
Miguel Armando Castellanos Serrano fue asesinado el lunes 26 de octubre en Cúcuta, cuando se dirigía a su vivienda por el Anillo Vial Occidental; el exsecretario de Gobierno de la ciudad, mayor de la reserva activa de la Policía Nacional y precandidato a la Alcaldía para 2027, acumulaba 21 años de trayectoria en la institución.
Castellanos se detuvo tras un choque en el Anillo Vial Occidental, donde recibió disparos en la cabeza. Aunque tenía un esquema de seguridad asignado, no estaba acompañado por sus escoltas cuando ocurrió el ataque.
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Perfil de Miguel Castellanos
Miguel Castellanos alcanzó el grado de mayor de la reserva activa después de más de dos décadas en la Policía Nacional. Durante ese período ocupó cargos como secretario privado de la Región Metropolitana de Policía La Sabana y jefe de la División de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena y Medellín.

También fue comandante de estación y de distrito en distintas regiones del país, entre ellas Norte de Santander, Antioquia, Meta, Casanare y Guaviare. Su experiencia en seguridad y convivencia fue parte de su perfil al llegar a la administración municipal.
El 12 de diciembre de 2023, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció que sería su secretario de Gobierno. “Nos ayudará a consolidar la estrategia de seguridad multidimensional para Cúcuta desde las acciones de convivencia, espacio público, garantía de derechos ciudadanos y acceso a la Justicia”, afirmó entonces el mandatario.
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Castellanos asumió formalmente el cargo en enero de 2024. Durante su gestión, en mayo de 2025 presentó una política pública dirigida a ordenar de forma gradual la actividad de los vendedores informales.
Preparaba una aspiración a la Alcaldía de Cúcuta
El exfuncionario renunció a la Secretaría de Gobierno en enero de 2026 para avanzar en su proyecto político. Buscaba competir por la Alcaldía de Cúcuta en las elecciones de 2027 y había iniciado contactos en barrios de la ciudad, mientras intentaba reunir apoyos para una coalición.

Su nombre también apareció en señalamientos relacionados con una presunta red de contrabando atribuida a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Un agente encubierto lo mencionó por supuestos pagos durante su paso por la Polfa en Cartagena. No hubo una decisión judicial que confirmara esas acusaciones.
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Castellanos era hermano del exsenador Jairo Alberto Castellanos y de Leandro Castellanos, concejal de Bogotá y exfutbolista. En febrero de 2026, el esquema de seguridad de Jairo Castellanos fue atacado en Fortul, Arauca, hecho que dejó dos escoltas muertos.
Comunicado de la Alianza Verde
El Partido Alianza Verde rechazó el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano y solicitó medidas de protección reforzadas para su hermano, el concejal de Bogotá Leandro Castellanos, así como para su núcleo familiar.
La colectividad expresó sus condolencias a la esposa, los hijos y los hermanos de Miguel Castellanos, entre ellos el exsenador Jairo Alberto Castellanos. En su comunicado, el partido señaló que la familia ha sufrido una serie de hechos violentos en los últimos meses.
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El pronunciamiento hizo referencia al asesinato de un primo de Miguel y Leandro Castellanos en Cúcuta, al atentado contra Jairo Castellanos y al homicidio del exsecretario de Gobierno de la capital de Norte de Santander, ocurrido el lunes 26 de octubre.

“Rechazamos de manera vehemente esta violencia reiterada contra una familia con una larga trayectoria de servicio público en Norte de Santander y en el país”, indicó el Partido Alianza Verde.
La organización política pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional una investigación “pronta, rigurosa y exhaustiva” que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
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También dirigió una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio del Interior y la Policía para que adopten medidas de seguridad adicionales a favor de Leandro Castellanos y su familia.
El partido planteó, además, una revisión urgente del nivel de riesgo del concejal de Bogotá a partir de los hechos recientes contra integrantes de su familia.
Finalmente, solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades de Norte de Santander garantías para el ejercicio de la actividad política, con especial atención al proceso electoral territorial de 2027, cuando distintos dirigentes comenzarán a consolidar sus aspiraciones.
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