La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó las declaraciones de los congresistas María Clara Posada, del Centro Democrático, y Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, contra Julieta Lemaitre, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La funcionaria pidió a los congresistas que rectificaran las afirmaciones “falsas o sin sustento” contra la magistrada Julieta Lemaitre, una solicitud que María Clara Posada rechazó. La congresista afirmó que no se retractará de sus declaraciones.
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“No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP. Además, dejo constancia que este ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo expone mi seguridad a una situación de riesgo mayor”, indicó Posada.
Al respecto, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, reaccionó a la petición de la defensora del Pueblo, Iris Marín. A través de su cuenta oficial en X, el expresidente de Colombia entre 2002 y 2010 pidió que no se “ponga en riesgo” a la senadora del Centro Democrático.
“La senadora María Clara Posada es joven, preparada, sincera, que no se le ponga en riesgo por favor”, indicó Uribe Vélez.
El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, también respondió a la solicitud dirigida al congresista Germán Rodríguez, de su colectividad, y la calificó de “abusiva”.
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“La Defensoría del Pueblo no es para causas personales ni amiguismos, por más cercanos que sean con la doctora magistrada Lemaitre Ripoll. No mal informe al pueblo colombiano”, indicó Gómez.
Enrique Gómez aseguró en su pronunciamiento que el senador Germán Rodríguez “no va a ser intimidado ni puede ser intimidado”, expresando su respaldo al congresista.
“El senador Germán Rodríguez no va a ser intimidado ni puede ser intimidado por una entidad pública que se mete en causa propia a restringir el derecho y la capacidad de hacer política de nuestros congresistas. Respaldo total a Germán Rodríguez”, aseguró Gómez.
El senador afirmó que las intervenciones de los congresistas permitieron que el país conociera las declaraciones de la magistrada durante las audiencias contra Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y otros integrantes de las Farc.
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“¿Cuál es el verdadero interés de la Defensoría en sostener la burocracia de la JEP y andar blindando a las FARC a toda hora?“, indicó Enrique Gómez.
¿Qué dijo María Clara Posada?
María Clara Posada Caicedo informó que no rectificará las publicaciones que difundió sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La decisión fue comunicada después de que la Defensoría del Pueblo le solicitara corregir videos relacionados con la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.
Mediante una carta fechada el 24 de octubre de 2026, la legisladora rechazó formalmente el pedido dirigido por la entidad. El documento fue enviado a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y a la defensora encargada, Paula Cristina Aponte Urdaneta.
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Posada sostuvo que sus declaraciones están protegidas por los artículos 20, 114 y 133 de la Constitución, además de la Ley 5 de 1992. Según expuso, esas normas respaldan las funciones de control político y la libertad de expresión de los integrantes del Congreso.
“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, afirmó la senadora en la carta. Añadió que sus críticas se dirigen a una institución estatal y no constituyen un ataque contra la independencia judicial.
En su respuesta, la congresista se refirió a imágenes de una diligencia judicial en la que aparece Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y antiguo integrante del Secretariado de las Farc-EP. Posada consideró inapropiado el trato que recibió durante esa actuación, por su pertenencia a la dirección de una organización responsable de secuestros y otros delitos.
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La legisladora también cuestionó las diferencias que, a su juicio, existen entre las audiencias de exintegrantes de las extintas Farc y las de miembros de la fuerza pública. Indicó que algunos comparecientes de la antigua guerrilla participaron en diligencias reservadas, mientras militares afrontaron sesiones públicas, transmitidas en vivo y con intervenciones de asistentes.
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