María Clara Posada rechazó el pedido de la Defensoría para rectificar la información reservada de “Timochenko” y mantendrá sus críticas a la JEP

La senadora colombiana María Clara Posada Caicedo respondió a la Defensoría del Pueblo que no rectificará sus publicaciones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y defendió su derecho a cuestionar las actuaciones de ese tribunal, tras el pedido de la entidad por los videos difundidos sobre la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

En una carta fechada el 24 de octubre de 2026 y dirigida a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y a la defensora encargada, Paula Cristina Aponte Urdaneta, Posada rechazó la solicitud de rectificación. La congresista sostuvo que sus opiniones están amparadas por los artículos 20, 114 y 133 de la Constitución, así como por la Ley 5 de 1992.

“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, afirmó la senadora en el documento.

Posada defendió sus cuestionamientos por un video de Timochenko

La parlamentaria se refirió a imágenes difundidas de una diligencia judicial en la que aparece Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, exintegrante del Secretariado de las antiguas Farc-EP. Posada afirmó que considera inapropiado el trato hacia una persona que formó parte de la dirección de una organización responsable de secuestros y otros delitos.

También cuestionó lo que describió como diferencias entre las audiencias de exintegrantes de las extintas Farc y miembros de la fuerza pública. Según expuso, algunos comparecientes de la exguerrilla participaron en diligencias reservadas, mientras que militares afrontaron audiencias públicas transmitidas en vivo y con intervenciones de asistentes.

La senadora pidió explicaciones sobre las reglas aplicadas y las garantías para víctimas y comparecientes. “La independencia judicial merece respeto. La independencia del Congreso, también”, señaló al cierre de su carta.

La Defensoría pidió rectificar publicaciones sobre la magistrada Julieta Lemaitre

La respuesta de Posada se produjo después de que la Defensoría del Pueblo rechazara una campaña de desprestigio y desinformación contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El organismo incluyó en ese llamado a las publicaciones de Posada y del senador Germán Rodríguez. Según la entidad, ambos divulgaron fragmentos aislados de diligencias judiciales y plantearon insinuaciones sobre una supuesta relación entre Lemaitre y antiguos miembros de las Farc.

La Defensoría consideró que esas publicaciones presentaron información falsa como cierta y recurrieron a estereotipos sexistas. Además, advirtió que los ataques personales contra la magistrada pueden afectar su integridad, la autonomía judicial y la confianza pública en las instituciones.

El comunicado recordó que el despacho de Lemaitre emitió nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. También indicó que sus investigaciones aportaron a las condenas contra antiguos integrantes del Secretariado por secuestros y otros hechos.

La carta incluyó críticas a la JEP, la Defensoría y la entrega de bienes

En su respuesta, Posada cuestionó la actuación de la Defensoría frente a la JEP y pidió información sobre el seguimiento a los bienes que las Farc-EP se comprometieron a entregar para la reparación de las víctimas.

La senadora sostuvo que, de acuerdo con las cifras que mencionó, estaría pendiente la entrega del 81,8% de los inmuebles y del 96,5% de los bienes muebles comprometidos. También pidió explicaciones sobre contrataciones de la JEP efectuadas por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

Posada afirmó que, según la información que ha denunciado, por esa vía se habrían ejecutado $201.467 millones. La parlamentaria cuestionó la publicidad de esos contratos, los mecanismos de control de recursos y las restricciones legales aplicables.

La congresista también aludió a la anterior vinculación profesional de Iris Marín con la JEP. Aclaró que ese antecedente no prueba por sí solo una falta de imparcialidad, aunque sostuvo que exige transparencia sobre los criterios institucionales empleados por la Defensoría.

La Defensoría defendió la crítica institucional sin ataques personales

En su comunicado, la Defensoría reconoció que las decisiones y el funcionamiento de la JEP pueden ser objeto de control político, reformas y críticas. No obstante, pidió que ese debate se base en información completa, verificable y libre de expresiones discriminatorias.

La entidad propuso discutir asuntos relacionados con la duración de los procesos, las sanciones restaurativas y la reparación a las víctimas, incluidas las indemnizaciones y el cumplimiento de planes colectivos.

La Defensoría solicitó a los congresistas que rectifiquen las afirmaciones cuestionadas y convocó al Congreso, al Gobierno, a la JEP, a las víctimas y a la sociedad a sostener una discusión técnica y respetuosa sobre la justicia transicional.