Ley de Sometimiento quitaría beneficios a los grupos armados que recluten menores de edad, según propuesta de Carol Borda: “Los derechos de los niños no se negocian”

La representante a la Cámara por Bogotá Carol Borda, del partido de Salvación Nacional, propuso la exclusión total de beneficios para los grupos armados ilegales o terroristas que recluten menores de edad después de la entrada en vigor de la ley de sometimiento: cuyo límite para su aprobación en el Congreso culmina el miércoles 4 de noviembre.

La iniciativa también impediría el tratamiento penal diferenciado para condenados por delitos cuyas víctimas tuvieran menos de 14 años. La primera modificación liderada por la congresista oficialista busca que se eliminen los límites previstos para las reducciones de pena de quienes reclutaran menores tras la vigencia de la norma.

A su vez, el proyecto contemplaba rebajas de hasta 10% para integrantes con funciones de mando y de hasta 30% para quienes no ocuparan ese rol. Con esto, cualquier organización que incorpore nuevos menores perdería por completo el acceso a las prerrogativas de la iniciativa, sin que se aplique una reducción parcial de la condena.

Así se juzgarían delitos contra víctimas menores de 14 años

La segunda proposición amplía las causales de exclusión del tratamiento penal diferenciado contemplado en el Título IIIA y de los Programas de Tránsito a la Legalidad. Inicialmente, la redacción dejaba por fuera a las personas condenadas en firme por reclutamiento ilícito o por utilizar menores en la comisión de delitos.

En ese sentido, la fórmula promovida por Borda abarcaría a los integrantes de actores armados ilegales o terroristas que hayan recibido una sentencia firme por delitos en los que alguna víctima tuviera menos de 14 años al momento de los hechos. La condición deberá estar establecida en la decisión judicial que se tome en cada caso.

“Los derechos de los niños no se negocian ni se someten a beneficios”, afirmó la representante, al anunciar las dos proposiciones. La disposición, reiteró la congresista del partido de Gobierno, no modifica los derechos que el régimen penitenciario ordinario reconoce a las personas privadas de la libertad ni los derechos de las víctimas.

El proyecto de ley de sometimiento, impulsado por el gobierno De la Espriella y liderado desde el Ministerio de Justicia por Iván Cancino, atraviesa una etapa decisiva en el Congreso. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó su ponencia positiva con 90 votos a favor y 44 en contra, y rechazó la ponencia negativa del Pacto Histórico.

En este orden de ideas, la propuesta reemplazaría la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro mediante un esquema de sometimiento a la justicia, sin negociación política ni diálogos con grupos armados o bandas consideradas organizaciones terroristas. Su alcance se calcula en cerca de 29.000 integrantes de estructuras ilegales.

Así serían las rebajas de penas que han causado críticas al proyecto

El articulado que apoya el Ejecutivo y que se discute de forma contrarreloj, prevé reducciones de pena de hasta 50% para integrantes rasos o personas que entreguen información sobre narcotráfico, laboratorios de drogas sintéticas, desminado o corrupción. Para los cabecillas de estas estructuras, el límite establecido es de 30%.

Sectores de oposición y la Defensoría del Pueblo cuestionaron la proporcionalidad de las sanciones y el eventual uso de subrogados penales que reduzcan el tiempo efectivo de prisión. También pidieron precisar las definiciones de los grupos cobijados y han advertido sobre el manejo de los bienes destinados a reparar a las víctimas.

Al respecto, el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, respaldó la exclusión para personas condenadas por reclutamiento de menores de 14 años. “Los beneficios de esta ley no se aplicarán para ninguna persona que haya sido condenada por sentencia judicial por el reclutamiento de menores de 14 años”, sostuvo.