Contratos de prestación de servicios tendrían un recorte del 50% en el gasto en 2027 con la reforma tributaria: el vicepresidente Restrepo habló de eliminar “corbatas”

El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria, que prevé una reducción del 20% en el gasto de nómina de las entidades del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2028, con excepción de la fuerza pública, y un recorte del 50% en las obligaciones por órdenes de prestación de servicios en 2027 frente a 2026.

La iniciativa propone:

• Reducir el 15% del gasto público total mediante recortes de nómina, contratación de servicios, compras y gastos administrativos.
• Limitar la publicidad oficial,.
• Eliminar beneficios tributarios sobre gastos de representación de determinados servidores públicos.
• Reorganizar entidades para reducir sus costos.

Para las entidades del PGN, la medida de ajuste de nómina representa un ahorro de $9,6 billones solo en 2028. Para 2029 y 2030, esos gastos podrán aumentar como máximo al ritmo de la inflación más 0,5 puntos porcentuales (PP), una regla que respeta el mandato constitucional de elevar los salarios públicos al menos conforme a la inflación.

El Gobierno proyecta que el conjunto de medidas genere ahorros estatales de $44,6 billones en 2027 y de $76,1 billones en 2030, cifras que corresponden a las medidas de austeridad y reducción del gasto contempladas en el proyecto que deberá tramitar el Legislativo.

Metas de ahorro y ajuste del gasto estatal

El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que la urgencia de la propuesta se debe a la situación fiscal que, según dijo, recibió la administración del presidente Abelardo de la Espriella. “El hueco que recibe el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es de tal dimensión que uno no se puede quedar quieto. Es decir, quedarse quieto significa que Colombia en 2027 entre en default. Significa que Colombia en 2027 sea un país inviable”, afirmó.

Restrepo advirtió sobre el riesgo de una suspensión de pagos en 2027 si el país no actúa y sostuvo que el esfuerzo debe comenzar dentro del sector público: “Que el grueso de este esfuerzo venga de nosotros mismos, que demos ejemplo, que el Estado disminuya el tamaño de lo que realiza”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, presentó la iniciativa como un ajuste centrado en la estructura estatal.

“Esta es la primera vez que en el país se hace un ajuste fiscal de esta naturaleza, arrancando por donde debe ser, que es apretando el cinturón del Estado”, afirmó. Precisó también la dimensión del ajuste. Indicó que “el ajuste busca reducir los gastos de la nación en $45 billones. De esos, entre $30 y $35 billones los pone la austeridad del Gobierno, que eso es lo más importante”.

El proyecto de PGN para 2027 ya incorpora $17,4 billones en medidas de austeridad provenientes de menores compras públicas, transferencias y proyectos de inversión no prioritarios. Con la ley, dos de cada tres pesos del ajuste previsto saldrían de una reducción del gasto estatal.

Crecimiento de cargos y contratos durante el Gobierno Petro

El Gobierno sustentó la necesidad del recorte en la expansión de la estructura administrativa entre 2023 y 2027:

• Rama Ejecutiva: los cargos crecieron 25,9%, con más de 22.000 plazas adicionales, al pasar de 85.755 a 107.927.
• Hacienda: registró un aumento del 67,6% en ese período. La Dian pasó de 10.000 a 16.000 empleados en esos cuatro años y en ese tiempo no cumplió con las metas del recaudo.
• Justicia y Derecho: la estructura del sector aumentó 28,7%.
• Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): registró un incremento del 21,5%.
• Obligaciones por órdenes de prestación de servicios (OPS): subieron 33,9%, de $5,326 billones a $7,133 billones, un aumento cercano a $2 billones. La ley plantea reducir a la mitad ese gasto en 2027 frente a 2026 y, desde 2028, impedir que crezca por encima de la inflación.

Debido a ello, antes de recurrir a una orden de prestación de servicios, cada entidad deberá verificar que su planta de personal no pueda desempeñar la tarea requerida. La medida busca condicionar esa forma de contratación a la inexistencia de capacidades internas para cumplir la función.

José Manuel Restrepo añadió que el ajuste busca reducir el gasto burocrático. Puntualizó que es necesario “eliminar corbatas, eliminar burocracia innecesaria y luchar contra la corrupción”.

Controles a la contratación, la publicidad y el gasto administrativo

La propuesta fija límites al crecimiento de las compras de bienes y servicios entre 2027 y 2030, establece controles sobre los gastos administrativos y contempla reorganizaciones en las entidades públicas para reducir costos de funcionamiento. Cada organismo deberá publicar su plan de austeridad y presentar al Congreso una rendición de cuentas cada seis meses:

• Publicidad oficial quedará restringida a fines informativos: el proyecto prohíbe usar recursos públicos para promocionar la gestión del Gobierno, a funcionarios, partidos o candidatos, y veta la financiación de eventos y celebraciones que no sean indispensables.
• Se elimina los tratamientos especiales de renta aplicados a gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y determinados rectores y profesores de universidades públicas. Sus ingresos quedarán sometidos a las reglas generales de retención en la fuente; a modo de ejemplo, un magistrado de tribunal paga en promedio cerca de $40.000.000 al año menos de impuesto que un servidor o trabajador con ingresos similares.

Miguel Gómez Martínez advirtió que la revisión de las finanzas estatales sigue deparando hallazgos de gran magnitud. Apuntó que “cada día que hemos estado en el Estado, hemos encontrado un roto, la realidad nos ha venido poniendo delante de unos hechos muy complejos, que requieren intervención inmediata”. La ley también otorga facultades extraordinarias al presidente para aplicar mayores ajustes al tamaño del Estado.