La Contraloría General de la República inició una investigación interna dentro de las dependencias del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para esclarecer presuntas irregularidades en procesos de contratación y manejo de recursos públicos suscritos durante la administración gubernamental anterior.
La instalación formal de la comisión de control fiscal se llevó a cabo este jueves 5 de noviembre por parte del director general del Sena, Ricardo Torres Castro, quien facilitó el ingreso de los peritos en la sede central para dar seguimiento directo a las alertas expuestas por el presidente Abelardo de la Espriella.
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Las labores de fiscalización y custodia quedaron en manos de un equipo especializado de Policía Judicial perteneciente a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el cual permanecerá de forma permanente en las oficinas de la entidad con el propósito de asegurar material físico y soportes digitales.
La Contraloría General de la República inició una actuación de control fiscal en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) (@SENAComunica/X)
Los 12 procedimientos de la Contraloría para rastrear posibles irregularidades en los contratos del Sena
Los investigadores del ente de control fiscal ejecutarán un plan metodológico de intervención técnica que contempla una docena de protocolos estandarizados para verificar la legalidad y transparencia de los expedientes administrativos tramitados por las distintas áreas directivas.
“En el marco de las funciones de Policía Judicial venimos a desarrollar un plan de trabajo en el cual vamos a implementar los 12 procedimientos que nosotros tenemos preestablecidos, como es la inspección técnica a lugares, recolección de imágenes forenses; también vamos a hacer entrevistas y recolección de elementos de material probatorio en evidencia física”, explicó el vocero de la Diari durante la rueda de prensa oficial.
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El portavoz del organismo de fiscalización indicó que el cronograma de trabajo institucional se formuló a partir de insumos reservados que serán contrastados con la ejecución presupuestal en las diferentes sedes del territorio nacional.
“Todo esto, previo a un plan de trabajo que tenemos estipulado según una información que goza de confidencialidad que vamos a desarrollar durante este tiempo, vamos a mirar el margen de tiempo que necesitamos junto con el equipo técnico de trabajo de la Policía Judicial de la Contraloría”, agregó el representante técnico sobre las etapas de inspección.
Pagos, sobrecostos y documentos: las pruebas que buscan recopilar los investigadores
La presencia de los auditores y peritos forenses en el Sena responde a lo dispuesto en la Directiva Presidencial 04, expedida el pasado 7 de octubre de 2026, mediante la cual el presidente De la Espriella instruyó a los directores y funcionarios de mayor rango del Estado a emprender procesos inmediatos de revisión sobre la contratación celebrada durante 2026 y en el gobierno de Gustavo Petro.
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La directriz del Gobierno nacional está orientada a que las oficinas de control interno examinen de manera detallada si los acuerdos contractuales se encuentran en regla, si fueron ejecutados en su totalidad o si continúan en desarrollo dentro de los plazos establecidos.
Asimismo, la orden gubernamental busca certificar que los desembolsos económicos correspondan a bienes o servicios efectivamente recibidos, corroborando que cada contratista haya cumplido a cabalidad con el objeto pactado con la institución educativa pública.
En el mismo documento oficial, el presidente exigió a los funcionarios responsables elaborar un registro documental riguroso de cada verificación y solicitar la inmediata intervención de los organismos de control ante cualquier indicio de inconsistencia o falta a las normas presupuestales.
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El recaudo de elementos probatorios y las posibles sanciones
Hasta el momento, la Diari mantiene en reserva los detalles específicos de las alertas iniciales que motivaron el inicio de la actuación institucional en la sede del Sena.
Los delegados de la Contraloría comenzarán a recopilar libros contables, actas de liquidación y testimonios de supervisores para confirmar o descartar la existencia de sobrecostos o pagos indebidos en los programas formativos.
En caso de hallar pruebas contundentes que evidencien un detrimento al patrimonio público o faltas disciplinarias cometidas por funcionarios de la administración anterior, los informes serán remitidos a las dependencias investigativas competentes y a la Fiscalía General de la Nación para iniciar las acciones sancionatorias y penales correspondientes.
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