Gobierno formalizó la derogatoria de los distritos mineros especiales y dio 30 días para levantar la delimitación sobre 5,3 millones de hectáreas

El Gobierno nacional formalizó la derogatoria de las 15 resoluciones que delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, una decisión adoptada mediante la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Minas y Energía y comunicada el 24 de octubre. La disposición establece un plazo de 30 días para levantar las delimitaciones que comprendían 5.340.192 hectáreas en diferentes regiones del país.

La medida comprende territorios de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, además del litoral Pacífico. En conjunto, las áreas delimitadas representaban cerca del 5% del territorio nacional. Según la información divulgada por la cartera, 14 de los 15 distritos habían sido declarados durante 2026.

Con la expedición del acto administrativo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella puso fin a las disposiciones que establecían estas áreas como instrumentos de planificación y articulación para transformar las actividades económicas en regiones con operaciones y proyectos mineros.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda Arango, señaló que la decisión busca mantener la actividad minera dentro de la estrategia económica del Gobierno y establecer condiciones para la continuidad de los proyectos legales, así como para los procesos de formalización y el control de la extracción ilícita. “Diversificar es sumar, no restar”, afirmó la ministra al explicar la posición del Gobierno frente al papel de la minería en las economías regionales.

Los argumentos del Gobierno para derogar las delimitaciones

El Ministerio de Minas sustentó la derogatoria en cuatro razones principales: la falta de resultados verificables, la ausencia de alternativas productivas concretas para las comunidades, la incertidumbre jurídica generada por las delimitaciones y la falta de articulación con las autoridades territoriales.

De acuerdo con la cartera, habían transcurrido más de dos años desde la primera delimitación sin que se evidenciaran resultados verificables en materia de diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización o mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones incluidas en estas zonas. También indicó que los planes estratégicos de gestión previstos para desarrollar los distritos no terminaron de formularse ni de adoptarse.

Otro de los argumentos expuestos fue que el esquema contemplaba la sustitución progresiva de actividades mineras sin acreditar previamente alternativas económicas que fueran ciertas, financiables y viables para los territorios. Según el ministerio, esa situación podía tener efectos sobre el empleo, los ingresos provenientes de las regalías y el derecho al trabajo de las comunidades que dependen de la minería.

La cartera también cuestionó las condiciones jurídicas de las delimitaciones. Según la explicación oficial, las resoluciones no establecían una vigencia determinada, una extensión máxima ni reglas de transición. Además, algunas delimitaciones podían ampliarse a municipios vecinos, lo que, de acuerdo con el Gobierno, generaba incertidumbre para los proyectos mineros ubicados dentro y fuera de los polígonos definidos.

A esos factores se sumó la falta de armonización con los instrumentos de ordenamiento territorial. La cartera señaló que las resoluciones no fueron concertadas con gobernaciones y alcaldías ni se articularon con los planes de ordenamiento territorial, situación que habría generado superposiciones y confusión respecto de las normas aplicables en cada zona.

Sobre la orientación de la política minera, la ministra manifestó: “Para el Gobierno Nacional la minería es fundamental en la agenda de reactivación económica. Colombia tiene el potencial de ser un país minero: un país capaz de aportar minerales y energía a la transición del mundo. Los distritos mineros especiales planteaban sustituir una actividad que sostiene a miles de familias sin ofrecerles una alternativa real. Hoy les decimos a los mineros formales de Colombia que tienen reglas claras, que sus derechos están protegidos y que el Gobierno Nacional va a trabajar con ellos para acompañar los procesos de formalización, cerrar brechas, combatir la extracción ilícita y hacer una minería que cada vez más aporte a la competitividad de los territorios. Diversificar es sumar, no restar”, afirmó María Nohemi Arboleda Arango.

Qué cambia para los proyectos mineros y las comunidades

Con la derogatoria, el Gobierno plantea que los títulos mineros vigentes y las solicitudes que se encuentran en trámite continúen sujetos al Código de Minas, sin las delimitaciones establecidas mediante las resoluciones derogadas. El ministerio sostiene que este cambio busca brindar seguridad jurídica a los titulares y a quienes adelantan procedimientos para desarrollar actividades de exploración y explotación.

La cartera también señaló que la eliminación de los distritos permitirá reactivar la búsqueda de recursos minerales y ampliar el conocimiento geológico del país, incluidos aquellos considerados estratégicos para la transición energética. En ese contexto, la administración nacional vincula la continuidad de la actividad minera con la generación de regalías para los municipios productores.

Según los argumentos oficiales, una mayor actividad minera legal puede contribuir a incrementar los recursos destinados a inversiones regionales en sectores como salud, educación, vías y suministro de agua. Sin embargo, la información suministrada no incluye proyecciones económicas, montos de inversión ni estimaciones sobre el posible aumento de las regalías como consecuencia directa de la medida.

El Gobierno también propone una estrategia de diversificación económica que articule la minería con actividades como la agricultura, el turismo, el comercio y la industria. Bajo ese planteamiento, el objetivo es ampliar las actividades productivas de las regiones sin establecer la sustitución de la minería como condición para desarrollar otras fuentes de empleo e ingresos.

La resolución contempla, además, que la derogatoria no afecta los derechos adquiridos, los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales ni los acuerdos válidamente celebrados. En particular, el ministerio reconoció la existencia de procesos de participación y consulta previa adelantados en el Bajo Cauca antioqueño y en el Norte del Cauca. La entidad precisó que los compromisos derivados de esos procesos, cuando cuentan con fundamento jurídico propio, se mantienen vigentes.

El mismo sábado 24 de octubre, en otra decisión relacionada con las delimitaciones territoriales y las actividades productivas, el Ministerio de Agricultura anunció la derogación de 102.801 hectáreas declaradas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios del Suroeste antioqueño. El anuncio fue realizado desde Fredonia por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, según una publicación de la entidad en la red social X.

Los municipios incluidos en la medida son Concordia, Fredonia, Venecia, Jericó, Salgar, Tarso, Caramanta, Santa Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Montebello, Jardín, Hispania, Támesis, Pueblorrico, Betania, Betulia, Andes y Ciudad Bolívar. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la decisión devuelve autonomía territorial sobre estas áreas y se adoptó siguiendo las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella.

Aunque esta medida corresponde a una figura diferente de los Distritos Mineros Especiales, ambas decisiones modifican delimitaciones territoriales relacionadas con las actividades productivas y afectan a miles de comunidades. Mientras la derogatoria de los distritos mineros se refiere a zonas vinculadas con la actividad extractiva, la decisión sobre las APPA comprende terrenos delimitados para la protección de la producción de alimentos.