En el marco de esa actuación, solicitó información contractual al Congreso, al Dapre, al Ministerio del Interior y a las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud.

Asimismo, señala que Jiménez rindió declaración el 29 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia, en diligencias relacionadas con los señalamientos sobre vinculaciones contractuales con entidades estatales.

La investigación en la Comisión de Acusación

En el componente jurídico, Borda y Castellanos sustentaron la denuncia en los artículos 174 y 178 de la Constitución Política, así como en el artículo 329 de la Ley 5 de 1992, relacionados con las competencias del Congreso para conocer acusaciones contra altos funcionarios aforados.

Uno de los puntos que solicitaron delimitar es el periodo en el que habrían ocurrido los hechos, pues las declaraciones de Jiménez hacen referencia a situaciones que podrían remontarse a 2019, mientras que el mandato presidencial de Gustavo Petro transcurrió entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de agosto de 2026. La denuncia advierte que los hechos anteriores al inicio de la Presidencia no pueden incorporarse automáticamente al fuero presidencial, por lo que considera necesario establecer cuáles actuaciones habrían ocurrido durante el ejercicio del cargo y cuáles corresponden a periodos anteriores.

Finalmente, las congresistas solicitaron determinar qué funcionarios intervinieron en las contrataciones, si existieron recomendaciones u órdenes del entonces presidente, si los servicios fueron efectivamente prestados y si hubo alguna contraprestación indebida.

La Comisión Legal de Investigación y Acusación deberá examinar la denuncia y determinar las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias constitucionales y legales. Mientras tanto, las afirmaciones presentadas por Jiménez y los hechos expuestos por las congresistas están pendientes de verificación dentro de las investigaciones respectivas.