Las Comisiones Económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto de ley que fija el Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2027-2028 por $27,54 billones.
La decisión legislativa avala el monto que financiará obras públicas, programas territoriales y mecanismos de ahorro durante los próximos dos años en los departamentos y municipios de Colombia.
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El articulado establece que $25,9 billones corresponden a proyectos de inversión pública en los territorios, mientras que $964.000 millones se asignarán a los mecanismos de ahorro del sistema y $643.000 millones a labores de administración, seguimiento, evaluación y control institucional.
Dentro de los dineros destinados a inversión, la ley contempla $7,28 billones para programas de alcance regional, $5,77 billones para compromisos de paz, $5,37 billones en asignaciones directas a zonas productoras, $3,21 billones para desarrollo local y $2,14 billones para ciencia, tecnología e innovación.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, intervino durante la sustentación técnica para explicar el alcance de los recursos y la distribución del gasto: “El proyecto de ley busca priorizar inversiones de alto impacto territorial mediante la financiación de proyectos estratégicos que contribuyan a mejorar la productividad y cerrar brechas en las regiones, profundizando la descentralización y fortaleciendo la autonomía de los territorios”.
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La iniciativa incluye una destinación específica para atender los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, así como partidas orientadas a la seguridad energética, la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
En materia de distribución geográfica, el presupuesto asigna $16,25 billones divididos en seis zonas del país:
- La región Caribe recibirá $5,18 billones.
- El Llano recibirá $3,72 billones.
- La región de centro-oriente tendrá $2,35 billones.
- El Pacífico podrá tener $1,92 billones.
- El Eje Cafetero recibirá $1,60 billones.
- La región centro-sur y Amazonía dispondrá de $1,48 billones.

Menos recursos por la caída en las proyecciones del sector minero-energético
El monto global de $27,54 billones representa una disminución del 11% frente a los $30,96 billones ejecutados en el periodo 2025-2026. Este ajuste responde a la variación en los cálculos oficiales sobre precios internacionales del crudo, cotización de divisas y volumen de producción del sector minero-energético.
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Tras superar esta votación en comisiones conjuntas, los proyectos de ley 422 de 2026 Cámara y 290 de 2026 Senado pasarán a segundo debate en las plenarias de ambas corporaciones. Las dos corporaciones deberán discutir y votar el articulado antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones.
Si surgen diferencias entre lo aprobado por senadores y representantes, comisiones accidentales conciliarán un texto único que será remitido al presidente de la República para su sanción oficial antes del 31 de diciembre de 2026, fecha límite para asegurar su vigencia desde el primero de enero de 2027.

La importancia del proyecto de Presupuesto del Sistema General de Regalías
El Sistema General de Regalías es la alcancía donde entra la compensación económica que pagan las empresas por extraer recursos no renovables en Colombia, como petróleo, carbón, gas y minerales. Como esa riqueza bajo tierra pertenece a todos los colombianos y no se vuelve a recuperar, el Estado cobra una contraprestación para redistribuirla en el territorio.
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A diferencia del presupuesto ordinario del país, el de regalías se planifica y aprueba cada dos años. Es una bolsa independiente que no se junta con los impuestos comunes y se divide en varios bolsillos: un porcentaje va directo a las zonas productoras y portuarias, otra parte a las regiones más necesitadas y montos específicos a ciencia, medio ambiente y ahorro para épocas de crisis.
Su propósito central es transformar un recurso que se agota en obras duraderas que mejoren la calidad de vida. Estos fondos financian proyectos clave de desarrollo, como la pavimentación de vías terciarias, la construcción de acueductos, alcantarillados, colegios, puestos de salud y programas de apoyo al campo, buscando reducir la desigualdad entre regiones.
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Por ley, esta plata no se entrega como cheque en blanco ni para pagar gastos del día a día de alcaldías o gobernaciones. Los mandatarios locales deben formular proyectos técnicos concretos; una vez viabilizados y aprobados según su impacto social, los recursos se desembolsan de manera controlada conforme avanza la construcción de las obras.
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