Fiscalía puso bajo la lupa sobre presuntas filtraciones en el caso de Álvaro Uribe y exigió explicaciones al abogado Miguel Ángel del Río

La Fiscalía General de la Nación ordenó dar traslado al abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante de la parte civil en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, para que responda, en un plazo de cinco días hábiles, a las quejas presentadas por Jaime Enrique Granados, defensor principal del exmandatario, por presuntas divulgaciones de información sometida a reserva sumarial.

La determinación también incluyó un llamado de atención a todas las partes e intervinientes para que se abstengan de difundir detalles relacionados con el expediente.

La decisión fue adoptada en respuesta a dos memoriales radicados por Granados el 9 de septiembre y el 28 de octubre de 2026, mediante los cuales puso en conocimiento del despacho posibles conductas que, según los argumentos de la defensa, podrían constituir una vulneración de la confidencialidad de las actuaciones judiciales. Los señalamientos están relacionados con publicaciones y revelaciones atribuidas a Del Río sobre información del proceso.

En el pronunciamiento, la Fiscalía estableció que el abogado de la parte civil tendrá la oportunidad de presentar sus explicaciones y aportar los elementos probatorios que considere pertinentes frente a los cuestionamientos formulados por la defensa de Uribe.

“De conformidad se corre traslado de las quejas presentadas al abogado de la parte civil, doctor Miguel Ángel Del Río Malo, para que, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la comunicación de la presente decisión, emita el pronunciamiento que estime pertinente y aporte las pruebas que pretenda hacer valer, si las tuviere”, señaló el ente acusador.

La entidad precisó que esta actuación tiene como propósito garantizar los derechos de defensa, contradicción y debido proceso. Asimismo, dispuso la apertura de un cuaderno incidental dentro del expediente para adelantar el trámite correspondiente frente a las quejas formuladas por el abogado Granados.

Las publicaciones que originaron la controversia

Uno de los episodios que motivó los reclamos de la defensa está relacionado con la divulgación de información sobre las declaraciones de dos exjefes paramilitares identificados como alias Don Berna y alias Julián Bolívar, también mencionado como Jhon Bolívar en los señalamientos iniciales.

La controversia tomó relevancia después de que Miguel Ángel del Río publicara, el 26 de octubre, un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que informó sobre las diligencias previstas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En esa publicación, el abogado escribió: “La Fiscalía 3 delegada ha decidido escuchar en declaración a los jefes paramilitares Alias Don Berna y Julián Bolívar en el proceso que se sigue en contra del Expresidente Uribe por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle”. Posteriormente, agregó: “Estaremos muy atentos”.

La información hacía referencia a las declaraciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como alias Don Berna, y Rodrigo Pérez Alzate, identificado como alias Julián Bolívar, quienes serían escuchados dentro de las actuaciones relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, en Antioquia, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Para Jaime Granados, la publicación anticipó información sobre procedimientos judiciales que, desde la perspectiva de la defensa, debían permanecer bajo confidencialidad. El abogado cuestionó que se conocieran públicamente los nombres de los declarantes y detalles de las diligencias antes de que se realizaran las comunicaciones oficiales correspondientes a las partes del proceso.

De acuerdo con los argumentos presentados por la defensa, la divulgación también podría comprometer información relacionada con un trámite de cooperación judicial con autoridades de Estados Unidos.

Al respecto, Granados hizo referencia a una carta rogatoria mediante la cual la Fiscalía solicitó colaboración a las autoridades estadounidenses y cuyo contenido, según indicó, debía mantenerse reservado. “La carta rogatoria mediante la cual este despacho solicitó la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos de América pidió expresamente que la solicitud y su contenido fueran tratados ‘bajo estricta reserva confidencial’”, señaló el abogado en los argumentos conocidos sobre su reclamación.

La defensa también sostuvo que la publicación habría circulado antes de que recibiera la notificación oficial sobre una de las diligencias. Este aspecto fue incluido entre los elementos que solicitó examinar para establecer si existió una vulneración de la reserva judicial.

Solicitudes de la defensa y medidas advertidas por la Fiscalía

Los cuestionamientos de Granados no se limitaron a la publicación de octubre. El defensor también habría señalado un antecedente de septiembre, relacionado con otra divulgación atribuida a Del Río sobre actuaciones del mismo expediente.

A partir de estos episodios, la defensa solicitó a la Fiscalía evaluar la imposición de medidas contra el abogado de la parte civil. Entre sus peticiones incluyó una multa de entre uno y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de un exhorto para que se abstuviera de publicar información que pudiera estar cobijada por reserva judicial.

Granados también planteó que, si se presentaban nuevas situaciones de esta naturaleza, los antecedentes fueran remitidos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), con el propósito de que esa autoridad determinara si existían elementos para iniciar una actuación disciplinaria.

Sin embargo, la determinación comunicada por la Fiscalía establece, en esta etapa, el traslado de las quejas a Miguel Ángel del Río para que ejerza su derecho de defensa y presente las pruebas que considere necesarias. El documento también ordena abrir el cuaderno incidental para tramitar los señalamientos.

De manera paralela, la entidad extendió su advertencia a todos los sujetos procesales, sin limitarla a los abogados involucrados en la controversia.“En consecuencia, se conmina a todos los sujetos procesales para que se abstengan de difundir por cualquier medio de comunicación información relacionada con el proceso”, señala el documento.

La Fiscalía recordó que la información sometida a reserva debe permanecer bajo estricta confidencialidad, con el propósito de proteger el debido proceso y la integridad de las partes e intervinientes. Finalmente, advirtió que el incumplimiento de la disposición podría dar lugar al inicio del trámite de medidas correccionales, sin perjuicio de las eventuales sanciones disciplinarias que correspondan.