Ricardo Roa, el expresidente de Ecopetrol al que el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa, enfrenta una nueva denuncia ante la Ofac: su situación judicial podría complicarse

Una denuncia entregada a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos pidió revisar presuntas estructuras de lavado de activos, ocultamiento patrimonial y uso de terceros relacionadas con el expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente Ricardo Roa, sobre el cual cursan procesos en Colombia.

El documento, revelado por Semana, habría incidido en la suspensión de su visa estadounidense, aunque esa relación no ha sido confirmada por autoridades de Estados Unidos, que recibieron una comunicación de la agrupación Misión Colombia Transparente, organización representada legalmente por el abogado Sergio Alzate.

Según la información dada a conocer por el medio, la denuncia llegó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en la misma se pidió que se evalúen antecedentes, informes e investigaciones sobre Roa y un grupo de personas y empresas vinculadas al encargado de administrar los recursos y logística en la aspiración del hoy exmandatario.

En la solicitud radicada ante las autoridades norteamericanas también se menciona a Carlos Julián Caicedo, del que se sabe que es pareja sentimental de Roa; además de personajes como Joan Sebastián Caicedo, la exconcejal de Bogotá Blanca Inés Durán; Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza.

Documento pide verificar operaciones y posibles beneficiarios finales

De acuerdo con la denuncia replicada por el medio en cuestión, las personas referidas habrían tenido movimientos de dinero de alto valor en cuentas en el exterior durante la coyuntura electoral de 2022. También identifica en la relación de personas naturales y jurídicas a Bull Ingeniería S. A. S., Cetco S. A. S., Dacar Lawyers e Investments S. A. S.

El oficio sostiene que esas personas y sociedades “pudieran estar actuando como intermediarios, beneficiarios finales, administradores o posibles testaferros en operaciones financieras”. La denuncia, cabe destacar, no equivale a una decisión administrativa o judicial de la Ofac ni establece responsabilidades penales.

A su vez, buscan determinar si existieron “posibles estructuras de ocultamiento patrimonial, uso de terceros para la administración o disposición de activos, mecanismos de lavado de activos o legitimación de capitales”, así como vínculos financieros con organizaciones criminales o personas bajo investigación actuaciones ilícitas.

La Ofac, dependiente del Departamento del Tesoro, administra programas de sanciones financieras de Estados Unidos y en la actualidad tiene en la que era conocida como la Lista Clinton al expresidente Petro. La presentación de una denuncia ante esa oficina no supone, por sí sola, la inclusión de una persona en una lista de sancionados.

La visa de Ricardo Roa y el origen de las acusaciones

Semana en su reporte informó que el documento fue revelado el 13 de junio de 2026 y que habría sido determinante para que Estados Unidos suspendiera la visa de Roa. No obstante, no se conocen pronunciamientos públicos del Departamento del Tesoro ni de la embajada estadounidense que precisen las razones de esa medida.

El caso se suma a otros procesos que involucran al exdirectivo. Roa fue gerente de la campaña Petro Presidente en 2022 y la Fiscalía General de la Nación le imputó delitos por aparentes irregularidades relacionadas con la financiación electoral, enfocadas en aportes de sindicatos como la USO y organizaciones como Fecode.

El embargo al Pacto Histórico por una deuda de campaña

La situación judicial y financiera de la campaña de 2022 que lideró Petro y que lo llevó a la Casa de Nariño volvió a la discusión tras una decisión de un juez de Barrancabermeja, que ordenó en la jornada del martes 27 de octubre de 2026 el embargo de cuentas bancarias del Pacto Histórico por una obligación de $ 450 millones.

La deuda proviene de un préstamo fechado el 18 de mayo de 2022, antes de la primera vuelta presidencial. El compromiso estaba relacionado con servicios de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), empresa que transportó a Petro y a candidatos al Congreso de la coalición; pero ante el incumplimiento del pago, la colectividad deberá responder.

Es válido destacar que la denuncia ante la Ofac y los expedientes que cursan en Colombia corresponden a actuaciones distintas. Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han informado si abrirán una investigación formal a partir de la comunicación presentada contra Roa y las demás personas mencionadas.