Atentados terrotistas contra Hidroituango, el metro y la Alcaldía de Medellín estarían planeando las disidencias de las Farc: “Una guerra contra el Estado”

Empresas Públicas de Medellín, EPM, alertó al Congreso de la República que el Metro de Medellín y el proyecto Hidroituango figuraron entre las amenazas atribuidas al frente 36 de las disidencias de las Farc, en un periodo de extorsiones, ataques y restricciones que afectó la infraestructura energética y de transporte de Antioquia entre agosto de 2025 y comienzos de 2026.

Las exigencias para permitir la operación de Hidroituango alcanzaron una cuota inicial de $5.000 millones y pagos mensuales de $500 millones, de acuerdo con la comunicación de la empresa. Las intimidaciones también mencionaban al Metro y a la Alcaldía de Medellín.

La denuncia fue expuesta durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. EPM informó que coordinó la respuesta frente a los riesgos con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Las presiones contra Hidroituango incluyeron exigencias económicas, permisos escritos para el ingreso a determinadas zonas, retenciones de trabajadores y expulsiones de cuadrillas. El senador antioqueño Simón Molina sostuvo que el clan del Golfo pretendió cobrar por el funcionamiento de la central, mientras el Frente 36 ejercía controles sobre el personal y las operaciones.

Molina describió el alcance de las amenazas: “El Clan del Golfo se atrevió a ponerle precio a Hidroituango: $5.000 millones de cuota de entrada y más de $500 millones mensuales para dejar funcionar la hidroeléctrica más importante del país. El Frente 36 exigía permisos escritos, retenía trabajadores y expulsaba cuadrillas a su antojo”.

El Frente 36 instaló dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango. El hecho provocó la muerte de un sargento del Ejército y dejó herido a un soldado, además de interrumpir durante cerca de una semana el ingreso de carga crítica para las actividades de la central.

La empresa también atribuyó a esa estructura atentados contra tres torres de transmisión eléctrica situadas en Medellín y Bello. En marzo de 2026 reportó sobrevuelos de drones sobre la central hidroeléctrica.

Las condiciones de seguridad llevaron a EPM a restringir temporalmente el ingreso de trabajadores a sectores rurales de Briceño y a por lo menos 17 veredas. La medida buscó proteger a las cuadrillas que desarrollaban labores técnicas y de mantenimiento en la zona.

El senador afirmó que el Frente 36 bloqueó 17 veredas de Briceño y calificó las acciones de los grupos armados como una “declaración de guerra”. “Eso no es control territorial, es una declaración de guerra contra el Estado y contra Antioquia. Mientras se les ofrecían mesas y zonas de ubicación, ellos consolidaban su poder y cobraban peaje sobre la energía de Colombia”, dijo.

El Metro y la Alcaldía entre los objetivos señalados

El Metro de Medellín apareció en la comunicación como uno de los objetivos de las amenazas relacionadas con las exigencias contra Hidroituango. El documento no estableció que se hubiera materializado un ataque contra las instalaciones del sistema de transporte ni contra la sede de la administración distrital.

“Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín; la interlocución se manejó en con el Gaula, Fiscalía y CTI”, se observa en el comunicado expedido por EPM.

La denuncia quedó consignada en una carta enviada por EPM a la Cámara de Representantes como respuesta a una invitación a un debate sobre seguridad y orden público. La misiva indicó que las amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía acompañaron las demandas económicas formuladas durante ese periodo.

Las afectaciones expuestas por la empresa también abarcaron las centrales Porce II y Porce III. EPM alertó sobre 26 socavones, una draga y dos campamentos con cerca de 124 personas en las áreas de influencia de ambos proyectos, donde la minería ilegal representa riesgos por excavaciones y desvíos de cauces.

En esos territorios tienen presencia el Frente 36, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el clan del Golfo, que disputan economías ilícitas, según la compañía. Sin embargo, EPM no atribuyó de forma exclusiva a ninguna de esas organizaciones las excavaciones identificadas.

Cobros ilegales por agua en Granizal

Las denuncias también alcanzaron a Granizal, un asentamiento irregular ubicado en Bello, en el que EPM y la Alcaldía de Medellín participan en el suministro de agua potable. Según las alertas de la Defensoría del Pueblo citadas por la compañía, estructuras vinculadas al clan del Golfo cobran cuotas por agua cruda, revenden agua potable y sabotean las operaciones destinadas a abastecer a las comunidades.

EPM reportó además amenazas contra conductores y líderes sociales que interrumpieron ese abastecimiento, sin identificar expresamente a los responsables de cada intimidación. La empresa incluyó estas situaciones entre los factores que afectan sus operaciones, las comunidades y los servicios públicos en sus áreas de influencia.

El jefe de Seguridad de EPM, Daniel Francisco Moreno Peláez, remitió las denuncias al representante Simón Molina como insumo para el debate de control político sobre seguridad y orden público en Medellín. El senador pidió al Gobierno nacional recuperar el control territorial en el Bajo Cauca, desmantelar al clan del Golfo y proteger la infraestructura energética.