
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció en la mañana del viernes 23 de octubre la designación de Viviane Morales, exministra de Educación y exfiscal General de la Nación, como alta consejera comisionada de Paz, con la tarea de revisar la implementación de los acuerdos y dirigir de forma encargada la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
En el comunicado en el que se confirmó su designación, se señaló que Morales, que ya había hecho parte del gabinete del jefe de Estado, tendrá la misión de evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos, examinar el uso de recursos públicos e identificar obstáculos institucionales relacionados con la justicia, la reparación de las víctimas y la seguridad.
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La comunicación oficial planteó una revisión de las políticas vinculadas a los procesos de paz adelantados por el Gobierno de Gustavo Petro y fijó como objetivo el desmonte de estructuras que, de acuerdo con el primer mandatario, se hubieran apartado de sus propósitos originales. Lo anterior hace parte de las determinaciones que han dejado sin efecto las mesas de negociación.

Viviane Morales fue encargada de desmontar la Paz Total de Gustavo Petro
Entre sus funciones, Morales liderará “una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos”. También le asigna la función de verificar la destinación de los recursos públicos y de evaluar el cumplimiento de los compromisos pactados por el Estado frente a los miembros de estos grupos armados ilegales que hayan mostrado la voluntad de reincorporarse a la vida civil.
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En su pronunciamiento, el Ejecutivo reiteró que la medida apunta, en síntesis, a “examinar los resultados de la denominada falsa paz”, además de desmontar “estructuras burocráticas innecesarias” promovidas en el pasado periodo. El comunicado añadió que se busca terminar con “la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”.
En ese sentido, la nueva consejera tendrá como deber impulsar la revisión de las políticas vigentes y de las reformas que el Ejecutivo considere necesarias, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

Paz sí, pero “con seguridad, justicia y reparación”
En la misiva del Gobierno, se reiteró la necesidad de que la política de paz garantice respuestas para las víctimas y condiciones de seguridad para la población. “La paz no puede limitarse a discursos ni a concesiones que favorezcan a los criminales mientras las víctimas siguen esperando justicia y los colombianos exigen seguridad”, se indicó en el documento.
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La declaración concluyó que “la falsa paz no será una política permanente de Estado” y, en consecuencia, definió como condiciones de una “verdadera paz” la justicia, la autoridad institucional, el cumplimiento de la ley, la seguridad y la reparación efectiva a las víctimas, funciones que tendrá que cumplir Morales como jefa de la unidad de implementación.
La designación de Morales se conoció pese a que De la Espriella, tras asumir la presidencia, prometió eliminar la figura del alto comisionado para la Paz, al sostener que su gobierno no iba a permitir más “procesos de falsa paz”. Por ello, había indicado que las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo pasarían al nuevo comisionado nacional de Seguridad.
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Esta reestructuración buscaba concentrar la política estatal en el fortalecimiento de la fuerza pública, el ordenamiento territorial y la revisión de los mecanismos de impunidad judicial. En ese orden de ideas, está por definirse por parte del Gobierno cuál será el periodo de duración del cargo que ocupará la exfiscal, cercana al presidente Abelardo de la Espriella.
Morales renunció al Ministerio de Educación el 2 de septiembre de 2026, tras permanecer tres semanas en el cargo. La exfuncionaria atribuyó su salida a una situación de salud inesperada vinculada con su hija, tras recibie el diagnóstico de un meningioma cerebral que le provocó parálisis del sexto par craneal y visión doble, en una zona donde no era posible operar.
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