
Fabio Arias, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, planteó que la propuesta inicial de los sindicatos para el salario mínimo de Colombia en 2027 sea un aumento de 38,5%, una cifra todavía sujeta a revisión interna que elevaría el ingreso básico mensual desde $1.750.905 a cerca de $2,42 millones, sin auxilio de transporte.
El ajuste podría ampliar el déficit fiscal en $11 billones, equivalentes a 0,55 puntos porcentuales del producto interno bruto, de acuerdo con Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, citado por Portafolio. Bajo esa hipótesis, el indicador subiría desde la proyección de 9,4% del PIB para 2027 hasta un nivel cercano al 10%.
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El aumento implicaría un alza mensual de aproximadamente $674.098 por trabajador. La cifra abrió un debate entre los sindicatos, los empresarios y los analistas económicos sobre su efecto en el poder adquisitivo, los precios, el empleo formal, las cuentas públicas y la capacidad de las compañías para absorber mayores costos laborales.
Arias sostuvo que el planteamiento busca reducir la distancia entre el salario actual y lo que los trabajadores consideran un salario mínimo vital. El dirigente señaló que un estudio presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identificó inicialmente una brecha de 48 puntos porcentuales.

El líder sindical afirmó que, tras el incremento aplicado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el aumento real habría sido de 18% sin considerar la inflación. Con una inflación estimada en torno al 6,5% al cierre del año, la CUT considera que el 38,5% puede servir como punto de partida para la negociación.
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Un déficit próximo al 10% del PIB

El mayor gasto estatal en pensiones y personal, junto con una eventual reducción del recaudo del impuesto sobre la renta, explicaría el deterioro fiscal previsto por Amorocho. El académico afirmó: “Implicaría solo por su efecto en las finanzas públicas aumentar el déficit fiscal aproximadamente en 0,55% del PIB, aproximadamente unos $11 billones”, le dijo al medio citado.
El profesor de la Universidad del Rosario advirtió que la presión sobre las finanzas públicas se sumaría a un escenario en el que el déficit proyectado ya alcanza 9,4% del PIB. También vinculó un incremento de esa magnitud con riesgos para la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico.
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La inflación se acerca al 7%, según David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, quien considera que una propuesta de este tamaño añadiría presión a los precios. “Una propuesta en ese sentido claramente tendería a mostrar más presiones inflacionarias”, afirmó al mismo diario.
Cubides explicó que la indexación de precios y remuneraciones a la inflación o a los salarios de años anteriores puede prolongar el aumento del costo de vida. Esa persistencia reduciría el margen del Banco de la República para moderar las tasas de interés y podría afectar las decisiones de consumo, inversión y financiación.
Así mismo, Amorocho atribuyó parte de las presiones inflacionarias de 2026 al aumento del salario mínimo cercano al 23%. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, también consideró que el ajuste de 2027 tendría efectos negativos si repite o profundiza esas presiones en una economía que todavía no logra moderar el crecimiento de los precios.
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Los costos laborales y el riesgo para el empleo formal

Las micro y pequeñas empresas figuran entre los sectores que enfrentarían mayores dificultades, según Mejía. El directivo afirmó que muchas compañías no podrían asumir un aumento de 38,5% en sus costos laborales y podrían reducir contrataciones formales, recurrir a la informalidad o cerrar, en especial en actividades con regulaciones más estrictas.
“Muchas micro y pequeñas empresas no tendrían cómo asumir ese costo y recurrirían a la contratación informal”, advirtió Mejía a Portafolio. El impacto podría concentrarse en trabajadores de menor calificación, cuya productividad no siempre compensa el costo de vinculación para los empleadores.
Entre tanto, Corficolombiana sostuvo que el salario mínimo acumuló un aumento real de 29,9% en los últimos cinco años. La firma señaló que, en 2026, la remuneración mínima se ubica en el nivel del salario mediano del país, por lo que las decisiones sobre su ajuste tienen una incidencia amplia en la estructura salarial.
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La entidad proyectó una inflación de 6,8% al cierre de 2026 y un crecimiento de 1,2% en la productividad total de los factores. Con esos parámetros, estimó que un incremento técnicamente deseable sería de 8%, una referencia que, a su juicio, ayudaría a preservar el poder adquisitivo sin aumentar presiones sobre los precios, el empleo formal y las finanzas públicas.
Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty SAS, coincidió en que el mayor impacto recaería sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. La empresaria señaló que la nómina no se limita al salario básico, pues los empleadores deben cubrir aportes patronales a salud y pensión, parafiscales cuando correspondan, cesantías, primas y otras prestaciones sociales.
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Rodríguez afirmó que algunas compañías podrían trasladar una parte de esos costos a los precios de bienes y servicios. También contempló que empresas con márgenes reducidos posterguen contrataciones, reduzcan gastos, reorganicen operaciones o evalúen recortes de personal.
“Desconocer la fórmula técnica que ronda una inflación de cierre cercana al 7% más un punto de productividad para perseguir una utopía del 38,5%, es jugar a la ruleta rusa con el futuro del país”, afirmó la CEO de Lexacty SAS a Valora Analitik. La ejecutiva propuso un aumento situado entre 8% y 10%.
La empresaria aclaró que un incremento salarial no se traduce de forma automática en una subida equivalente de la inflación. El resultado depende de la capacidad de las empresas para absorber los costos, la demanda de los consumidores, la competencia, la productividad y las decisiones de política monetaria.
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Los escenarios moderados y la negociación de diciembre

Por su parte Crowe Colombia simuló incrementos de 6,29%, 8% y 10%, sin que esos cálculos representen propuestas oficiales ni anticipen la decisión final. Bajo esos escenarios, el salario básico llegaría a $1.861.037, $1.890.977 y $1.925.996 mensuales, respectivamente, sin incluir el auxilio de transporte.
Pedro Sarmiento Pérez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, destacó que el impacto empresarial dependerá de la actividad de cada compañía. “La misma decisión puede ser manejable para una oficina y mucho más exigente para un negocio que abre todos los domingos. Negociar exige conocer esa diferencia”, explicó según citó Valora Analitik.
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El costo laboral tendrá otro componente desde el 1 de julio de 2027: el recargo por trabajar durante el día de descanso obligatorio pasará del 90% al 100% de la hora ordinaria, de acuerdo con la aplicación gradual prevista por la Ley 2466 de 2025. El domingo se presume como día de descanso obligatorio, salvo que exista un acuerdo escrito para cambiarlo.
Crowe calculó que un trabajador que recibe el mínimo y cumple una jornada de 42 horas semanales recibe actualmente $7.504 adicionales por cada hora con recargo. Si el salario básico aumentara 8%, ese pago subiría a $9.005 desde julio de 2027.
Sarmiento sostuvo que el desafío consiste en mejorar la productividad de las pequeñas empresas. “La salida pasa por ayudar a las pequeñas empresas a producir más por hora. Sin crédito accesible y mejor organización, la discusión termina repartiendo una presión que nadie sabe cómo absorber”, afirmó.
La propuesta sindical deberá ser revisada por el Comando Nacional Unitario antes de la discusión formal con el Gobierno y los representantes empresariales. La negociación se realizará en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde las partes deberán procurar un acuerdo antes del 15 de diciembre.
Si no hay consenso, los participantes deberán justificar sus posiciones y el Gobierno tendrá plazo hasta el 30 de diciembre para definir el incremento mediante decreto. El nuevo salario mínimo regirá desde el 1 de enero de 2027.
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