
Grupo Aval anunció el archivo definitivo del proceso judicial contra su filial Corficolombiana en Estados Unidos, luego de que un tribunal competente ordenara el archivo de la acusación. La decisión se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) diera por terminado el acuerdo de enjuiciamiento diferido suscrito con la compañía en agosto de 2023.
Según el comunicado divulgado por el grupo empresarial, Corficolombiana cumplió plenamente las obligaciones establecidas en el Deferred Prosecution Agreement (DPA), mecanismo mediante el cual se aplaza el enjuiciamiento penal bajo determinadas condiciones.
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La compañía señaló que la terminación del acuerdo y el consecuente archivo de la acusación confirman el cumplimiento de los compromisos adquiridos y marcan el cierre del procedimiento relacionado con los hechos contemplados en el convenio ante las autoridades estadounidenses.
El proceso estaba relacionado con las investigaciones sobre el esquema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de infraestructura, entre ellos el proyecto Ruta del Sol II, en Colombia.
¿Por qué Corficolombiana estaba vinculada al caso Odebrecht?
De acuerdo con Valora Analitik, el caso se relaciona con las investigaciones por pagos ilegales asociados con la adjudicación del contrato para construir y operar una carretera en Colombia. Las pesquisas de las autoridades estadounidenses examinaron la participación de Corficolombiana en un acuerdo con Odebrecht para obtener el proyecto Ruta del Sol II.
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Según los antecedentes divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía reconoció su responsabilidad bajo la legislación estadounidense por hechos relacionados con un esquema de sobornos ejecutado entre 2012 y 2015.
De acuerdo con esa información, Corficolombiana participó en un acuerdo con Odebrecht para pagar más de 23 millones de dólares en sobornos a funcionarios colombianos, con el propósito de conseguir el contrato de construcción y operación de la carretera.
Las actuaciones también estuvieron relacionadas con disposiciones sobre contabilidad y mecanismos de control interno. Estos aspectos formaron parte del procedimiento adelantado en Estados Unidos y de las condiciones que la compañía debía cumplir dentro del acuerdo de enjuiciamiento diferido.
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El anuncio de octubre de 2026 corresponde a la conclusión de ese proceso ante las autoridades estadounidenses, una vez satisfechas las obligaciones establecidas en el convenio.

¿Qué establecía el acuerdo firmado en agosto de 2023?
En agosto de 2023, Corficolombiana suscribió un Deferred Prosecution Agreement (DPA) con el Departamento de Justicia estadounidense. Este mecanismo permitió aplazar el enjuiciamiento penal bajo condiciones específicas, cuyo cumplimiento era necesario para avanzar hacia la terminación del procedimiento.
Entre los compromisos establecidos se encontraban obligaciones de cooperación con las autoridades y el fortalecimiento de los controles internos de la compañía. El acuerdo también contempló una sanción penal de 40,6 millones de dólares, según los antecedentes dados por el medio.
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El cumplimiento de las condiciones pactadas era determinante para que el Departamento de Justicia pudiera dar por terminado el convenio y solicitar la desestimación de los cargos contemplados en el proceso.
De acuerdo con el comunicado de Grupo Aval, la compañía atendió plenamente sus obligaciones. Posteriormente, el DOJ terminó el acuerdo y el tribunal competente ordenó el archivo definitivo de la acusación.
La decisión comunicada el 26 de octubre de 2026 marca, por tanto, la conclusión del procedimiento penal comprendido en ese convenio. El anuncio no corresponde a la firma de un nuevo acuerdo, sino al cierre del proceso después del cumplimiento de las condiciones establecidas en 2023.
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Los pagos acordados con el DOJ y la SEC
Cuando se anunciaron los acuerdos relacionados con el caso en 2023, Grupo Aval y Corficolombiana informaron sobre los compromisos económicos establecidos con dos autoridades estadounidenses: el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Según la información divulgada entonces por las compañías, los pagos contemplados ascendían a 20,3 millones de dólares al DOJ y 40,27 millones de dólares a la SEC, para un total de 60,57 millones de dólares.
En ese momento, Corficolombiana señaló que el monto tendría un efecto financiero en sus estados financieros. Estas obligaciones económicas formaron parte de los acuerdos alcanzados en el marco de las investigaciones relacionadas con Odebrecht.
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No obstante, el anuncio divulgado por Grupo Aval el 26 de octubre de 2026 se refiere específicamente a la terminación del acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia y al archivo judicial de la acusación correspondiente.
Por ello, la decisión debe entenderse dentro del alcance de ese procedimiento y no como una confirmación automática del cierre de cualquier actuación que pudiera corresponder a otras autoridades.

Grupo Aval se pronunció tras la decisión judicial
En el comunicado, Grupo Aval afirmó que la terminación del DPA y el archivo de la acusación confirman el cumplimiento de los compromisos asumidos por Corficolombiana ante las autoridades estadounidenses.
La organización también reiteró su compromiso con los estándares de ética empresarial, transparencia y cumplimiento normativo, además del fortalecimiento continuo de sus mecanismos de control y gobierno corporativo.
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