Pelea por pasaportes colombianos: la Casa de la Moneda de Portugal acusó a Cancillería de faltar a la verdad, qué pasó

La Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal radicó un escrito de oposición formal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para desmentir las acusaciones de la Cancillería de Colombia en el litigio por los pasaportes.

La entidad europea reveló que el informe técnico que valida el modelo de expedición de libretas diseñado en el gobierno de Gustavo Petro fue elaborado y concertado de manera conjunta entre todas las partes, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a firmarlo en el último momento.

El pronunciamiento de la Casa de la Moneda de Portugal surge como respuesta directa a los memoriales presentados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dependencia que solicitó al magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón desestimar el informe pericial.

La Cancillería alegó que el documento se radicó sin su consentimiento y denunció el supuesto uso indebido de los logotipos oficiales de la cartera diplomática para inducir en error a la autoridad judicial, según la información que obtuvieron los diarios El Tiempo y El Espectador.

Frente a estos señalamientos, la delegación europea acreditó ante el tribunal que el texto definitivo ya contaba con la aprobación de los equipos técnicos y jurídicos de las entidades demandadas, certificando que la primera fase del modelo de pasaportes está concluida, opera con estabilidad y fue funcionalmente aceptada.

Las pruebas de Portugal: el correo que evidenciaría el consenso previo

Para respaldar su postura, Portugal aportó como prueba un correo electrónico interno con fecha del 14 de octubre de 2026, enviado con copia directa a Andrés Sarmiento, jefe de la oficina jurídica de la Cancillería. En dicha comunicación digital se remitió el texto final consolidado para que cada entidad procediera a estampar su firma antes de entregarlo al despacho del magistrado.

“De acuerdo con el correo y la conducta de las partes, es claro, por lo menos para la IMPRENSA NACIONAL – CASA DA MOEDA S.A., que los involucrados con el informe estábamos de acuerdo en los términos definitivos, pactando, incluso, una forma de suscripción del mencionado documento (sic)”, argumentó la entidad portuguesa a través de su apoderado judicial, Felipe de Vivero Arciniega, según conocieron las fuentes citadas.

El abogado de la Casa de la Moneda aclaró que, tras la negativa intempestiva del Ministerio colombiano para plasmar su rúbrica, el informe se radicó el 16 de octubre de 2026 únicamente a nombre de la Imprenta Nacional de Colombia y de la delegación de Portugal, sin suplantar ni atribuir la presentación a la Cancillería.

“El texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio se negó a firmarlo, y en esa medida, en ningún momento se indicó en dicho informe que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio hiciera parte de quienes lo presentaban”, puntualizó De Vivero Arciniegas en el escrito.

Choque por la prórroga y fractura en el Gobierno nacional

Por su parte, la Cancillería justificó su rechazo argumentando que un día antes del vencimiento del término judicial, el 15 de octubre, solicitó una prórroga de 20 días para allegar sus valoraciones técnicas. En sus memoriales del 20 y 21 de octubre, la cartera exterior sostuvo que la entrega adelantada por los otros involucrados desconoció su solicitud de tiempo adicional y creó una falsa apariencia de consenso.

“Se pretende inducir en error al Tribunal al dar apariencia de un acuerdo entre las demandadas respecto de la información que reposa en el informe, que incluso fue remitido desconociendo la solicitud de prórroga elevada de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio”, señaló la representación jurídica del ministerio.

A estos reparos, la Casa de la Moneda portuguesa respondió señalando que las afirmaciones oficiales de la Cancillería no corresponden a la realidad de lo sucedido en las mesas de trabajo. Los delegados europeos recordaron que la orden judicial de presentar un documento conjunto no fue una opción acordada entre las partes, sino un mandato estricto del propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca que vencía de manera improrrogable en los plazos fijados por el despacho.

“Debe aclararse que la presentación del informe de manera conjunta no fue un acuerdo con mi poderdante, pues fue el Tribunal quien ordenó la forma como debía elaborarse y presentarse dicho documento y conforme a ello se construyó el documento”, explicó la entidad europea.

Asimismo, Portugal cuestionó que el abogado del Fondo Rotatorio de la Cancillería radicó la solicitud de prórroga procesal sin informar ni consultar previamente a las otras partes procesales, incumpliendo los deberes de lealtad procesal estipulados en el Código General del Proceso y en el Código de Procedimiento Administrativo.

“Debe señalarse que existía una orden del Tribunal, la cual debía cumplirse, y que el memorial presentado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO no tenía la potencialidad de suspender el término concedido para dar cumplimiento a la mencionada orden (sic)”, enfatizó el escrito de oposición presentado por Portugal, de acuerdo con los diarios en mención.

Esta disputa jurídica profundiza la fractura interna en el Gobierno nacional respecto al futuro de los pasaportes. Mientras la Imprenta Nacional de Colombia, bajo la gerencia encargada de Iván Rojas y vinculada al sector del Ministerio del Interior, avaló formalmente la capacidad técnica del esquema junto a los expertos portugueses, la Cancillería insiste en desvirtuar el trámite.

Al concluir su intervención judicial, la Casa de la Moneda de Portugal pidió al tribunal dar plena validez al informe radicado el 16 de octubre por quienes efectivamente lo suscribieron y ordenar el levantamiento inmediato de la medida cautelar que mantiene suspendido el modelo, con el fin de proteger la prestación continua del servicio público a la ciudadanía.