Revelan audios que comprometen al senador Álex Flórez, acusado de violencia intrafamiliar a su exesposa: “Me pegó el día que le dije que estaba embarazada”

Como parte del proceso en el que la Corte Suprema de Justicia acusó a senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, por violencia intrafamiliar agravada contra su expareja, Johanna Peláez Botero, tras evaluar interceptaciones telefónicas, registros médicos y documentos sobre una presunta dependencia económica, avanza con lo que sería copioso material probatorio.

En efecto, en el expediente, que reseña cómo hubo un acuerdo económico posterior a la difusión pública del caso, que establecía pagos de siete millones de pesos mensuales para la manutención del hijo que la pareja tiene en común, registra una serie de evidencias que estarían encaminadas hacia la manera en que Flórez habría cometido violencia.

La reconstrucción fue difundida por Semana y recogida y reúne 305 páginas de pruebas, entre ellas conversaciones interceptadas entre mayo y agosto de 2023, además de una serie de reportes de la EPS Sura, fichas del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y demás testimonios sobre contratos en entidades de la Alcaldía de Medellín.

Las interceptaciones y los registros médicos durante el embarazo

Uno de los hechos centrales investigados habría ocurrido el 18 de febrero de 2021, cuando Peláez le comunicó al hoy senador Flórez que estaba embarazada. Según el expediente, el entonces concejal de Medellín habría reaccionado con violencia y le habría exigido que interrumpiera el embarazo; situación a la cual la mujer no accedió.

“Álex me pegó el día que le dije que estaba embarazada. Me dijo que tenía que abortar porque me iba a quedar sola. Hubo maltrato físico, psicológico y económico”, expresó Peláez en una de las conversaciones telefónicas incorporadas al caso, que detallarían la manera en la que el congresista del Pacto habría cometido maltrato contra la mujer.

Del mismo modo, la mujer también describió el impacto emocional que le habría provocado esa situación durante la gestación. En otra grabación dijo: “Yo estuve a punto de suicidarme, de tirarme de un piso 22 con una barriga de embarazada (...). Él es un hombre que te martilla y te martilla la cabeza”, expresó la que sería víctima de maltrato.

Los documentos médicos de EPS Sura y los registros de Sivigila, de acuerdo con el citado medio, consignaron lesiones y alertas vinculadas con una posible agresión. La Sala de Instrucción concluyó que no encontró elementos para sostener que las heridas hubieran sido causadas por la propia Peláez, por lo que las pruebas apuntarían a Flórez.

Así pues, las interceptaciones incluyeron referencias a dificultades económicas durante el embarazo. La mujer habría afirmado que, entre el sexto y el séptimo mes de gestación, pasó un día sin comer y acudió a una clínica en julio de 2021 porque Flórez supuestamente se negó a entregarle dinero para alimentos; lo que causó estrés.

La Corte también revisó la suspensión de una ayuda mensual de 750.000 pesos que, de acuerdo con el expediente, el senador dejó de entregarle entre enero y julio de 2021. El alto tribunal consideró que la interrupción de ese apoyo, durante una situación de vulnerabilidad económica, también pudo constituir una forma de presión.

Los contratos públicos y un alquiler que están bajo revisión judicial

La investigación examinó contratos que Peláez obtuvo en el Instituto Tecnológico Metropolitano y en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, conocidos como ITM y Dagrd, entre febrero y marzo de 2021. Para la Corte, esas vinculaciones laborales podrían haber funcionado como un mecanismo de dependencia económica.

Excoordinadores de ambas entidades y reportes de policía judicial señalaron que algunas personas que trabajaban allí no identificaban a Peláez, desconocían cómo había conseguido los contratos y no tenían claridad sobre las labores que debía efectuar en estas dependencias, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

Un testigo afirmó que Flórez aprovechaba el desempleo y las dificultades derivadas del embarazo para amenazarla con retirarle el apoyo económico y disputar la custodia del hijo. El expediente incluyó además el alquiler del apartamento 2211 del edificio Aura, en Medellín, donde la pareja convivía, con un pago mensual de $1.650.000.

La Corte revisó si Flórez asumió el pago a través de Juan Sebastián Corrales y Óscar Osorio, dos colaboradores que posteriormente ingresaron a su Unidad de Trabajo Legislativo. Y es que según la valoración judicial, esos apoyos económicos podían integrar una estructura de control sobre la expareja del senador.

Así habría sido la retractación y la acusación contra el senador

En marzo de 2025, Peláez apareció en un video junto a Flórez y aseguró que nunca había sido víctima de agresiones por parte de él. En esa intervención sostuvo que la denuncia surgió en medio de un conflicto personal y la atribuyó a intereses políticos contra el congresista del Pacto Histórico, que ha protagonizado otros hechos polémicos.

Flórez ha citado esa retractación como parte de su defensa y ha afirmado, en ese orden de ideas, que el proceso responde a una persecución política. Sin embargo, el alto tribunal, de acuerdo con Semana, contrastó esas declaraciones con las grabaciones, la documentación médica y los demás elementos recopilados durante la investigación.

Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, la Sala de Instrucción concluyó que el cambio de versión de Peláez no eliminaba elementos que sustentaron la acusación. Para la Corte, la retractación podía estar relacionada con un ciclo de violencia de género marcado por la dependencia económica y las responsabilidades de crianza.

Asimismo, rechazó además el argumento de la defensa sobre la inexistencia de violencia intrafamiliar por falta de convivencia bajo el mismo techo. El tribunal señaló que la legislación aplicable a parejas extramatrimoniales no exige que vivan juntas, siempre que exista una vocación clara e inequívoca de estabilidad en la relación.