Ofensiva en Cúcuta dejó más de 100 capturados: autoridades recuperaron mercancía avaluada en cerca de $500 millones

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de 111 personas y la aprehensión de un menor de edad en Cúcuta y su área metropolitana (Norte de Santander). Este resultado hace parte de una operación adelantada por el ente acusador y otras entidades contra organizaciones criminales vinculadas con delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

La ofensiva implicó el desarrollo de 58 allanamientos en ocho comunas de Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano, el corregimiento de La Parada y otros sectores de la ciudad y su área metropolitana. Fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Seccional Norte de Santander coordinaron las diligencias con el CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional; hubo 42 capturas por orden judicial y 69 en flagrancia.

Los detenidos harían parte de estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Tren de Aragua, La Familia P, Los Turcos, Los Mexicanos, Los Manilargos y Los de la F, que son organizaciones relacionadas con delitos graves como homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, extorsiones y hurtos.

De acuerdo con el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl Humberto González, de la totalidad de los allanamientos, 16 se llevaron a cabo en Cúcuta y El Zulia.

“En cinco de los procedimientos realizados fueron capturadas cinco personas que harían parte del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, quienes estarían implicadas en actos de terrorismo contra la población civil, ataques contra la fuerza pública, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito, entre otras conductas”, precisó el funcionario.

Estas personas son investigadas por su posible participación en el ataque a la subestación de policía de Aguaclara, perpetrado en febrero de 2022, y en la preparación de un artefacto explosivo en julio de 2024.

Además, tres de los capturados harían parte del Tren de Aragua y habrían participado en el cobro de extorsiones a comerciantes y ciudadanos, así como en el tráfico de estupefacientes en Cúcuta y municipios vecinos, según detalló el delegado.

Dos de las personas detenidas fueron capturadas en flagrancia por su presunta vinculación a casos de explotación sexual de mujeres y menores de edad en un estudio webcam ubicado en el sector Las Américas, en Cúcuta.

Sobre el grupo delincuencial conocido como la Familia P, la directora de la Seccional Norte de Santander de la Fiscalía, Aura Nubia Martínez, reveló que la organización es señalada de desarrollar actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes, homicidios en la modalidad de sicariato y extorsiones.

De acuerdo con la Fiscalía, durante los procedimientos fueron incautadas armas de fuego, proveedores, municiones, supresores, teléfonos celulares, cuatro vehículos, más de 7.800 kilogramos de marihuana y 3.400 kilogramos de cocaína y bazuco. También se recuperaron ocho motocicletas y mercancía avaluada en cerca de $500 millones.

El delegado contra la Criminalidad Organizada informó que en la diligencia que se adelantó en la cárcel de Pamplona, fueron hallados siete dispositivos móviles y 10 tarjetas SIM que estaban ocultas en las celdas.

Por otro lado, la Fiscalía indicó que en la ofensiva también fue desarticulada una red señalada de alterar medicamentos vencidos, deteriorados o de uso institucional.

El ente acusador indicó que todos los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, para su respectiva judicialización. La Fiscalía les imputará, según su presunta responsabilidad individual, delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, trata de personas, corrupción de alimentos, hurto y reclutamiento ilícito en grado de tentativa, entre otras conductas.

“La intervención refleja la aplicación de un modelo investigativo que prioriza los fenómenos criminales de mayor impacto y busca debilitar las capacidades de las organizaciones que afectan la tranquilidad de las comunidades”, precisó la Fiscalía.