Presidenta del Tribunal Superior de Bogotá exigió más presupuesto al Gobierno De la Espriella: “La justicia no puede esperar un milagro fiscal”

La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Diana Marcela Camacho, alertó sobre las dificultades que enfrenta la administración de justicia por la insuficiencia de recursos presupuestales y el incremento de procesos judiciales que recibe la capital del país.

Durante una jornada académica organizada por el tribunal, la magistrada hizo un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Justicia para que adopten medidas que permitan ampliar la capacidad de respuesta de los despachos judiciales y atender el creciente volumen de procesos que recibe la capital.

La preocupación se concentra en el presupuesto proyectado para 2027. Según las cifras expuestas por Camacho, la Rama Judicial requiere 17,5 billones de pesos para garantizar su funcionamiento, pero la asignación presupuestal quedó en 11,5 billones, lo que representa una brecha del 34%. Esta diferencia, señaló, dificulta la creación de nuevos juzgados y la implementación de estrategias para reducir el represamiento de expedientes.

Bogotá concentra más de una cuarta parte de las tutelas del país

Durante su intervención, la magistrada explicó que el crecimiento poblacional de Bogotá y el aumento de los conflictos en la ciudad han generado un mayor ingreso de procesos, sin que se haya incrementado proporcionalmente el número de jueces encargados de resolverlos. “A nosotros nos han llegado muchísimos más procesos que en años anteriores y no tenemos la cantidad suficiente de jueces para tramitarlos”, afirmó.

En ese sentido, presentó cifras sobre la carga laboral de diferentes especialidades judiciales y expuso las dificultades que enfrentan los funcionarios para responder a los procesos dentro de los términos establecidos.

En el caso de los juzgados civiles, indicó que reciben en promedio 49 procesos al mes, más del doble de los que ingresan a despachos de Cali. En los juzgados de pequeñas causas, el represamiento supera los 2.800 expedientes acumulados por despacho.

La situación también se refleja en la jurisdicción penal. Según Camacho, durante 2026 la Sala Penal recibió más del doble de asuntos que la de Riohacha. Además, señaló que los 33 jueces de ejecución de penas de Bogotá tienen a su cargo la vigilancia de las condenas de cerca de 60.000 personas, lo que equivale aproximadamente a 1.800 procesos por juez.

En la Sala de Familia, cada magistrado recibe en promedio 67 procesos mensuales y resuelve 48. La cifra de ingresos supera la registrada en Cali, donde se reciben 30 asuntos al mes, y en Medellín, con 48.

La magistrada también expuso la situación de la Sala de Restitución de Tierras, integrada por tres magistrados, cuyos despachos resuelven cinco veces más asuntos que los del resto del país. Agregó que más de la mitad de los procesos que ingresan a esa sala corresponden a acciones de tutela, situación que afecta la atención de los casos relacionados con víctimas de despojo.

Sobre este último mecanismo, Camacho señaló que representa uno de los principales factores de presión para el sistema judicial. De acuerdo con el informe de la Comisión Interinstitucional Seccional de Bogotá, con corte a agosto de 2026 se han radicado 781.000 tutelas en Colombia, de las cuales más de 210.000 corresponden al distrito judicial de Bogotá.

La capital concentró el 26,89% de las acciones de tutela del país, una proporción que, según la magistrada, supera los registros conjuntos de los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

“Los jueces y magistrados en Bogotá nos convertimos en la práctica en jueces de tutela permanentes. Un gran instrumento, eso es verdad. Pero debido al volumen que estamos recibiendo, debemos postergar las sentencias ordinarias. Y aun así, sostenemos los números de ingresos que no son simples estadísticas. Números que demuestran que este tribunal llegó a su límite operativo”, manifestó.

Reparto nacional de tutelas, una alternativa sin costos adicionales

Además de solicitar recursos para crear nuevos despachos, Camacho planteó una medida que, según explicó, permitiría distribuir la carga judicial entre diferentes regiones sin necesidad de aumentar el presupuesto: establecer el reparto nacional de las acciones de tutela mediante un decreto reglamentario del Gobierno.

La presidenta del tribunal pidió directamente al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, evaluar esta alternativa y revisar las condiciones particulares de Bogotá para la asignación de recursos en 2027.

“Comprendemos perfectamente la estrechez de las arcas públicas. Sabemos que hace unos días, el 29 de octubre, el Gobierno radicó el proyecto de ley de rescate económico para buscar salidas financieras; pero seamos realistas, mientras ese debate económico avanza en el Congreso y los recursos llegan, la tutela del ciudadano enfermo, el proceso del trabajador, no van a dar espera”, señaló la magistrada.

En su intervención, insistió en que la administración de justicia necesita soluciones que puedan aplicarse mientras avanzan las discusiones presupuestales. “La justicia no puede cruzarse de brazos a esperar un milagro fiscal”, sentenció Camacho al defender la implementación de mecanismos que no impliquen nuevos gastos para el erario ni la apertura de más despachos judiciales.

Como antecedente jurídico, mencionó el Decreto 1446 de 2026, mediante el cual el Gobierno modificó las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1069 de 2015 para distribuir acciones contra autoridades y entidades nacionales. Según explicó, esta disposición demuestra que el Ejecutivo cuenta con herramientas reglamentarias para modificar los criterios de asignación de determinados procesos.

También recordó el mecanismo extraordinario de reparto implementado tras el terremoto del 10 de agosto, que permitió distribuir asuntos judiciales originados en Buga entre despachos de otras regiones. De acuerdo con su exposición, la medida facilitó la continuidad del servicio en distritos afectados del Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó, sin interrupciones en el sistema.

“Si la judicatura fue capaz de hacerlo de la noche a la mañana frente a una tragedia natural sin planeación previa, ¿por qué no hacerlo hoy frente a esta emergencia judicial estructural? Solo falta la voluntad del Gobierno para expedir el decreto que equilibre las cargas de la justicia en Colombia”, sostuvo.