La controversia por la expedición de pasaportes de Colombia sumó un frente diplomático. Portugal reclama que el convenio para producir las libretas continúa vigente, mientras la Cancillería cuestiona un informe presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y avanza con una contratación temporal que devolvería la operación a Thomas Greg & Sons.
Las empresas públicas de Portugal y Francia que participan en el acuerdo tripartito expresaron preocupación por las decisiones del Gobierno colombiano. El convenio, suscrito por $1,3 billones y previsto hasta 2036, contempla inversiones, aportes y una transferencia gradual de tecnología para que Colombia fabrique los documentos de manera autónoma, informó El Tiempo.
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La disputa ocurre mientras el Tribunal estudia una acción popular relacionada con el modelo de pasaportes. El auto judicial ordenó medidas provisionales sobre los convenios que sustentan el esquema, aunque el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón aún no ha adoptado una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Portugal objeta la posición de la Cancillería sobre el informe técnico
La diferencia inicial se concentró en el informe sobre la ejecución del modelo, elaborado por la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal. El documento señala que el sistema opera desde abril de 2026 y que, durante la primera fase, la Imprenta Nacional personalizó más de 618.000 pasaportes ordinarios.
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La Cancillería sostuvo que no aprobó ese reporte y solicitó al Tribunal una prórroga de 20 días hábiles para verificar los datos y presentar un análisis propio. La Casa da Moeda, en cambio, afirmó que el contenido había sido concertado con las partes y que el Ministerio de Relaciones Exteriores se abstuvo de firmarlo en el último momento.
Antes de que se conociera el retorno temporal de Thomas Greg a la operación, el Gobierno de Portugal remitió una nota verbal a Bogotá. El país europeo objetó las afirmaciones de la Cancillería en un memorial judicial, donde cuestionó el informe y sostuvo que la entidad portuguesa buscaba dar la apariencia de un acuerdo ante el Tribunal. Para las autoridades lusas, esa versión no corresponde a lo ocurrido.
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En un comunicado, la Casa da Moeda explicó que mantuvo el logo de la Cancillería porque la orden cautelar exigía un informe conjunto. En efecto, afirmó que no pretendía utilizarlo de manera irregular ni confundir al juez.
El acuerdo prevé cuatro etapas hasta marzo de 2036
Portugal ratificó su intención de cumplir el Convenio 010 de 2025 y continuar su ejecución. También rechazó los cuestionamientos sobre su actuación y señaló que el proceso contempla una transferencia tecnológica de largo plazo.
La primera etapa incluye el suministro de libretas en blanco desde Lisboa y Douai, Francia, además de su personalización en Colombia. La segunda, programada entre septiembre de 2027 y septiembre de 2030, prevé la preparación, el traslado, el montaje y la numeración de las libretas.
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Entre octubre de 2030 y septiembre de 2033, el plan contempla la impresión de páginas interiores y contracarátulas. La última fase comenzaría en enero de 2034 y finalizaría en marzo de 2036 con la elaboración de la página de datos y la transferencia de la fabricación.
Las fuentes consultadas por el medio citado indicaron que también existe inconformidad por una solicitud de reunión que Portugal presentó hace más de un mes y medio sin obtener respuesta. A ello se suma un pago pendiente por las libretas en blanco entregadas a la Imprenta Nacional, cuyo desembolso estaba previsto para el 14 de octubre de 2026.
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La contratación temporal abre otro frente en el litigio
La tensión aumentó luego de que la Cancillería suscribiera una urgencia manifiesta por 15 meses con una unión temporal en la que participa Thomas Greg & Sons. Esa decisión transcurre en paralelo con una licitación pública para escoger un contratista permanente.
La excanciller Rosa Villavicencio cuestionó que el Gobierno nacional se hubiera anticipado a una decisión de fondo del Tribunal. “Materializan el riesgo porque suspenden un contrato que está vigente”, dijo. Villavicencio advirtió que el Estado podría afrontar una reclamación por USD 68.000.000 asociada a una cláusula de incumplimiento con Portugal, además de eventuales acciones penales, disciplinarias y contencioso-administrativas.
Las entidades europeas señalaron que la medida provisional del Tribunal no anuló el convenio y que, por tanto, sigue en vigor. De acuerdo con las fuentes, las partes contemplan una reunión con la Cancillería en los próximos días para intentar resolver las diferencias antes de que el conflicto derive en una controversia contractual.
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