MinSalud denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades por $32.500 millones en recursos para hospitales públicos

El Ministerio de Salud y Protección Social puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en la asignación de recursos para hospitales públicos, luego de identificar decisiones administrativas que, según la cartera, excedían en más de $32.500 millones el respaldo presupuestal disponible.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer la actuación mediante un video en el que explicó que los hechos están relacionados con cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026. De acuerdo con su declaración, las decisiones contemplaban asignaciones pendientes de registro presupuestal por $33.635 millones, mientras que el saldo disponible en el certificado correspondiente era de $1.129 millones.

La funcionaria señaló que la comunicación presentada ante el organismo investigador está respaldada por documentos que permiten identificar las inconsistencias detectadas durante la revisión. El propósito es que se esclarezcan las circunstancias en las que se aprobaron las asignaciones y las verificaciones realizadas antes de expedir las resoluciones.

MinSalud identificó diferencias en el respaldo presupuestal

Según la información divulgada por la ministra, las cinco resoluciones contenían asignaciones pendientes de registro presupuestal cuyo valor superaba el saldo disponible en el certificado correspondiente.

La diferencia entre los $33.635 millones contemplados en las resoluciones y los $1.129 millones disponibles representa el punto central de la denuncia. El Ministerio reportó presuntas irregularidades por $32.505 millones, aunque la resta de los dos valores publicados arroja $32.506 millones. La información divulgada no explica esta diferencia de un millón de pesos.

Vesga indicó que la revisión permitió detectar la inconsistencia entre las asignaciones y el respaldo presupuestal disponible. No obstante, los datos entregados por la cartera no especifican cuáles hospitales públicos estaban incluidos en las resoluciones, cuánto dinero correspondía a cada institución ni qué proyectos o servicios se financiarían con esos recursos.

Tampoco se informó si las sumas contempladas en las decisiones administrativas llegaron a desembolsarse o si permanecieron pendientes de registro presupuestal.

Los documentos entregados a la Fiscalía

La ministra explicó que la comunicación presentada ante la Fiscalía está sustentada en tres tipos de documentos: las cinco resoluciones de asignación, el certificado de disponibilidad presupuestal y un informe técnico del 25 de septiembre de 2026.

Según Vesga, el informe técnico detalla la inconsistencia encontrada durante la revisión de las decisiones administrativas. Las resoluciones, por su parte, corresponden al periodo comprendido entre finales de julio y comienzos de agosto de 2026.

La documentación busca aportar elementos para examinar cómo se tramitaron las asignaciones y qué controles se efectuaron antes de la expedición de los actos administrativos.

“Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas”, afirmó la ministra en el video.

En su declaración, Vesga también hizo referencia a la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos destinados al sector sanitario.

“Los recursos de la salud exigen decisiones sustentadas y responsables. La ciudadanía tiene derecho a conocer las explicaciones”, expresó la ministra.

Ana María Vesga pidió esclarecer las decisiones administrativas

Al referirse a las actuaciones posteriores a la denuncia, la ministra sostuvo que corresponde a la Fiscalía analizar las pruebas y determinar las eventuales responsabilidades.

“Corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades”, manifestó Vesga.

La declaración delimita el alcance de la actuación anunciada por el Ministerio: poner en conocimiento de las autoridades una serie de inconsistencias presupuestales para que sean examinadas, sin anticipar las conclusiones de una investigación.

La cartera también se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales. En esas publicaciones señaló que la denuncia está sustentada en pruebas documentales, incluido el informe técnico que registra las inconsistencias identificadas en las resoluciones expedidas a mediados de 2026.

Además, el Ministerio manifestó su disposición a entregar la información que requieran los organismos de control para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las responsabilidades correspondientes.

¿Qué sigue en el caso de los recursos para hospitales públicos?

La Fiscalía General de la Nación deberá valorar la documentación aportada y adelantar las actuaciones que correspondan para establecer las circunstancias de las decisiones administrativas señaladas por el Ministerio de Salud.