Ministro de Defensa denunció presuntos hechos de corrupción durante el Gobierno Petro por $155.000 millones: “Aportaremos cada prueba”

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, informó que la cartera trasladó 41 denuncias formales ante las autoridades por posibles irregularidades que comprometerían más de $155 mil millones.

El anuncio incluyó referencias a inconsistencias en los contratos de mantenimiento de los helicópteros MI-17 y a hechos que, según el funcionario, se habrían producido durante la administración anterior del expresidente Gustavo Petro.

En un video publicado en X, Mora señaló que el sector recibió 82 informes sobre posibles anomalías. Tras la revisión institucional, la mitad de esos casos derivó en actuaciones formales ante los organismos competentes. “No permitiremos la corrupción en el Sector Defensa”, afirmó el ministro.

El funcionario sostuvo que la información recopilada será puesta a disposición de las autoridades para que determinen si existieron conductas contrarias a la ley. También aseguró que el Ministerio de Defensa adoptará medidas administrativas dentro de sus atribuciones y reforzará los mecanismos internos de vigilancia sobre el gasto público.

Las alertas incluyen contratos, cohecho y presuntas falsedades

De acuerdo con la declaración de Jorge Mora, los expedientes remitidos abarcan hechos que podrían estar relacionados con interés indebido en la celebración de contratos, varios de ellos sin cumplimiento de requisitos legales, así como cohecho, concusión y posibles falsedades en documento público.

El ministro aclaró que la existencia de denuncias no implica responsabilidades establecidas. Esa definición corresponde a las autoridades judiciales y disciplinarias, que deberán valorar las pruebas, identificar a los posibles involucrados y resolver cada proceso bajo las garantías del debido proceso.

“Su eventual configuración deberá ser determinada por las autoridades competentes”, indicó Mora. El jefe de la cartera insistió en que las denuncias parten de una afectación patrimonial preliminar, por lo que la cifra podrá ser objeto de ajustes conforme avancen las investigaciones.

La cifra comunicada por el Ministerio de Defensa representa una estimación inicial sobre el impacto de los hechos puestos en conocimiento de las entidades encargadas de investigar. El monto supera los $155.000 millones, según el balance divulgado por la institución.

El mantenimiento de los MI-17 figura entre los casos en revisión

Entre los asuntos mencionados por el jefe de cartera aparece el mantenimiento de los helicópteros MI-17, aeronaves utilizadas por las Fuerzas Militares en operaciones de transporte, abastecimiento y movilidad. Mora describió este expediente como uno de los casos con mayores cuestionamientos dentro de las alertas recibidas.

Según la información expuesta por el funcionario, la investigación se relaciona con actuaciones ocurridas en el gobierno anterior. La Fiscalía ha señalado que el contrato para el mantenimiento de esas aeronaves habría sido direccionado hacia una compañía que no cumplía las condiciones requeridas.

Mora evitó atribuir culpas individuales y sostuvo que las pesquisas deberán establecer si hubo delitos, quiénes habrían participado y cuál fue el posible perjuicio para el Estado. “Aportaremos cada prueba para esclarecer los hechos”, dijo el ministro en su intervención.

La cartera indicó que el objetivo es detectar tempranamente posibles riesgos en procesos administrativos, contractuales y financieros.

El Ministerio anunció controles y colaboración con la justicia

El ministro afirmó que la estrategia institucional busca impedir que los recursos asignados a la seguridad nacional sean objeto de usos irregulares. En ese sentido, señaló que la cartera mantendrá la entrega de documentos, datos y demás elementos que soliciten los organismos de control y la justicia.

“Proteger hasta el último peso de la nación” fue una de las frases centrales de su mensaje. Mora sostuvo que la transparencia en el manejo presupuestal forma parte de las obligaciones del sector, debido a que esos recursos están destinados a respaldar la seguridad de los ciudadanos.

La postura anunciada por el Ministerio de Defensa contempla, además, el fortalecimiento de controles internos para prevenir nuevas anomalías. Las medidas administrativas dependerán de las competencias de la cartera y de los resultados que arrojen las verificaciones en curso.

El general subrayó que la colaboración con las autoridades no supondrá interferencias en las decisiones judiciales. Los procesos deberán continuar bajo el principio de presunción de inocencia, mientras las entidades competentes determinan si las denuncias tienen sustento penal, fiscal o disciplinario.