Abogado de Gustavo Petro explicó por qué el expresidente citaba reuniones fuera de la Casa de Nariño e insistió en que no estuvo en fiestas con mujeres: “Seguridad nacional”

El abogado penalista Alejandro Carranza, apoderado del expresidente Gustavo Petro, negó que el entonces mandatario hubiera participado en fiestas con alcohol o mujeres durante reuniones realizadas fuera de la Casa de Nariño. Según explicó a la Unidad Investigativa de El Tiempo, los encuentros y desplazamientos a viviendas particulares respondieron a alertas de seguridad.

“No hubo fiestas, alcohol ni mujeres. Eso es falso. Las reuniones que se dieron por fuera de Casa de Nariño fueron para tratar temas de seguridad nacional”, afirmó Carranza, luego de consultar con el exmandatario.

Carranza sostuvo que Petro se movilizaba a inmuebles particulares cuando recibía información de inteligencia sobre eventuales atentados en su contra. El abogado mencionó el retiro de sistemas de protección de la Casa de Nariño y el hallazgo de un mortero que presuntamente iba a ser utilizado contra el entonces presidente.

“Cuando había informes de inteligencia sobre algún plan o atentado en su contra, el señor presidente se movía a esas casas. Por ejemplo, cuando Estados Unidos le quitó el sistema antidrones y armas para protección de Casa de Nariño, él se movió a una de esas casas por algún tipo de riesgo y también cuando se reportó el hallazgo de un mortero que, al parecer, iba a ser usado en su contra”, dijo el penalista.

Sobre la información relacionada con un predio en el sur de Bogotá que habría sido frecuentado por Petro, Carranza aseguró que el expresidente negó haber permanecido en ese lugar. “El señor expresidente dice que él no hubiese tenido ningún inconveniente en quedarse en el sur de la capital. Sin embargo, eso nunca sucedió”, señaló.

El abogado también se refirió a las visitas al sector de Quinta Paredes. Según indicó, Petro acudía allí para visitar a un familiar y no ordenó reducir su esquema de protección. “Lo que sucedía era que el esquema se abría y se distribuía por la zona porque no podía quedarse todo frente a una sola casa”, explicó.

Carranza anunció acciones legales contra quienes, según su posición, buscan difundir una versión falsa sobre el comportamiento del expresidente. Entre ellas figura una denuncia contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por las declaraciones que ha dado sobre presuntas conductas de Petro.

El penalista afirmó además que asumirá la representación de varias trabajadoras del Dapre que, según él, han sido objeto de presiones. Mencionó el caso de una joven que habría sido citada el jueves 29 de octubre a una oficina de la entidad, donde dos hombres que se presentaron como investigadores le preguntaron sobre su ingreso al Dapre y su relación con el expresidente.

“La sentaron en una oficina con la funcionaria y dos hombres que se presentaron como investigadores y que, al parecer, son miembros de la DNI, le empezaron a hacer preguntas sobre cómo llegó a la entidad y cuál había sido su relación con el expresidente Gustavo Petro”, manifestó.

Carranza afirmó que, tras ese interrogatorio, la funcionaria habría sido trasladada a un baño, donde una oficial de la Policía adscrita a Protección Presidencial le ordenó desnudarse y revisó sus pertenencias.

“Después de que dijo que no había visto al expresidente sino solo por televisión, le dijeron que se desnudara y empezaron a revisarle sus cosas. Cuando no le encontraron nada le revisaron también el bolso en ese baño. Es un tema muy delicado que pediremos se investigue a fondo porque al igual que ella hay otras jóvenes que vienen siendo perseguidas”, declaró.

El abogado añadió que la joven no habría recibido funciones desde el 7 de agosto y que funcionarios le habrían preguntado por varias servidoras del Dapre y de otros ministerios.

La Fiscalía no descartó citar a declarar a Carlos Ríos, director del Dapre, que informó ante el Congreso sobre 48 casos de mujeres que, según su denuncia, habrían sido instrumentalizadas sexualmente a cambio de contratos de prestación de servicios. Entre las diligencias previstas figura una posible inspección a la entidad.