Congresista del Pacto Histórico denunció que secretaria general de la Cancillería Gina González Grau “se certificó a sí misma” experiencia laboral

Una nueva denuncia que salpicaría a funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella se conoció por cuenta del representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy, del Pacto Histórico, y que señaló a una integrante de la Cancillería, bajo el liderazgo de Omar Bula Escobar.

En este caso, la señalada por el congresista fue Gina González Grau, secretaria general de esta dependencia, y por medio de un video que compartió desde su perfil en X pasado el mediodía del viernes 23 de octubre de 2026, detalló la maniobra que habría ejecutado para certificar parte de su experiencial laboral, y que puso en entredicho el legislador, que recordó la polémica con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) Carolina Restrepo Cañavera.

“No les bastó con los certificados chimbos que habría presentado la directora del Icbf y el escándalo del canciller Omar Bula, publicado por Casa Macondo, sino que ahora tenemos este nuevo escándalo”, inicia Monroy su declaración.

El representante a la Cámara acusó que González Grau “se habría certificado cinco años de experiencia a través de su propia empresa, cuando ella debió haberlo hecho a través de un notario”.

Monroy añadió que “la gravedad” del caso “sigue aumentando cuando evidenciamos que la empresa que la terminó certificando, insisto, de su propiedad, existió solamente tres años”, continúa el congresista.

De acuerdo con lo que expuso el legislador, y luego de hacer cuentas, cuestionó: “¿De dónde sacó los otros dos años de experiencia, señora Gina? Le preguntamos".

El representante aclaró en su misma intervención que también se le está “solicitando explicaciones claras y concretas a la Cancillería y por supuesto también a su jefe, Omar Bula”.

Al final, y en medio de su indignación, Monroy expresó que “no puede ser que sigan aparentando unos estudios, aparentando una experiencia que no tienen para ocupar altos cargos en el Gobierno nacional”.

El congresista agregió que desde su colectividad ya se ha “recolectado mucha información sobre esta irregularidad y este acto que sería delictivo por parte de la señora Gina González Grau”.

No obstante, concluyó Monroy, “si la Cancillería no nos da las respuestas oficiales y concretas, acudiremos a las instancias judiciales para denunciar este acto que cometió la Secretaría General”.

Directora del Icbf Carolina Restrepo respondió a señalamientos en su contra por

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, afirmó que no dejará el cargo ni suspenderá la revisión interna que adelanta en la entidad, luego de que el senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana, ambos de Alianza Verde, anunciaran denuncias por presuntas inconsistencias en los documentos que acreditaron su experiencia profesional.

En un mensaje publicado el viernes 23 de octubre vía X, Restrepo dijo que se referirá a los señalamientos en su contra, y “de eso se encargarán mis abogados particulares”, escribió.

La funcionaria defendió a Érika Jiménez, firmante de una de las certificaciones laborales cuestionadas y posteriormente vinculada al Icbf mediante un contrato de prestación de servicios.

Restrepo sostuvo que las críticas contra Jiménez son una “manipulación de los hechos”.

Según la directora, la contratación inicial de Jiménez fue necesaria porque la planta de personal que recibió no permitía su nombramiento inmediato. Añadió que, cuando fue posible formalizar su vinculación, el contrato terminó y Jiménez pasó a ser funcionaria de planta.

“No voy a abandonar a mi gente, no voy a renunciar a mi responsabilidad y no voy a detener la renovación del Icbf”, expresó Restrepo.

Sánchez y Triana anunciaron acciones ante Procuraduría y Fiscalía

Los dirigentes de Alianza Verde cuestionaron una certificación laboral presentada para respaldar la experiencia de Restrepo antes de su nombramiento. Según ellos, el documento señala que la funcionaria trabajó desde 2002 en Restrepo Cañavera S.A.S., sociedad asociada con sus apellidos.

Sánchez aseguró que la certificación fue firmada por Jiménez, a quien identificó como auxiliar administrativa de la firma, y Triana señaló que la sociedad habría sido constituida en 2004 y que Restrepo aparecería vinculada formalmente desde 2006, fechas que, según su interpretación, no coincidirían con el período de experiencia certificado.

Los dos políticos también cuestionaron que Jiménez recibiera un contrato de prestación de servicios en el Icbf por cerca de tres meses y por al menos $25 millones, bajo supervisión de la directora.

Las presuntas inconsistencias deberán ser analizadas por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, instancias ante las cuales Sánchez y Triana anunciaron que llevarán la documentación.

Restrepo afirmó que la entidad adelanta una revisión interna y que encontró situaciones graves, aunque no especificó cuáles. “Sé a qué y a quiénes nos estamos enfrentando”, concluyó.