La Defensoría del Pueblo reportó ante la Corte Constitucional que los centros de detención transitoria en Colombia albergan a 18.824 personas en una infraestructura diseñada para recibir únicamente a 9.686 reclusos.
Los registros oficiales indican que 17.292 de estos ciudadanos permanecen en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata por lapsos superiores al límite legal de 36 horas, mientras que 674 personas continúan en estas instalaciones a pesar de tener sentencias condenatorias en firme.
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Durante las inspecciones realizadas por la entidad en 94 centros de reclusión temporal a lo largo del año, los delegados encontraron que el 94% de la población privada de la libertad supera el tiempo máximo fijado por la ley y un 59% acumula más de tres meses bajo custodia en áreas destinadas exclusivamente al paso transitorio.
Deberían estar 36 horas, pero llevan meses: la crisis de hacinamiento
La defensora del Pueblo, Iris Marín, intervino en la audiencia pública convocada por el alto tribunal para explicar las razones del colapso del sistema y señalar las fallas institucionales que impiden acatar los fallos judiciales.
“Para la Defensoría del Pueblo, la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad no es un asunto más de la agenda: es una prioridad institucional. El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) no persiste por una falta de diagnóstico, persiste porque la cadena que debe conectar las órdenes de la Corte Constitucional con el goce efectivo de derechos se rompe en los eslabones que ya podemos identificar”, dijo la funcionaria.
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El organismo identificó como detonante del hacinamiento la falta de precisión jurídica sobre las competencias y el dinero que deben aportar los municipios y departamentos para atender a los sindicados. Desde 2022 el Congreso no aprueba la ley que distribuye estas cargas económicas, lo cual impide a las administraciones locales costear alimentación, custodia y mantenimiento en estas sedes.
La titular de la entidad explicó el obstáculo que afrontan las autoridades regionales: “La causa de fondo es un bloqueo institucional. Las entidades territoriales tienen responsabilidades frente a la población sindicada, pero no cuentan con una fuente de financiación claramente definida”.
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Las inspecciones evidenciaron dificultades para remitir a las personas con condena hacia las cárceles nacionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La institución reportó que la autoridad penitenciaria registra episodios donde rechaza el ingreso de internos que requieren condiciones diferenciadas de custodia, entre ellos adultos mayores, mujeres gestantes y personas con limitaciones físicas o psicosociales.
En el sistema penitenciario nacional, las cifras del organismo muestran un rezago operativo sostenido durante la última década. La capacidad general de cupos carcelarios pasó de 78.420 plazas disponibles en 2016 a 81.025 en junio de 2026, lo que representa una variación del 3,32%. Adicionalmente, las clausuras de pabellones deteriorados restaron 1.027 lugares utilizables desde el año 2024.
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Obras inconclusas y falta de financiación: las fallas detrás de la crisis carcelaria
Respecto a la construcción de infraestructura, los registros del documento Conpes 4082 formulado en 2022 contemplaban la entrega de 9.896 plazas en nueve establecimientos nuevos. Ninguno de estos proyectos concluyó obras, cuatro complejos no registran labores en terreno y el balance global de ejecución del programa ronda el 20%.
La funcionaria cuestionó la metodología oficial para contabilizar las celdas terminadas sin personal de custodia ni servicios básicos: “Un cupo físico no implica de por sí un cupo habilitado. En el complejo carcelario de Cúcuta, por ejemplo, existen 576 cupos habilitados para más de 3.280 personas privadas de la libertad”.
Para atender la crisis, la Defensoría pidió al Gobierno nacional terminar 14 proyectos en ejecución, fijar metas de infraestructura carcelaria dentro del presupuesto nacional y formalizar un esquema de financiación concurrente para respaldar a los municipios con menores ingresos.
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El pliego de solicitudes de la entidad incluyó habilitar bienes bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como espacios temporales de detención, convocar mesas de descongestión con la Policía Nacional, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, e implementar modelos de asociación público-privada para edificar infraestructura penitenciaria.
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