
La Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó el martes 27 de octubre de 2026 a Manuel Castañeda el retiro de su esquema de protección, tras una revisión técnica de su nivel de riesgo. El hombre conocido como el “narcochofer”, capturado por transportar cocaína en un vehículo vinculado a la entidad, colabora con la Fiscalía en al menos cinco investigaciones sobre crimen y corrupción, según El Colombiano.
La decisión le concede 10 días para entregar el esquema o presentar un recurso de apelación. La información disponible no precisa si Castañeda ya apeló, aunque las apelaciones recientes contra retiros similares han tenido resultados negativos.
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El desmonte forma parte de una revisión de esquemas ordenada por el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Fabián Blanco. La entidad ha retirado la seguridad a varias figuras públicas con el argumento de actualizar sus estudios de riesgo y evitar el uso de recursos estatales en personas que ya no enfrentarían la misma amenaza que cuando recibieron escoltas, armas y vehículos blindados.

La colaboración judicial y las investigaciones por narcotráfico
Castañeda cuenta con un principio de oportunidad con la Fiscalía, un beneficio que le permite colaborar con la justicia. Fuentes bajo reserva señalaron que, por su condición de colaborador, debería contar con protección como sujeto procesal de la Fiscalía y no mediante el esquema de la UNP.
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El caso se hizo público en diciembre de 2022, cuando Manuel Antonio Castañeda Bernal fue detenido en Cauca mientras transportaba cocaína en una camioneta relacionada con un dispositivo de protección de la entidad. El episodio abrió investigaciones sobre el presunto uso de vehículos destinados a personas amenazadas para facilitar operaciones de narcotráfico.
Sus declaraciones impulsaron pesquisas sobre presuntas redes criminales que habrían usado vehículos y esquemas oficiales para movilizar droga. Entre las líneas abiertas figuran las relacionadas con Wilson Devia, dirigente sindical de la UNP investigado por posibles irregularidades en la asignación de protecciones, y Luis Carlos Vélez Romero, alias El Mono, antiguo facilitador de paz bajo investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
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La colaboración de Castañeda también abarca la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, antiguo cabecilla de la organización criminal La Cordillera. El narcotraficante escapó de la cárcel La Picota de Bogotá el 18 de marzo de 2022, presuntamente con ayuda de funcionarios penitenciarios, y murió dos meses después durante un operativo de las autoridades.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias de esa evasión y las posibles conexiones entre organizaciones criminales, funcionarios y redes que habrían facilitado actividades ilegales. El principio de oportunidad concedido a Castañeda fue prorrogado por un año más en agosto de 2026, mientras que en octubre abogados cuestionaron las condiciones de ese beneficio y algunas de sus declaraciones.
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Cuestionan la prórroga del principio de oportunidad
La prórroga del principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, generó cuestionamientos de abogados que representan a personas investigadas en procesos donde él participa como colaborador de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez de control de garantías autorizó que Castañeda continuara colaborando en cinco líneas de investigación, entre ellas la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota, el presunto uso de vehículos de la UNP para transportar estupefacientes y hechos relacionados con esquemas de seguridad.

El abogado Holman Devia, representante de Omar Hernández, pidió revisar las condiciones del beneficio y las actividades atribuidas al colaborador. “¿A Manuel Castañeda le otorgaron un principio de oportunidad o una licencia para delinquir?”, planteó en declaraciones a Blu Radio.
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Devia también solicitó establecer si Castañeda informó a la Fiscalía sobre una reunión en el Country Club de Bogotá con personas vinculadas al narcotráfico y si contaba con autorización para mantener esos contactos. “Una cosa es colaborar con la justicia y otra muy distinta es mantener contactos cuya finalidad y legalidad no han sido suficientemente esclarecidas”, sostuvo el abogado.
La defensa mencionó, además, grabaciones de una reunión realizada el 18 de julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia. Según su exposición, en ese encuentro Castañeda habría hablado sobre alias Falcón, alias Fortuna, bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posibles acuerdos con funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.
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Devia pidió determinar si esos hechos afectaban las obligaciones asumidas por Castañeda y cuestionó la extensión del beneficio. “¿Por qué después de conocerse estos hechos se prorrogó su principio de oportunidad?”, preguntó ante el medio.
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