Gobierno propone eliminar concursos de mérito para elegir directores regionales del Sena, ICBF e Invías

El borrador plantea que los representantes legales de cada entidad conformen las ternas y puedan dar por terminados algunos procesos de selección en curso, mientras se mantienen los requisitos de formación y experiencia. La iniciativa estará abierta a comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026

El Gobierno plantea cambiar el mecanismo de selección de los directores regionales del Sena, el ICBF y el Invías. - crédito Sergio Acero/Reuters, Sena, ICBF e Invías
El Gobierno plantea cambiar el mecanismo de selección de los directores regionales del Sena, el ICBF y el Invías. - crédito Sergio Acero/Reuters, Sena, ICBF e Invías
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella propone eliminar los concursos públicos de mérito para conformar las ternas de candidatos a las direcciones regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). La iniciativa está contenida en un borrador de decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública, conocido por Cambio.

De acuerdo con el medio, el proyecto plantea que los representantes legales de cada entidad asuman la responsabilidad de conformar las ternas que se presentan a los gobernadores, sin la obligación de realizar convocatorias públicas, pruebas de conocimientos y valoración de antecedentes a través de universidades u organismos especializados.

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La propuesta no elimina los requisitos de formación y experiencia para ocupar esos cargos, pero modifica el procedimiento para seleccionar a los candidatos. Además, contempla la posibilidad de terminar concursos que ya estén en marcha cuando existan razones administrativas, presupuestales o financieras que justifiquen esa decisión.

¿Por qué el Gobierno propone eliminar los concursos de mérito?

Según la memoria justificativa del borrador, el Gobierno considera que la obligación de adelantar concursos para conformar las ternas tiene origen reglamentario y no está establecida expresamente en el artículo 305 de la Constitución ni en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998.

El documento sostiene que el requisito fue incorporado mediante disposiciones reglamentarias anteriores, entre ellas el Decreto 1972 de 2002, y que puede modificarse mediante otro decreto.

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Otro de los argumentos se relaciona con la naturaleza de las direcciones regionales, consideradas empleos de libre nombramiento y remoción. Para Función Pública, exigir un concurso obligatorio limita la discrecionalidad de los representantes legales en cargos que requieren funciones directivas y una relación de confianza con la administración.

La memoria justificativa también menciona los costos administrativos, las demoras en los nombramientos y las reclamaciones judiciales que pueden surgir durante los procesos de selección. Según el Gobierno, eliminar la obligatoriedad del concurso permitiría agilizar las designaciones y optimizar los recursos públicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Función Pública sostiene que los concursos obligatorios generan costos administrativos y demoras en los nombramientos. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasará con los concursos que ya están en curso?

El borrador establece que los concursos públicos abiertos que ya comenzaron podrían terminarse si el representante legal de la entidad justifica que existen limitaciones administrativas, presupuestales o financieras que hacen inconveniente continuar con ellos.

La medida, por tanto, no plantea la terminación automática de todos los procesos vigentes, sino que contempla esa posibilidad bajo determinadas condiciones.

Además, los representantes legales podrían solicitar información, conceptos o evaluaciones técnicas para verificar la idoneidad, la formación y la experiencia de los aspirantes.

Sin embargo, al desaparecer la obligación de adelantar un concurso público, las entidades tendrían mayor margen para definir cómo evalúan a los candidatos, sin necesidad de aplicar un procedimiento uniforme de convocatoria, pruebas y valoración de antecedentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los procesos de selección en curso podrían terminarse si los representantes legales justifican limitaciones administrativas, presupuestales o financieras. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gobernadores mantendrían la elección de los directores regionales

La iniciativa no elimina la facultad de los gobernadores de elegir a los directores regionales a partir de las ternas recibidas. El cambio propuesto se concentra en la conformación de esas listas de candidatos.

El borrador mantiene los plazos para efectuar los nombramientos: ocho días calendario cuando la jurisdicción comprenda un solo departamento y quince días hábiles cuando abarque dos o más departamentos.

Si esos plazos vencen sin que se haya tomado una decisión, el representante legal de la entidad podrá elegir directamente a uno de los integrantes de la terna.

Los aspirantes deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en los manuales de funciones y competencias laborales de cada institución. En consecuencia, la propuesta modifica el mecanismo de selección, pero mantiene las exigencias de formación y experiencia para ocupar los cargos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto de decreto del Gobierno de De la Espriella estará abierto a comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026, antes de avanzar en el trámite para su eventual expedición. - crédito Isaac Bechara/Presidencia de Colombia

Borrador estará abierto a comentarios hasta noviembre

De acuerdo con la información publicada por el medio, el proyecto de decreto estará disponible para recibir comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026.

Si la propuesta avanza y entra en vigencia, las nuevas disposiciones se aplicarían a establecimientos públicos del orden nacional que cuentan con direcciones o gerencias regionales, como el Sena, el ICBF y el Invías.

Por ahora, se trata de un borrador normativo. La eliminación de los concursos de mérito dependerá de que la iniciativa complete el trámite correspondiente y sea adoptada mediante la disposición definitiva.

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