Daniel Quintero denunció que su hermano Miguel fue maltratado durante su traslado a la cárcel de Cómbita, Boyacá: “Como un trofeo de guerra”

Un juez penal de circuito de Medellín revirtió la decisión de otorgar casa por cárcel a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, por lo que el investigado deberá permanecer en un centro penitenciario mientras avanza el proceso penal por corrupción.

“REVOCAR PARCIALMENTE la decisión proferida el dos (2) de octubre de dos mil veintiséis (2026) por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, dentro de la actuación identificada con radicado 05001600024820242355900, exclusivamente en cuanto dispuso que la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle se cumpliera en su lugar de residencia”, puntualiza la providencia.

Y agrega: “IMPONER a Miguel Andrés Quintero Calle, identificado con cédula de ciudadanía número 71.788.353, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión”.

El acusado permanecerá recluido en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad El Barne, en el municipio de Cómbita, departamento de Boyacá, según la Resolución 008962 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En horas de la noche del viernes 30 de octubre, las autoridades publicaron videos del traslado del hombre al centro penitenciario en el que parece esposado y escoltado por varios policías.

Luego de conocerse la decisión judicial y el traslado de Miguel Quintero a la cárcel, su hermano Daniel Quintero señaló que el trato dado a su familiar es el que se le da a un condenado. Incluso, dijo que se trata de un abuso impulsado por un Ejecutivo al que denominó “autoritario”.

“Estamos en un Gobierno abiertamente autoritario y fascista, dispuesto a acabar a todo el que piense diferente. Miguel Quintero no ha sido llevado a juicio ni ha sido condenado por ningún delito. Lo tratan como a un criminal y lo presentan como un trofeo de guerra. Solo los jueces pueden parar este abuso”, expuso en su cuenta de X.

El excandidato presidencial aprovechó para responder a políticos que celebraron la captura de Miguel Andrés. Al jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella, lo increpó por separar a su hermano de su hija de seis años.

“¿Si la palabra es acusado porque lo presenta como un delincuente? ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué lo enfrenté a la Presidencia? ¿Por eso lo manda para combita en Boyacá a pesar de que su hija de 6 años está en Medellín? ¿Por eso también me quitó el esquema de seguridad a mí? El progresismo sobrevivirá a su persecución y contrario a su deseo se hará más fuerte”, escribió Daniel Quintero.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez, quien espera que la justicia colombiana defina el futuro judicial de su predecesor Daniel Quintero, celebró la decisión judicial.

“Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para la cárcel. Se empieza a hacer justicia. Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, en su mansión que construyó con el robo a Medellín, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel. Sigue el jefe de la banda”, escribió en su cuenta de X.

En reacción a las afirmaciones del mandatario local, señaló: “No le temo a sus amenazas Alcalde, ni a tigres ni a serpientes. Mi corazón está con la gente y la gente conmigo. Es usted el que sigue”.

En señal de apoyo, el exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo dijo “debo rechazar el trato degradante al ciudadano Miguel Quintero, exhibir a cualquier ser humano como un trofeo degrada al Estado más que a quien es exhibido, las prácticas del actual Gobierno pisotean las instituciones y envían un mensaje perverso a la sociedad, menoscaban al Estado legítimo cuando lo llevan a utilizar los mismos lenguajes de los criminales”

El caso se relaciona con seis contratos de los bomberos de Itagüí

La investigación contra Miguel Andrés Quintero Calle examina seis contratos por $17.656.000.000 suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, en esa contratación se habrían pagado coimas por $2.481.000.000.

El ente acusador sostiene que Quintero habría recibido $1.653,3 millones y que Ortega habría obtenido $133.000.000. Esos montos corresponden a la teoría del caso de la Fiscalía y deberán ser objeto de debate y valoración judicial.

En el proceso también fueron imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad. La decisión del juez de segunda instancia definirá las condiciones bajo las cuales Quintero y Ortega continuarán vinculados al procedimiento penal.