Fiscalía ordenó investigar filtración de información del caso de envenenamiento con talio y de las declaraciones de Eva Ferrer

La Fiscalía General de la Nación advirtió sobre la divulgación no autorizada de información de indagaciones y actuaciones judiciales sometidas a reserva legal en la investigación que se adelanta sobre el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, en la que está involucrada la ciudadana Zulma Guzmán Castro.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el ente acusador, la filtración de información que goza de reserva puede afectar el debido proceso investigativo. Además, puede comprometer el desarrollo de las indagaciones, vulnerar la integridad de los testigos y el buen nombre de las víctimas.

“Los servidores públicos y las partes intervinientes que tienen acceso a estas actuaciones están obligados a preservar su confidencialidad, de conformidad con la ley y la jurisprudencia vigente. Este deber constituye una garantía para la determinación de la verdad sobre los hechos y no admite excepciones por fuera de las disposiciones legales”, precisó la Fiscalía en la comunicación.

Es por eso que ordenó el desarrollo de actividades de policía judicial, con el objetivo de establecer el origen de las filtraciones de la información, que tiene relación con documentos propios del caso y algunas audiencias.

La investigación sobre el caso indica que la empresaria Zulma Guzmán habría sido la responsable de la muerte de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, 13 años, registrada en abril de 2025. Las menores consumieron frambuesas contaminadas con talio, las cuales fueron enviadas a la casa de Inés de Bedout; al parecer, la mujer tuvo una relación clandestina con Juan de Bedout Vargas, su padre.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Zulma Guzmán fue capturada en diciembre de 2025 en Londres (Inglaterra). Su extradición a Colombia todavía no se ha efectuado y la audiencia en la que se definirá esa diligencia fue aplazada hasta marzo de 2027.

El caso de Eva Ferrer: denunciante

La Fiscalía también dio esa misma instrucción ante la filtración de información sobre la diligencia de declaración juramentada de la exconsejera presidencial para la Reconciliación Eva Ferrer Galcerán, que denunció públicamente y ante las autoridades presuntas irregularidades en las que habría incurrido Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia.

De acuerdo con declaraciones que dio la exfuncionaria en entrevista con Semana, Alcocer habría liderado una supuesta red de tráfico de drogas, armas y dinero. Esos elementos habrían sido movilizados entre Colombia y Estados Unidos y, presuntamente, se habría hecho uso de una aeronave oficial para ello. Además, hizo señalamientos en contra de otros servidores públicos cercanos a la ex primera dama, relacionados con testaferrato y presuntas irregularidades en el manejo de recursos en campaña.

Ferrer dio a conocer más detalles sobre estos y otros hechos ante la Fiscalía y parte de lo que declaró se filtró a los medios de comunicación.

Así las cosas, el ente acusador indicó que estos casos “tienen un alto grado de complejidad y relevancia nacional”. De ahí la necesidad de adelantar las verificaciones pertinentes, con el fin de determinar las circunstancias de lo ocurrido, identificar a los posibles responsables y compulsar copias disciplinarias y penales, si así se requiere.

“La Fiscalía General de la Nación reafirma pleno respeto por la libertad de prensa y el derecho a la información, y reitera que a los funcionarios judiciales les asiste la obligación de actuar con rigor en la custodia del material probatorio y denunciar oportunamente la violación de la reserva legal”, añadió la Fiscalía en el comunicado oficial.