Ariel Ávila demandó ante el Consejo de Estado al senador Enrique Gómez por conflicto de intereses: así busca tumbar la curul de Salvación Nacional en el Congreso

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, radicó una solicitud de pérdida de investidura contra el congresista Enrique Gómez ante el Consejo de Estado, al considerar que hubo presunta violación al régimen de conflicto de intereses. La acción radicada ante el alto tribunal está sustentada en la relación familiar del congresista con un miembro del gabinete de Abelardo de la Espriella.

Este recurso contra el director del partido de Salvación Nacional cuestiona que el legislador tramitó modificaciones presupuestales pese a que su hermano, Miguel Gómez Martínez, ejerce como titular del Ministerio de Hacienda. La controversia se originó durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, que se llevó a cabo en comisiones económicas.

En esa instancia legislativa, Gómez impulsó las proposiciones 409 y 410, orientadas a trasladar recursos asignados a la justicia transicional hacia la rama judicial ordinaria. Para sustentar la reasignación presupuestal, el congresista de Gobierno sostuvo que la justicia común requiere mayor capacidad operativa e infraestructura ante el alto volumen de expedientes acumulados.

Impedimento en la plenaria fundamenta demanda de Ariel Ávila contra Enrique Gómez

El trámite de las iniciativas implicó un recorte de $ 170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El congresista Gómez, según recordó Ávila, celebró en su momento la radicación de estas medidas en el debate parlamentario, pues ambas propuestas obtuvieron el aval del ministerio y la aprobación de las comisiones económicas, y así quedaron en el citado presupuesto.

Sin embargo, tras la votación en comisiones económicas, Gómez presentó un impedimento en la sesión plenaria del Senado para apartarse de la discusión del mismo proyecto, debido al parentesco con su hermano Miguel Gómez, designado en el cargo mediante el decreto 1136 de 2026. La corporación aceptó su solicitud, por lo que quedó al margen de la discusión posterior.

En ese sentido, el demandante expuso los motivos que lo llevaron a este recurso. “Metió la pata hasta el fondo”, fue una de las frases con las que resumió el fin de su solicitud ante el organismo de justicia, pues a su juicio la causal de impedimento existía desde el comienzo de las deliberaciones en el legislativo del Presupuesto General de la Nación, al final emitido por decreto por $634,9 billones.

“¿Cómo así un impedimento en la plenaria del Senado y no para la comisión? O sea, él mismo está confesando que estaba impedido y el Senado le dice: ‘Sí, estás muy impedido porque tu hermano es ministro’. Pero le acogieron las proposiciones”, señaló Ávila. “Si está inhabilitado en la plenaria, ¿por qué no va a estar inhabilitado en las comisiones?”, agregó el congresista opositor.

En su pronunciamiento, el congresista demandante fue aún más allá en sus razones. “Le quiero decir una cosa a Enrique Gómez: y es que usted mismo confesó cuando presentó el impedimento que le fue aprobado. No sé si esto sea una primiparada, o sea, que van a cambiar o que quieren retar la justicia. Pero lo que sí les quiero decir a todos es que esto es pérdida de investidura”.

El marco constitucional y los tiempos procesales del tribunal frente a la demanda de pérdida de investidura

La solicitud invoca los artículos 182 y 183 de la Constitución, que regulan el deber de manifestar impedimentos de índole moral o económica y establecen la pérdida de investidura como sanción. A su vez, la Ley 2003 de 2019 estipula que el conflicto de interés comprende beneficios particulares hacia parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, que sería este caso.

En consecuencia, el alto tribunal administrativo dispondrá de un término de 20 días hábiles para emitir un fallo una vez quede asignado el expediente. De acuerdo con las disposiciones de la Ley 1881 de 2018, los magistrados deberán examinar si existió dolo o culpa grave en la actuación del senador para determinar si procede el retiro definitivo de su curul en el Congreso.