Este será el trámite que debe seguir en el Congreso la ley de ajuste fiscal, impulsada por Abelardo de la Espriella: hay diferencias entre las bancadas políticas

El gobierno de Abelardo de la Espriella busca que el Congreso de la República apruebe antes de que termine 2026 la ley de ajuste fiscal, una iniciativa diseñada para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas y que enfrenta reparos por los nuevos impuestos incluso dentro de sectores de la coalición oficialista.

El proyecto reúne 105 artículos distribuidos en cinco pilares: recaudo, liquidez, gasto público, seguridad social y salud. Su discusión deberá avanzar con rapidez porque el período ordinario de sesiones concluye el 16 de diciembre.

Las disposiciones tributarias obligan a que el trámite comience en la Cámara de Representantes. En el procedimiento ordinario, la iniciativa necesita cuatro debates: el primero en las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara, el segundo en la plenaria de esa corporación, el tercero en las comisiones económicas del Senado y el cuarto en su plenaria.

Si se mantiene la dinámica habitual del Capitolio, con sesiones dos días por semana, las comisiones económicas conjuntas tendrían que discutir el proyecto durante la tercera y cuarta semana de noviembre. Después, las plenarias de Cámara y Senado deberían tratarlo entre el final de ese mes y la primera quincena de diciembre.

Ese itinerario depende de varios pasos previos: la publicación y reparto del texto, la designación de ponentes, la presentación de la ponencia y el tiempo efectivo para debatir y votar cada artículo. Las modificaciones durante la discusión pueden estrechar aún más el calendario.

El trámite se complicaría si Cámara y Senado aprueban versiones distintas. En ese caso, ambas corporaciones deberán integrar una comisión de conciliación para unificar el articulado y luego votar el texto acordado; si aprueban el mismo contenido, esa etapa no será necesaria.

El Ejecutivo podría enviar un mensaje de urgencia para reducir en algunos días el proceso legislativo, pero todavía no ha presentado formalmente esa solicitud. Una posible razón es la necesidad de consolidar primero acuerdos políticos y técnicos sobre una propuesta que puede cambiar durante los debates.

Los impuestos y la salud, entre los puntos de mayor tensión

La posición del Centro Democrático, la bancada oficialista más grande, será determinante para la suerte de la iniciativa. El expresidente Álvaro Uribe cuestionó la creación de nuevos gravámenes y pidió que sus congresistas estudien el proyecto antes de adoptar una postura definitiva.

Uribe expuso sus reparos en el podcast Los Cuchos: “Siempre hemos dicho que el empresario colombiano está asfixiado de impuestos. El consumidor colombiano está asfixiado de impuestos. Es una situación muy difícil”.

Así mismo, el senador Carlos Meisel afirmó a El Tiempo que su bancada escuchará las explicaciones del Gobierno sin bloquear anticipadamente las propuestas. “Pero no pueden pedirnos eso sin contarnos cómo se desarrolla el plan”, sostuvo.

Gonzalo Araujo, director de la agencia de comunicaciones estratégicas Sonar, anticipó que el texto tendrá cambios durante su paso por el Congreso y que el Gobierno deberá negociar sobre una propuesta todavía abierta. También señaló que los asuntos de salud y los incrementos en los planes de medicina prepagada pueden convertirse en algunos de los puntos más complejos de la discusión.

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la iniciativa al advertir que busca prevenir una crisis fiscal. Durante la presentación del proyecto, afirmó: “El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo que estallaría en 2027 a menos que actuemos (...) Presentamos esta ley para salvar a Colombia de la quiebra, evitar la pérdida de 360.000 empleos y prevenir una recesión”.

Si la iniciativa no completa su recorrido antes del cierre de las sesiones ordinarias, no quedará necesariamente archivada. El artículo 162 de la Constitución permite que los proyectos que hayan recibido primer debate en alguna de las cámaras continúen en la siguiente legislatura, que comenzará el 16 de marzo de 2027, desde la etapa en que se encuentren.

El Ejecutivo también podría convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para debatir asuntos específicos. Araujo consideró que una aprobación en 2026 exigirá “que el Congreso camine como un reloj” y acuerdos suficientes para superar las diferencias sobre el articulado.