Oposición criticó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por un presunto caso de falso positivo: “El Ejército la presentó como una integrante de las disidencias”

La muerte de Yasmín Rodríguez, una joven de 22 años y madre de una bebé de 16 meses, durante un operativo militar en zona rural del Meta, provocó denuncias de presuntas irregularidades y reclamos de esclarecimiento por parte de dirigentes del Pacto Histórico. La familia y habitantes de la región rechazan la versión oficial que la vinculó con una estructura disidente de las Farc.

Rodríguez falleció el 17 de octubre de 2026 en la finca Rancho Grande, en un sector ubicado entre Puerto Rico y Vista Hermosa.

La operación, según el Ejército, dejó tres personas capturadas y material bélico incautado. La institución sostuvo que la joven sería compañera sentimental de alias Junior Rojas, señalado como integrante de la estructura Marco Aurelio Buendía.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó esa versión en redes sociales y señaló que Rodríguez era “joven de 22 años, madre, civil y campesina”. Además, afirmó que fue presentada públicamente como baja de organizaciones armadas.

Las autoridades militares informaron que el procedimiento se desarrolló contra esa estructura, a la que atribuyen vínculos con las disidencias bajo el mando de alias Calarcá.

El reporte oficial indicó que durante la intervención fueron decomisados dos fusiles, dos pistolas, tres granadas, munición, equipos de comunicación y otros elementos.

Los allegados de Yasmín Rodríguez y la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cooperativa cuestionaron el operativo. Según sus versiones, la joven realizaba labores de cocina y otros oficios en fincas de la región.

El senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz afirmó que Rodríguez no puede ser reducida a un registro de una acción militar. “Yasmín no era una cifra en un parte de guerra, era una madre. El Ejército la presentó como integrante de las disidencias de las Farc”, escribió el congresista en X.

Gómez Paz sostuvo que la familia y la comunidad niegan que la joven perteneciera a las disidencias. También pidió una investigación sobre las circunstancias de su muerte y medidas de reparación si se comprueba que hubo responsabilidades estatales.

“Mientras Abelardo celebraba ‘un bandido muerto’, una familia perdía a su hija y una niña quedaba sin su mamá”, señaló el senador. El legislador exigió que se establezca la verdad de lo ocurrido y reclamó garantías de no repetición.

Por su parte, el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo afirmó que Rodríguez tenía 22 años y una hija de 16 meses. Según su publicación, la comunidad asegura que ella había llegado a la finca para trabajar en labores de cocina.

El congresista cuestionó que el presidente Abelardo de la Espriella hubiera difundido el resultado del operativo con la frase “un bandido muerto”. Ocampo sostuvo que la denuncia debe ser examinada con urgencia y relacionó el caso con otras muertes bajo cuestionamiento en Santa Marta y La Macarena.

“Colombia ya vivió lo que pasa cuando se presiona por resultados”, expresó el senador. En su mensaje recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos ocurridos bajo la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ocampo solicitó actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El legislador pidió que esas entidades determinen si existieron fallas en la planeación, ejecución o reporte de la operación.

La representante del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, aseguró que el caso hace parte de cuatro denuncias de posibles falsos positivos conocidas durante el actual Gobierno.

La congresista afirmó que la familia de Rodríguez busca limpiar el nombre de la joven, a quien describió como madre soltera, trabajadora y vinculada a actividades de la Junta de Acción Comunal.

“¿Qué política de seguridad necesita quitarle la vida a inocentes para mostrar resultados?”, cuestionó la representante. También anunció que citará al Ministerio de Defensa a un debate de control político para pedir explicaciones sobre el operativo.

La parlamentaria sostuvo que el Congreso debe vigilar las actuaciones de la fuerza pública y evitar que se presenten civiles como integrantes de organizaciones armadas sin pruebas concluyentes.