María Clara Posada lanzó pulla al togado Alejandro Ramelli y respaldó los recortes del nuevo presidente de la JEP: “Qué diferencia”

La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, respaldó formalmente los ajustes administrativos y las medidas de austeridad presupuestal implementadas por el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Danilo Rojas, al tiempo que cuestionó la gestión desarrollada por su antecesor en la jefatura del organismo judicial Alejandro Ramelli.

La congresista contrastó de manera directa la disposición al diálogo y el entendimiento institucional que mostró la nueva presidencia del alto tribunal frente a la postura distante que mantuvo el anterior mandatario de la entidad durante las citaciones a debates sobre la asignación de recursos en el Congreso de la República.

En su pronunciamiento, la congresista celebró que la actual dirección del tribunal especial reconozca la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país y adopte determinaciones inmediatas para concentrar los esfuerzos de la entidad en su misión esencial como tribunal de justicia, suprimiendo rubros operativos que consideró desmedidos.

Entre las determinaciones administrativas concretas que destacó la legisladora se encuentran la entrega formal y renuncia a la sede que ocupaba el organismo judicial, la terminación del 85% de los contratos de prestación de servicios, la implementación preferente del trabajo virtual y la reestructuración a la baja en los esquemas de protección y seguridad asignados a los funcionarios del despacho.

“Qué diferencia la actitud del nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, frente a la arrogancia de Alejandro Ramelli, que quiso imponer su voluntad en el Congreso y abstenerse de rendir cuentas”, señaló la senadora María Clara Posada al evaluar la transición institucional dentro del órgano de justicia transicional.

De acuerdo con los cálculos señalados por la congresista, este paquete de medidas permitirá ahorrarles a las finanzas del Estado miles de millones de pesos anuales, al ratificar los cuestionamientos y reparos que diversos sectores del Legislativo venían exponiendo sobre la operación administrativa de la corporación.

“Tal y como lo advertimos, la opulencia de la JEP no era un mito. Cuando exigían recursos exorbitantes y pretendían que nadie pudiera vigilarlos, auditarlos ni cuestionarlos, aquí alzamos la voz”, aseguró Posada al recordar los debates sostenidos sobre las partidas presupuestales solicitadas para vigencias anteriores.

El reclamo por las garantías procesales a integrantes de la fuerza pública

Pese a valorar de forma positiva el giro en materia de austeridad y contención del gasto público adoptado por el magistrado Danilo Rojas, la senadora advirtió que la reestructuración financiera no agota ni resuelve las discusiones de fondo que están pendientes alrededor del modelo integral de justicia transicional.

María Clara Posada solicitó de manera puntual a la nueva dirección de la JEP una revisión rigurosa del debido proceso y las garantías judiciales efectivas que se brindan a los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que comparecen ante las distintas salas y secciones del alto tribunal.

En particular, la congresista expresó su preocupación por la situación jurídica de aquellos uniformados que no han reconocido responsabilidad en los hechos del conflicto armado sometidos a conocimiento del tribunal y que mantienen procesos activos para demostrar su inocencia en derecho ante los magistrados.

“Invito al magistrado Rojas a escuchar nuestro llamado para actuar en derecho, conforme a la Constitución y la ley”, sostuvo la senadora, al hacer un llamado público a mantener el equilibrio procesal y el respeto irrestricto por los principios legales en cada una de las providencias judiciales que se profieran.

La agenda de rendición de cuentas y vigilancia institucional

La congresista concluyó que el Congreso y la opinión pública nacional continúan a la espera de explicaciones completas y respuestas documentadas sobre decisiones contractuales asumidas durante las etapas previas del alto tribunal especial de paz.

Para la legisladora, las determinaciones financieras recién anunciadas deben servir como punto de partida indispensable para consolidar una entidad más abierta al escrutinio ciudadano, a las auditorías fiscales y a los controles ordinarios de los entes competentes del Estado.

El replanteamiento operativo de la JEP se produce en un momento de intensas discusiones legislativas sobre el uso eficiente de los recursos asignados a las altas cortes, donde se evalúa el equilibrio entre la optimización presupuestal y la garantía efectiva de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia en el territorio colombiano.