Jota Pe Hernández salió en defensa de directora del Icbf tras denuncias de Duvalier Sánchez por presunta falsedad en documento: "Qué orgullo"

Fiel a su estilo, con un mensaje en el que lanzó algunas pullas a sus contradictores, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, salió en respaldo de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, que ha sido blanco de denuncias por su trayectoria profesional.

En su perfil de X, Hernández hizo público su respaldo a Restrepo, pese a que su compañero de colectividad en la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, interpuso junto al concejal de Bogotá Julián Triana acciones ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General, con el fin de que se investiguen posibles conductas punibles.

“Qué orgullo que el Instituto de Bienestar Familiar tenga una mujer preparada y valiente que defiende a nuestros niños sin ningún temor, sin ningún miedo”, escribió el senador. “Todo mi apoyo para usted Dra. María Carolina. La familia y la niñez de Colombia la defenderemos de los cochinos perversos”, agregó en su post.

¿Cuáles son las denuncias contra Carolina Restrepo Cañavera?

Y es que las acusaciones contra la directora del Icbf se relacionan con los documentos con los que acreditó su experiencia laboral, relacionados con su firma, Restrepo Cañavera SAS. La funcionaria evitó responder de forma directa a los cuestionamientos y afirmó que sus abogados se ocuparán del caso y defendió a integrantes de su equipo.

Y dijo que las acusaciones contra Érika Jiménez, mujer que aparece como firmante de una certificación laboral cuestionada, constituyen “una mezquindad y una manipulación de los hechos”. Y explicó que la extrabajadora fue contratada por prestación de servicios porque la situación de la planta de personal impedía su nombramiento inmediato.

La directora afirmó que el instituto adelanta una revisión interna y que los resultados ya identificados son graves. “Los hallazgos son graves, están documentados y ponen de manifiesto la magnitud de los problemas que tenemos la responsabilidad de enfrentar”, destacó en su respuesta al referirse a este caso que llamó la atención.

Denuncia cuestionó una certificación sobre experiencia desde 2002 y otros documentos

Tanto Sánchez como Triana anunciaron que llevarán a los organismos de control los documentos relacionados con la experiencia profesional que Restrepo presentó para acceder a la dirección del Icbf. En su exposición, ambos cuestionaron una certificación de la mencionada firma de abogados, debido a lo que serían inconsistencias de fechas.

Sánchez afirmó que el documento fue expedido por Jiménez, a la que identificó como auxiliar administrativa del bufete de Restrepo Cañavera. “Se certificó a sí misma en su propia firma de abogados”, señaló Sánchez que, acto seguido, señaló que según la escritura pública de constitución de la sociedad la empresa fue creada en 2004.

Lo cual dista de la certificación radicada por la funcionaria, que indicó que el inicio de la experiencia en esta despachó comenzó en 2002. De hecho, en su denuncia, Sánchez y Triana advirtieron que Carolina Restrepo Cañavera solo apareció vinculada a la firma desde 2006; es decir, cuatro años después del reportado ante el instituto.

El cabildante afirmó que la diferencia entre las fechas debía ser examinada por las autoridades. “Sin certificación, no había acreditación. Sin acreditación, no había nombramiento posible”, señaló Triana sobre la relevancia del documento para respaldar la postulación de Restrepo, que llegó por escogencia del presidente Abelardo de la Espriella.

Sánchez citó el artículo 289 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 al advertir sobre las consecuencias de aportar información falsa u ocultar datos en una hoja de vida para ejercer funciones públicas. “Esto amerita cuando menos una respuesta”, dijo el senador al exigir una explicación de la directora sobre la certificación.

El contrato de Érika Jiménez también puso bajo la lupa a la directora del Icbf

La secuencia laboral de Jiménez fue otro de los puntos señalados por Sánchez y Triana en el video. El concejal afirmó que ella dejó de trabajar para Restrepo Cañavera SAS en 2023 y pasó a estar vinculada a Optimize It, de donde habría renunciado cuatro días después de expedir la certificación cuestionada, y para ser nombrada en el Icbf.

En efecto, según los denunciantes, posteriormente Jiménez recibió un contrato de prestación de servicios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tres meses y por al menos $25 millones. “Yo la certifico y usted me contrata su funcionaria”, dijo Sánchez, que cuestionó que Restrepo fuera la supervisora de ese vínculo contractual.

En referencia a este apartado, Restrepo respondió que Jiménez llegó al instituto como una persona de su “absoluta confianza” para acompañarla en la gestión. La directora aseguró que, cuando fue posible formalizar el nombramiento, terminó el contrato de prestación de servicios y Jiménez pasó a ser funcionaria de planta del Icbf.

La directora también rechazó que la situación de su colaboradora fuera usada en la disputa política. “La dignidad de una mujer trabajadora no es moneda de cambio en ninguna confrontación política”, afirmó Restrepo, que sostuvo que no abandonará el cargo ni frenará los cambios que impulsa en la entidad pese a las denuncias ya relacionadas.