La Fiscalía General de la Nación capturó a la jueza Myriam Alcira Martínez, que habría concedido un hábeas corpus a un ciudadano neerlandés requerido en extradición por presuntos vínculos con narcotráfico.
Según informó Noticias Caracol, la decisión judicial, emitida meses atrás, permitió la liberación del extranjero y abrió una controversia que trascendió el ámbito judicial. El caso incluso motivó gestiones entre Colombia y Países Bajos para buscar que se revirtiera la medida.
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De acuerdo con el reporte, la jueza ejercía funciones de control de garantías cuando firmó el recurso que benefició al ciudadano solicitado por otro país. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre las circunstancias de esa decisión.
Tras las actuaciones del proceso, el ente acusador solicitó una orden de captura contra Martínez. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la hicieron efectiva en las últimas horas.
La investigación también derivó en las capturas de un funcionario del Centro de Servicios Judiciales y una abogada, quienes estarían vinculados con los hechos que indaga la Fiscalía.
Fuentes del caso indicaron que, en las próximas horas, un juez de control de garantías deberá definir la situación judicial de los detenidos durante las audiencias preliminares.
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La Fiscalía prevé imputar a la jueza los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato. La responsabilidad penal de los capturados deberá determinarse dentro del proceso judicial.
La libertad de Pedro Aguilar abrió un proceso contra la jueza que la autorizó
La continuidad de Myriam Alcira Martínez López como jueza quedó bajo revisión después de que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una vigilancia administrativa por su decisión de conceder la libertad al líder camionero Pedro Aguilar, esto ocurrido en el año 2018.
La medida tenía como fin establecer si la jueza 77 penal municipal con función de garantías incurrió en irregularidades al atender una solicitud presentada por una persona que se hizo pasar por fiscal. Según informó El Tiempo, el trámite comenzó tras conocerse el caso y debía resolverse en un plazo de pocas semanas.
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La indagación tenía como objetivo determinar si Martínez López fue engañada durante la diligencia que derivó en la liberación de Aguilar o si existieron elementos que comprometieran su actuación judicial.
Si las autoridades encontraban pruebas que la vincularan con posibles irregularidades, el caso podía avanzar hacia una investigación disciplinaria. Ese proceso podía derivar en su separación del cargo y en el traslado de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación.
La jueza acudió a la Fiscalía para rendir declaración por los mismos hechos, de acuerdo con la información publicada en ese entonces.
Antes de la audiencia del 21 de marzo, se registraron dos peticiones anteriores de libertad para Pedro Aguilar, una de ellas sustentada en problemas de salud. Ninguna de esas solicitudes prosperó.
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Ese antecedente formó parte de los elementos analizados en la vigilancia administrativa contra Martínez López. La revisión buscaba reconstruir las circunstancias que permitieron que una persona que aparentaba ser fiscal interviniera en el trámite.
La trayectoria de Martínez López incluía otra actuación que había generado cuestionamientos. En noviembre de 2017, la jueza ordenó la libertad de Carlos Ramírez Vargas, funcionario de tránsito de Aguachica, Cesar, investigado en un caso de presunta corrupción.
En esa oportunidad también se examinó si la determinación judicial se ajustó a la ley o se violaron algunos paramentros ya establecidos.
Las audiencias preliminares definirán si la jueza Martínez y los otros dos detenidos permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación por las irregularidades en sus funciones. El proceso permitirá establecer si las decisiones judiciales cuestionadas obedecieron a actuaciones irregulares y si existen responsabilidades penales individuales.
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