
La construcción de la nueva calle 13 de Bogotá enfrenta dificultades para avanzar en cuatro de sus seis grupos de obra. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) declaró desierta por tercera vez, el pasado 31 de julio, la licitación para construir los tramos comprendidos entre la avenida 68 y el río Bogotá, en límites con Mosquera.
De acuerdo con un informe publicado por El Tiempo, aunque el proyecto contempla una inversión de $2,3 billones para las obras pendientes, las condiciones contractuales y las dificultades técnicas y administrativas han reducido el atractivo de la iniciativa para las empresas constructoras.
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La intervención busca transformar 11,62 kilómetros del corredor para incorporar una troncal de TransMilenio, estaciones, puentes, ciclorrutas y espacio público, en una vía estratégica para la movilidad y el transporte de mercancías entre Bogotá y la Sabana de Occidente.
Las dificultades contractuales detrás de las licitaciones fallidas
Uno de los principales obstáculos está relacionado con la distribución de los riesgos entre el Distrito y las empresas contratistas. Según Darío Hidalgo, profesor de Logística y Transporte de la Universidad Javeriana, la ejecución de obras en Bogotá implica resolver trámites relacionados con predios, redes de servicios públicos, manejo del tráfico, permisos y adecuaciones del espacio público.
Estas obligaciones pueden generar incertidumbre sobre los plazos y los costos de construcción, lo que dificulta que las empresas determinen si las condiciones económicas de los contratos compensan los riesgos.
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Hidalgo explicó según el diario que los problemas en la distribución de responsabilidades y la remuneración hacen que proyectos como la calle 13 resulten menos atractivos para constructores nacionales e internacionales.
A esto se suman las gestiones necesarias para trasladar redes de servicios públicos, especialmente las relacionadas con el acueducto y la electricidad, así como la aprobación de los planes de manejo de tráfico (PMT) por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
Estos procedimientos pueden retrasar los cronogramas y limitar el desarrollo de las obras, según el análisis del académico.
Por su parte, María Carolina Castillo, presidenta ejecutiva de ProBogotá Región, consideró que las condiciones de los contratos podrían explicar los procesos fallidos y señaló la necesidad de establecer reglas que generen confianza entre las entidades públicas y el sector constructor.
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¿Qué contempla la nueva calle 13 de Bogotá?
El proyecto fue dividido en seis grupos de obra. Mientras los grupos 3, 4, 5 y 6 continúan pendientes de adjudicación, el grupo 1, que incluye la implosión del pulpo de Puente Aranda y la construcción de un nuevo puente de tres niveles, registra un avance del 50%.
La iniciativa contempla carriles exclusivos para TransMilenio, 13 estaciones sencillas y una de cabecera, 20 puentes peatonales, 10 puentes vehiculares y 22,9 kilómetros de ciclorruta. También incluye 485.000 metros cuadrados de espacio público.
La necesidad de intervenir el corredor está relacionada con el volumen de vehículos que circulan diariamente por la zona. Cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad citadas, indican que entre la avenida 68 y el río Bogotá transitan alrededor de 205.000 vehículos al día, entre motocicletas, automóviles, camiones y buses.
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Para Diego Sánchez, vicerrector de la Escuela Colombiana de Ingeniería y exdirector del IDU, la transformación de esta vía es prioritaria para reducir los problemas de congestión que afectan a quienes se desplazan por el occidente de la capital.

El IDU prepara ajustes para volver a licitar las obras
Ante los resultados de los procesos anteriores, el Distrito revisó las condiciones contractuales para facilitar la participación de empresas constructoras. Entre los ajustes se encuentran cambios en los plazos de preconstrucción, construcción y mantenimiento, modificaciones en el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), y mayor flexibilidad en los pagos para mejorar la liquidez de los contratistas.
Según El Tiempo, el IDU ha sostenido más de 27 reuniones con representantes del gremio constructor para recibir observaciones y revisar las condiciones de ejecución.
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El director de la entidad, Orlando Molano, aseguró que la prioridad es garantizar que las empresas participantes tengan la capacidad técnica y financiera para cumplir con las obras. También indicó que el 81% del área predial requerida ya fue adquirida.

El proyecto cuenta con un convenio de cofinanciación entre el Gobierno nacional y el Distrito por $4,9 billones, destinados a componentes como infraestructura vial, predios, reasentamientos, manejo del tráfico y traslado de redes.
Sobre la reapertura del proceso, Molano afirmó que la entidad volverá a licitar cuando tenga las condiciones necesarias para garantizar su ejecución. Sin embargo, la información suministrada no establece una fecha concreta para abrir nuevamente la convocatoria de los cuatro grupos pendientes.
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