Director de la cárcel Villahermosa en Cali recibió amenazas contra su familia: retiraron su esquema de seguridad pese a riesgo extraordinario

La seguridad de los funcionarios penitenciarios en el Valle del Cauca vuelve a generar preocupación tras una denuncia que involucra al director de la cárcel de Villahermosa, en Cali. Las intimidaciones habrían llegado hasta su entorno familiar y estarían relacionadas con decisiones que debe adoptar dentro del centro penitenciario.

Jesús Alberto Córdoba Campos puso la situación en conocimiento del personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, mediante una carta en la que expuso las amenazas que ha recibido; además, cuestionó la reducción de las medidas asignadas para protegerlo. Según relató, su situación de riesgo no ha mejorado y existen advertencias sobre posibles ataques contra integrantes del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Uno de los aspectos que más preocupa al funcionario es que, desde finales de septiembre de 2026, la Unidad Nacional de Protección (UNP) canceló el esquema de seguridad que tenía asignado. Pese a contar con una calificación de riesgo extraordinario, actualmente solo dispone de un chaleco antibalas como medida de protección.

La denuncia incluye episodios ocurridos fuera de Cali. Córdoba aseguró que personas señaladas de amenazarlo llegaron hasta la entrada de su vivienda en Bucaramanga, donde dejaron panfletos extorsivos firmados por alias Serrucho. Los documentos estaban acompañados de imágenes de armas de asalto y contenían advertencias dirigidas al director.

Los mensajes, de acuerdo con su relato, estarían relacionados con exigencias sobre decisiones que debe tomar dentro de la cárcel de Villahermosa. Una de las frases incluidas en las intimidaciones fue especialmente contundente: “El próximo comunicado no será con nota”.

Amenazas también alcanzan a su familia y al personal del Inpec

Córdoba manifestó que las intimidaciones no representan un riesgo únicamente para él. En la comunicación enviada a la Personería advirtió sobre la posibilidad de que su esposa, sus hijos y otros funcionarios penitenciarios también resulten afectados por las amenazas.

El director hizo referencia a informes de inteligencia del propio Inpec que advertirían sobre posibles atentados contra integrantes del personal directivo y de custodia en el Valle del Cauca. Las alertas mencionarían a estructuras criminales como La Inmaculada y Care Vieja.

La preocupación aumenta por los antecedentes de violencia registrados alrededor del establecimiento penitenciario. El más reciente ocurrió el 30 de octubre de 2026, cuando el dragoneante Luis Francisco Ramírez Sáchica fue asesinado a tiros en inmediaciones de Villahermosa.

El funcionario se movilizaba en motocicleta cuando fue atacado, minutos después de finalizar su turno. Hasta ahora, las autoridades no han establecido si este homicidio tiene alguna relación con las amenazas que denunció el director del penal. Sin embargo, el asesinato volvió a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad de quienes trabajan en el sistema penitenciario y las advertencias que han surgido sobre posibles ataques contra sus integrantes.

Villahermosa ya había sido escenario de un atentado

El establecimiento carcelario también tiene antecedentes de ataques con explosivos. En junio de 2025, un artefacto fue lanzado contra la entrada principal de Villahermosa y dejó cinco personas heridas. Entre los afectados se encontraban cuatro funcionarios del Inpec y un menor de edad.

A raíz de la nueva denuncia, la Personería de Cali rechazó las intimidaciones contra Córdoba y anunció que activará las rutas institucionales de atención y protección. La entidad adelantará gestiones ante la Unidad Nacional de Protección y otras autoridades para solicitar una revisión urgente de las condiciones de seguridad del director.

La solicitud busca que se evalúe nuevamente el nivel de riesgo y se adopten medidas que permitan proteger tanto al funcionario como a sus familiares y a los trabajadores penitenciarios que podrían estar expuestos. Por ahora, Córdoba mantiene su preocupación por la decisión de retirar el esquema de seguridad. Su denuncia apunta a una contradicción entre la reducción de las medidas de protección y las advertencias que, según sostiene, continúan vigentes dentro de la institución.