La adjudicación de un contrato por $60.000 millones para la erradicación manual de cultivos ilícitos generó tensiones entre el presidente Abelardo de la Espriella y altos mandos de la Policía Nacional, de acuerdo con una investigación publicada por Cambio.
El proceso fue adjudicado el 31 de agosto de 2026 a la Unión Temporal EMF 2026, integrada por seis contratistas. La decisión fue adoptada después de que la Dirección de Antinarcóticos revocara la declaratoria de desierto emitida en junio, cuando ninguna de las tres propuestas había quedado habilitada.
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Según el medio, la controversia alcanzó al director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, y al director general de la Policía, Jesús Alejandro Barrera Peña. Fuentes del Gobierno consultadas por la revista señalaron que el presidente pidió explicaciones tras conocer los detalles de la contratación.
El proceso que pasó de estar desierto a ser adjudicado
La convocatoria fue abierta en abril de 2026 para contratar personal y logística destinados a las labores de erradicación manual de cultivos de coca.
En la primera evaluación, publicada el 7 de mayo, ninguno de los tres proponentes fue habilitado. En una segunda revisión, la Unión Temporal EMF 2026 cumplió los requisitos técnicos y económicos, pero no los jurídicos.
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La observación se relacionaba con uno de los integrantes de la unión temporal, Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga, quien participó como persona natural comerciante. Los evaluadores concluyeron que no había acreditado de forma suficiente las actividades económicas requeridas.
También se presentaron reclamos sobre presuntas inconsistencias entre la información financiera entregada por algunas de las empresas y sus declaraciones tributarias. El 3 de junio, el comité evaluador concluyó que no había propuestas habilitadas.
El general Castaño declaró desierto el proceso mediante la Resolución 0536, emitida el 23 de junio. Sin embargo, la Unión Temporal EMF 2026 presentó un recurso de reposición el 8 de julio para controvertir su descalificación jurídica.
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El 31 de agosto, el Comité de Adquisiciones recomendó apartarse de la evaluación jurídica que había impedido habilitar al proponente. Ese mismo día, la Dirección de Antinarcóticos revocó la declaratoria de desierto y adjudicó el contrato por $60.000 millones a la misma unión temporal.
La conexión con anteriores contratos de erradicación
El 50% de la Unión Temporal EMF 2026 pertenece a Transworld Solutions Logística Colombia S. A. S., empresa constituida en Villavicencio en mayo de 2024. Su representante legal es Rafael Hernán Barrera Hurtado.
El medio estableció que Barrera también representa a Transworld Solutions S. A. S., sociedad que antes se denominaba Interlogística Services S. A. S. Esta última compañía integró la Unión Temporal Global Allianz Group, contratista de erradicación durante el Gobierno de Iván Duque.
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De acuerdo con la investigación, ambas sociedades tienen números de identificación tributaria distintos, pero comparten representante legal y número telefónico. El medio indicó que este vínculo empresarial permite relacionar la nueva contratación con una de las firmas que participaron en el negocio de erradicación anterior.
No obstante, Cambio precisó que esa conexión no prueba que Carlos Adolfo Niño Vargas sea propietario o controlador de la Unión Temporal EMF 2026. El empresario ha sido mencionado en investigaciones periodísticas previas por sus relaciones con compañías contratistas del sector defensa.
En junio de 2024, la revista informó sobre reuniones entre Niño y Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, quien entonces ocupaba un cargo de alta relevancia en el Gobierno de Gustavo Petro. El medio también identificó una red de 23 sociedades relacionadas con familiares, antiguos empleados y personas de confianza del empresario, vinculadas a negocios estatales que superaban los $600.000 millones.
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La revisión del Dapre y la firma del contrato
Tras la adjudicación, el contrato quedó sin formalizar durante varias semanas. Según las fuentes consultadas, el presidente De la Espriella pidió revisar la viabilidad jurídica del proceso al conocer la magnitud de los recursos comprometidos.
La Unión Temporal EMF 2026 presentó una tutela para exigir la firma del contrato. En la respuesta al Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá, la Dirección de Antinarcóticos reconoció que el expediente físico estaba en la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para su revisión.
El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, habría revisado el expediente y concluido que no existían impedimentos jurídicos para continuar con el trámite, según la investigación. Esa revisión permitió avanzar con la formalización del negocio.
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El contrato fue firmado el 8 de octubre de 2026. Ocho días después, el juzgado declaró superada la controversia porque el acuerdo ya estaba suscrito. La decisión judicial no ordenó la firma ni se pronunció sobre la legalidad de la adjudicación.
La controversia también alcanzó al director general de la Policía, Jesús Alejandro Barrera Peña. Según testimonios recogidos, el presidente lo confrontó por el contrato durante un viaje en el avión presidencial.
Barrera habría explicado que autorizó continuar el trámite después de recibir información del general Castaño sobre la necesidad de avanzar con la contratación, aunque sostuvo que desconocía la magnitud y los detalles del negocio. Según las fuentes citadas por el medio, el episodio deterioró la relación entre el mandatario y el director de la Policía.
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Preguntas sobre la ejecución y el control del contrato
El contrato se firmó el 8 de octubre de 2026, por lo que, según la investigación del medio, quedaron poco más de dos meses para su ejecución. El plazo plantea preguntas sobre el número de hectáreas que podrán erradicarse y los mecanismos para verificar las labores realizadas.
El medio recordó que los contratos anteriores de erradicación manual también fueron objeto de observaciones de la Contraloría General de la República, que cuestionó la modalidad contractual utilizada por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para contratar una actividad que, en la práctica, tenía características de suministro y administración de trabajadores.
Además, cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Naciones Unidas muestran que Colombia pasó de 143.000 hectáreas de coca en 2020 a 261.000 en 2024. En ese mismo periodo, la erradicación forzosa disminuyó de 20.325 hectáreas en 2023 a 9.403 en 2024.
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Estas cifras no permiten establecer una relación directa entre los resultados de la política antidrogas y un contrato específico. Sin embargo, los antecedentes ponen bajo escrutinio los criterios de selección, la supervisión de las operaciones y el uso de recursos públicos destinados a la erradicación manual de cultivos ilícitos.
En cuanto a la intervención de los organismos de control, Cambio informó que el 5 de junio de 2026 la Procuraduría solicitó información sobre las reclamaciones de los proponentes, las evaluaciones y las medidas para garantizar la transparencia. El organismo aclaró que su actuación era preventiva y que no había ordenado adjudicar el contrato.
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